El presidente de Aguas de Cádiz y concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, ha convocado para este miércoles 13 un nuevo consejo de administración de la empresa municipal. Esta reunión se convoca para abordar el informe jurídico interno elaborado sobre el pago de 42.000 euros abonado al llamado Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa dirigido por el profesor Carlos Guillén, entre 2011 y 2015, que curiosamente en esos años también fue director de la tesis del popular Ignacio Romaní, que entonces era presidente de la sociedad.
Hace apenas unos días el PSOE exigía que se agilizara “al máximo” la elaboración de este informe para que se tomen “las medidas oportunas ante las instancias correspondientes”, con el objetivo de llegar al fondo de este asunto; una vez que Sí se puede, Ganar Cádiz en Común y el propio PSOE optaron en el último consejo de administración por suspender la comisión de investigación que se abría al respecto, ante la insistencia del PP de que el propio Romaní, político investigado en los hechos, estuviera en la misma, como juez y parte.
Además, la Universidad de Cádiz ya se ha desvinculado totalmente del supuesto trabajo que esta entidad liderada por Guillén hizo para Aguas de Cádiz durante el pasado mandato, con Teófila Martínez todavía de alcaldesa, ofreciendo sus servicios utilizando en una carta el membrete de la UCA.
Este informe jurídico, del que se hacen eco ya algunos medios locales este viernes, considera que los pagos que se hicieron en su momento a este Observatorio pudieron ser constitutivos de, al menos, cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude y falsificación documental. El departamento jurídico de Aguas de Cádiz insta a poner en conocimiento de la autoridad judicial por la vía contable y por la vía penal.
Los asesores jurídicos de la empresa municipal entienden que en este caso no se encuentran ante una mera ilegalidad administrativa, “sino una posible desviación de poder y falta de competencia de los actos decisorios y ejecutivos que se adoptan, de los que a su vez se deriva un lucro para un tercer constituido por fondos públicos”.
Tras conocer el contenido del informe, que ya ha sido entregado a todos los consejeros y a la vista de las conclusiones, De la Fuente señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “espero que el consejo apruebe poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos relativos al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa y al grupo de investigación referido en las facturas teniendo en cuenta que en el informe jurídico se aprecia indicios de que estos hechos, presuntamente, podrían ser constitutivos de delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público, a la par que hace referencia a falsificación documental tras las información aportada por la UCA en su informe de respuesta a las preguntas remitidas por Aguas de Cádiz el pasado mes de abril”.
“Ante la contundencia de toda la información que se ha venido poniendo a disposición del consejo de administración y la aparecida en los medios de comunicación, y ante la necesidad y obligación de esclarecer estos hechos y el destino que tuvieron los 42.000 euros de dinero público, esperamos que el consejo apruebe poner en marcha estas acciones pues podríamos estar ante otro caso más el que historial del PP, con el presunto uso de los recursos públicos en su propio beneficio”, añade este edil de Por Cádiz sí se puede.
Por último, Álvaro de la Fuente ha pedido “al PP de Teófila y de Juancho Ortiz, que han salido públicamente a defender a Ignacio Romaní en este caso, que no siga obstaculizando el esclarecimiento de estos hechos y actúe con responsabilidad ante la gravedad de lo que venimos conociendo ni traten de desviar la atención”.
EL PP REPITE QUE TODO ES UNA “CAMPAÑA DE LINCHAMIENTO” CONTRA ROMANÍ
Mientras, el PP en el Ayuntamiento ya ha calificado de “cobardía” la decisión del actual presidente de Aguas de Cádiz, de elevar al consejo de administración de la empresa la decisión de llevar al juzgado estos informes de la UCA y de la propia sociedad.
“De la Fuente se escuda en el consejo para no terminar imputado como los concejales de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que son investigados por el juzgado de instrucción número 21 de Madrid por supuestos delitos de malversación de fondos públicos al utilizar recursos municipales para preparar informes que sustentaran llevar al juzgado un presunto caso sobre el Open de Tenis de Madrid”, opinan desde la derecha local.
El ahora principal partido de la oposición también agrega que el informe jurídico realizado a petición de Aguas de Cádiz “no es el primero que es tumbado en un juzgado”. Y repite que esta opción de llevar los informes al consejo “y no tomar la decisión por parte de De la Fuente o el propio equipo de Gobierno de presentar denuncia, no es más que un acto de cobardía del alcalde, que no quiere sentarse en el banquillo por segunda vez después de su procesamiento por el caso Loreto”, en el que el PP denunció a José María González por un presunto delito de injurias.
Asimismo, los populares hablan de “hipócrita cantinela del alcalde y su gobierno cuando hablan de la judicialización de la política”, e interpreta que “esta constante del Gobierno local de ir a los juzgados y luego lamentarse de que se judicializa la política es algo ridículo que siempre, y en este caso será así, tendrá su justa contestación”.
Finalmente, desde el PP, que trata de extender el mantra de que ‘todos somos iguales’, dejando caer irregularidades en la gestión del actual Gobierno local (sacando a colación la contratación de la pista de hielo en las pasadas navidades o supuestas comidas pagadas a “afines a Podemos” el pasado verano), se reitera en que en este asunto, en el que está implicado su actual portavoz municipal y uno de los hombres fuertes durante los últimos gobiernos de Martínez, “el único que ha dado explicaciones desde el primer día, es Ignacio Romaní, que está siendo sometido a una campaña de linchamiento por parte de Podemos, porque es la única oposición a los desmanes y desgobierno del alcalde”.
