El pasado viernes 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo. Y en el caso de la capital, mientras el Ayuntamiento se sumaba a la efeméride ofertando visitas guiadas (por la propia ciudad “sin barreras arquitectónicas”, o al edificio consistorial), viajes gratis en el bus turístico y una ruta guiada en bicicleta por el Parque Natural Bahía de Cádiz, para “promover el modelo de turismo que queremos, que gira en torno a la accesibilidad y la sostenibilidad”; la plataforma Cádiz Resiste llevaba a cabo distintas acciones para seguir concienciando “de los efectos negativos de la nociva dinámica de turistificación que sufre la ciudad”.
Dicha plataforma ciudadana celebraba por la tarde en la plaza de San Juan de Dios una nueva asamblea abierta, y durante la jornada repartía folletos informativos sobre la creciente presión turística que vive la capital gaditana, y colocaba algunos carteles y reposteros “con la misma idea de reivindicar que se frene la expulsión de vecinos de sus casas, y que no sigan proliferando alojamientos turísticos que impiden la utilización de esos inmuebles con carácter residencial para que puedan ser hogares de gaditanos en su ciudad”.
Y es que este colectivo (que no está en contra del turismo, sino del modelo turístico depredador) insiste en poner sobre la mesa con sus acciones “la necesidad de que se impulse un modelo de ciudad que no expulse a las vecinas y vecinos de sus casas y de su ciudad en nombre del turismo”, se subraya en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“EL TURISMO ESTÁ EXPULSANDO A LA GENTE DE CÁDIZ”
Cádiz Resiste da así un nuevo paso con acciones concretas “por la lucha por la identidad de la ciudad, de sus barrios, por el derecho a la vivienda residencial en Cádiz frente a la saturación de pisos turísticos (que dispara el precio de los alquileres y de la venta) y por un modelo basado en el comercio local frente a las grandes franquicias pensadas para el público turista que igualmente eleva los precios de los locales comerciales para emprendedores de la ciudad”.
La ciudad de Cádiz cuenta en la actualidad con casi 2.500 viviendas turísticas registradas que aglutinan más de 11.000 plazas, a lo que hay que sumar 48 hoteles con una capacidad de casi 3.800 plazas y 46 bloques de apartamentos turísticos con capacidad para unos 1.500 turistas. Así, cada día, y sólo en datos oficiales, pueden pernoctar más de 15.000 turistas en la capital.
A ello hay que unir los más de 600.000 cruceristas que se pasean por sus calles al año “y que convierten a la ciudad en el municipio español que más cruceros recibe por habitante”; y todos aquellos que se alojan en viviendas que no están incorporadas en los registros oficiales, “que son ilegales y que aumentan también la saturación turística en la ciudad”. “Y todo, además, contando con que existe una especial concentración de la saturación turística en el casco histórico, provocando una situación que es ya insostenible”, se sostiene.
Con este contexto, los precios de la vivienda residencial se han disparado debido a esta realidad turística, que de facto está expulsando a la gente de la ciudad y está imposibilitando la vida residencial en ella desde la adquisición de la vivienda o un alquiler por años. “De hecho, Cádiz es por ejemplo la capital de provincia española con mayor porcentaje de alquiler por temporada”, repasa la plataforma.
“SON INNEGABLES LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE ESTA EXPLOTACIÓN TURÍSTICA”
“Consideramos muy nocivo el modelo de especulación que se está dando en Cádiz, que está expulsando a cada vez más gente que reside en la ciudad al convertir un derecho como la vivienda en un bien de mercado y que encuentra en la explotación turística su principal eje”, se sentencia.
En este punto, este colectivo integrado por vecinos llama a las administraciones públicas a actuar “con celeridad, decisión y valentía” ya que “son innegables” los impactos negativos de la actividad turística “en el acceso a la vivienda, en la progresiva precarización laboral, en la contaminación ambiental y la destrucción de ecosistemas, en la desaparición de comercio necesario para la vida cotidiana (el último ejemplo, el anuncio de próximo cierre obligado de la histórica confitería El Pópulo), en la sobrecarga de servicios públicos y en la masificación del espacio y el transporte públicos, entre otros asuntos”. Todo ello “merece una respuesta conjunta por parte de la ciudadanía y de las administraciones”.
Entre las reivindicaciones de la plataforma se encuentran la activación de una moratoria que frene la concesión de nuevas licencias para viviendas turísticas y hoteles durante el próximo año, la puesta en marcha de una tasa turística “al objeto de financiar actuaciones pensadas para la gente que vive en la ciudad”, un incremento de la tasa de recogida de residuos y del IBI para las viviendas con fines turísticos y hoteles, así como “una persecución real” de las viviendas con fines turísticos ilegales que existen. Al respecto, en los últimos tiempos el Gobierno local del PP presume de haber tramitado ya una docena de multas en inspecciones contra estos pisos irregulares.
