La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, ha hecho balance de los dos años de funcionamiento del protocolo antidesahucios puesto en marcha por la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda (Omdevi) en el que se han resuelto la mitad de los casos recibidos.
En concreto, de las 283 familias que han acudido a este servicio se ha dado respuesta a la mitad, esto es a 143 casos. Tubío ha destacado el trabajo de coordinación realizado “para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los vecinos de esta ciudad como es la vivienda”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta edil de Ganar Cádiz en Común incide en que este protocolo es una “herramienta muy necesaria y efectiva” para evitar los desahucios, tanto en la fase previa donde se hace la mediación entre las partes o como en la búsqueda de una solución habitacional”. Y recalca la importante labor que se realiza “en el asesoramiento jurídico pero también en el social ya que disponemos de una educadora que es la encargada de coordinar todos los recursos de vivienda”.
Igualmente, la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha coincidido en destacar “la herramienta fundamental” que se ha convertido la Omdevi “en el trabajo diario de las trabajadores sociales aportando calidad y eficacia en su labor”. Entre otros aspectos, subraya que “es fundamental el hecho de poder contar con asesoría legal especializada, algo que antes había que resolver con recursos propios e incluso con imaginación”.
Si durante el primer año de funcionamiento del protocolo se resolvieron 76 casos, lo que se corresponde con un 48,7% de los atendidos, en este segundo año se ha incrementado este dato llegándose a 143 casos resueltos, es decir un 50,9% de los tramitados.
De esta manera se ha abordado tres situaciones principalmente: por arrendamiento (215 casos), préstamos hipotecarios (33) y situaciones en precarios/otros (35 casos). Del total de los 283 casos atendidos están cerrados/resueltos esos 143 casos de los cuales 119 han sido favorablemente. A su vez, de este número, 43 familias han podido seguir en la misma casa mientras que las 76 restantes se han resuelto con otra alternativa habitacional.
En este punto, la edil izquierdista ha destacado la relación directa con Asuntos Sociales, “ya que a la hora de buscar otra alternativa habitacional se ha recurrido a esta delegación para averiguar si le podían corresponder ayudas al pago de alquiler” o a través de Vivienda se ha evaluado su situación para el Registro de Demandante de Vivienda Protegida.
Del resto de los casos cerrados o resueltos, 11 han sido de forma desfavorable y 13 han abandonado la intervención. Y del total de expedientes, 139 están en trámite de resolución continuando la intervención.
En cuanto al total de atendidos en estos dos años, los casos se refieren en un 70% a viviendas del casco histórico, frente al 30% de situaciones en casas de extramuros.
APENAS HAY DERIVACIONES DESDE EL JUZGADO
En comparación al primer año de vida del protocolo, Tubío entiende que se ha mejorado tanto en la atención como en el tratamiento. Y ha avanzado que “en este segundo año se han tramitado 126 solicitudes nuevas de intervención a los que hay que sumar 12 casos reabiertos del año anterior”, esto es una media de 10 casos al mes aunque el reparto a lo largo del año ha sido desigual. En concreto, el grueso de los casos se ha producido entre los meses de marzo y abril (que llegaron hasta 36) mientras que en el mes de agosto se atendieron apenas seis casos.
En cuanto a la procedencia de los casos, la mayoría de las derivaciones proceden de los Servicios Sociales “por lo que se ha vuelto a poner de relieve la coordinación existente entre los dos departamento para dar una respuesta a los vecinos”. Otros se informan de la existencia de la oficina a través de las oficinas de Procasa porque acuden al servicio de asesoramiento al inquilino (Siami) y al Registro Demandante de Vivienda Protegida. Sin embargo, son casos “contados” los que acuden porque han recibido información en el Juzgado en el momento de recibir la demanda judicial.
Por último, tras analizar los datos extraídos por la Omdevi, la concejala de Vivienda ha querido ahondar en uno de los retos principales que tiene la oficina antidesahucios y por ende la delegación que dirige. “Para aquellos casos en los que se llega a una solución alternativa habitacional, estamos encontrando dificultades para encontrar pisos de alquiler, debido por una parte al aumento progresivo de los alquileres estacionales o turísticos, el alto precio de los alquileres en la ciudad y la desconfianza hacia los pagos de alquiler por parte del Ayuntamiento pese a que desde el programa ‘Vivir en Cádiz’ de Procasa se garantiza el pago completo y puntual de las rentas así como se ofrece otras grandes ventajas como el anticipo para pequeñas obras, pago de comunidad o el seguro”. A colación recuerda el teléfono 956808040 ó 956292352 para los propietarios que pudieran estar interesados.
DESDE OCTUBRE DE 2015
Esta Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda, con sede en la empresa municipal Procasa, se creó en octubre de 2015 según acuerdo de la Junta de Gobierno Local en el que se aprobó el protocolo de actuación para la prevención de desahucios y atención a las personas afectadas.
Dicho protocolo establece que, para realizar un abordaje de la problemática de manera integral, se crea dicha Oficina como instrumento de actuación y de coordinación de medidas a implantar para evitar las situaciones de exclusión social derivadas de la pérdida de la vivienda.
El servicio de ayuda y asesoramiento se ubica en las oficinas de Procasa, al cual las personas acceden dirigiéndose directamente a la oficina o derivadas a través de las diferentes delegaciones u organismos (Juzgados, Servicios Sociales, Fundación de la Mujer, Policía Local, etc.).
Desde la Omdevi se presta un servicio de orientación, atención social, asesoramiento jurídico, intermediación con las entidades financieras, propietarios o administradores de fincas y acompañamiento social a los ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad para la defensa de sus intereses.
En esta línea y desde su inicio, se ha llevado a cabo la coordinación con las concejalías de Asuntos Sociales y Vivienda y se han mantenido encuentros con el Decanato de los Jueces, materializándose la firma en noviembre de 2015 del protocolo de colaboración municipal-judicial en materia de desahucios.
