La Subdelegación del Gobierno en Cádiz no permite la manifestación alternativa convocada por SAT y CTA para recordar, este festivo viernes 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Debido al confinamiento generalizado por el estado de alarma ante la crisis sanitaria del coronavirus, se había previsto una caravana de coches, limitada, por barrios obreros de la capital gaditana.
Los convocantes, la Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), denuncian por un lado el “doble rasero” del Gobierno central “a la hora de establecer qué actividades ponen en riesgo la salud de las personas y cuáles no”; y “la deriva autoritaria, recentralizadora y militarista” que este estado de alarma y su gestión “está provocando”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el SAT y la CTA relatan que a principios de la semana pasada se comunicó a la Subdelegación la intención de organizar esta manifestación del Primero de Mayo. Debido a la situación excepcional por la pandemia, “la manifestación se realizaría en no más de 50 vehículos privados, donde habrá sólo una persona por vehículo, manteniendo siempre la distancia de seguridad entre ellos y tomando todas las medidas de seguridad y salud necesarias, cumpliendo con las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades pertinentes”, se concretó.
No obstante, la Subdelegación del Gobierno, en respuesta del día 22 de abril, “amparándose en informes de la Abogacía del Estado y de la Policía Nacional y Local de Cádiz”, ha prohibido dicha manifestación “por el riesgo que podría suponer para la salud pública, al poder contagiarse terceras personas”.
Los sindicatos convocantes dicen tener constancia de resoluciones similares emitidas ante convocatorias de manifestación rodada o a pie en otros puntos de Andalucía (Sanlúcar o Sevilla) y del país, “lo cual nos parece una inaceptable violación del derecho fundamental de reunión y manifestación”. En este sentido, se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denunciando la resolución de Subdelegación del Gobierno de Cádiz y solicitando que se permita realizar esa protesta del 1 de mayo.
“SORPRENDE QUE ESTA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES PROVENGA DE UN GOBIERNO DE IZQUIERDAS”
Desde el SAT y CTA se lamenta el “doble rasero” del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a la hora de establecer qué actividades ponen en riesgo la salud de las personas y cuáles no. “Por un lado, desde el comienzo del estado de alarma hemos asistido a situaciones dramáticas de miles de trabajadores en centros y empresas sin las medidas de prevención adecuadas, cuando no faltando totalmente, y trabajando sin respetar la distancia de seguridad, o teniéndose que desplazar hasta sus centros de trabajo sin la más mínimas condiciones sanitarias de seguridad, y ante lo que la Inspección de Trabajo no siempre ha actuado con la contundencia que se esperaría”, se señala.
En el mismo sentido, tras la Semana Santa, desde el día 13 de abril, el Gobierno “ante las presiones de la patronal y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), obligaba a volver a la actividad laboral en miles de centros de trabajo de todo el estado de actividades no esenciales, sin las medidas de prevención adecuadas en muchos de ellos y, por lo tanto, poniendo en serio riesgo a la clase trabajadora, prevaleciendo y priorizando al capital antes que a las vidas de trabajadoras y trabajadores”.
“Pretender ejercer un derecho fundamental con todas las medidas de prevención posibles, es considerado por el Gobierno una actividad que debe ser prohibida por riesgo de contagio. No es menos sorprendente –se reflexiona- que esta vulneración de derechos fundamentales provenga de un gobierno denominado de izquierdas y que dice no querer ‘dejar a nadie atrás’, mientras prohíbe manifestaciones en un día tan señalado y de tanta importancia en momentos de verdadero drama social, como es el Día Internacional de la Clase Obrera”.
En este marzo, se denuncia lo que se llama “deriva autoritaria, recentralizadora y militarista” que el estado de alarma por el coronavirus y la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez “está provocando”, en “un verdadero acto de disciplinamiento de la clase trabajadora y los pueblos del Estado, testando formas represivas y de control social, ante una inminente crisis económica y social de gran magnitud que provocará, si no lo evitamos, una vuelta de tuerca más en los recortes de derechos y sujeción a los dictados de las grandes empresas y bancos”.
“Deriva autoritaria que no sólo hemos podido ver por la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con agresiones y miles de multas y detenciones, sino con resoluciones como la que aquí denunciamos”, sentencian estos sindicatos que reclaman “un Primero de Mayo combativo y no confinado”.
