“No podemos normalizar la situación actual de la salud mental en Andalucía. Si hay conciencia política hay que aumentar los recursos y modificar el sistema actual de ‘sólo pastillas’ para los afectados”. Bajo estos principios se ha presentado en Cádiz la plataforma ciudadana La Salud Mental es un Derecho.
La sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en la capital gaditana acogía la puesta de largo de esta plataforma “abierta a entidades y asociaciones profesionales, a usuarios, a familiares y a personas a título individual”, dejando claro que “la falta de asistencia sanitaria y sociosanitaria de los trastornos mentales y de los trastornos mentales graves (que no tienen el seguimiento adecuado que su situación exige) genera un sufrimiento insoportable en las personas afectadas y en sus entornos familiares y sociales. Esto supone una vergüenza para una sociedad desarrollada humanitariamente”.
Al respecto, desde la Marea Blanca Gaditana exponían que las esperas para ser atendido en Andalucía por un psiquiatra, en la sanidad pública, “es de 40 días de media y para la siguiente revisión, de entre cuatro y seis meses”. Ante esta situación, quien se lo puede permitir, no duda en pagar y buscar ayuda en el negocio de la sanidad privada. En la pública existen, siguiendo datos de 2022, alrededor de 4,7 psicólogos clínicos por cada 100.000 andaluces.
Según la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz, esta plataforma nace con la pretensión de empujar para que la salud mental “salte de los programas políticos a las administraciones”. Y que estas administraciones “empiecen a tomar medidas urgentes que resuelvan este sufrimiento. No podemos permitirlo”.
“La incidencia de casos aumenta de forma exponencial, no necesariamente los trastornos mentales graves, también la precariedad vital y su impacto en los colectivos más vulnerables está haciendo estragos”, consideran desde la flamante plataforma ciudadana; entidad para la que la situación de la atención sanitaria en salud mental “es alarmante”; la falta de profesionales “la hace insostenible”; reivindica un modelo de atención “que contemple otras opciones terapéuticas multiprofesionales”; y la necesidad de “un importante aumento de recursos sociocomunitarios que permitan la recuperación e integración social”.
Como puntos más concretos, se reclama la presencia de psicólogos clínicos en los centros de Atención Primaria de forma generalizada “para que se pueda realizar el filtro adecuado y así dar prioridad a los casos más graves”. Y de forma urgente, se pide una unidad de Salud Mental del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, “así como una atención específica y en condiciones dignas a la población infanto-juvenil”. Además de una “revisión inmediata” de los protocolos de traslado e ingreso de pacientes graves en las unidades de salud mental; y la continuidad de los profesionales en el tratamiento de las personas con algún tipo de problema mental: “si la confianza sanitario-paciente es esencial en la evolución de cualquier enfermedad, lo es más en el caso de estas patologías”.
“UNA ADMINISTRACIÓN SANITARIA POCO EFICAZ HA CENTRADO LA RESPUESTA EN LA MEDICACIÓN”
En la presentación de La Salud Mental es un Derecho se ponía el foco en una evidencia: la mayor incidencia que tienen los trastornos mentales en los colectivos más vulnerables, “sin posibilidades económicas para acudir a la medicina privada”; y de cómo la precariedad, el modo de vida actual y la falta de recursos “son un importante determinante en la salud mental de la ciudadanía”.
Además, se remarcaba “un secreto a voces”: “cómo una administración sanitaria poco eficaz ha centrado la respuesta en la medicación, sin explorar otras alternativas terapéuticas cuyas evidencias científicas están demostrando hoy en día su eficacia”.
“Estas reivindicaciones no pueden ser exclusivas de un día, la situación es muy dura tanto para los pacientes como para los profesionales, por lo que hemos considerado de interés lanzar esta plataforma”, se apostillaba.
