La SEPI ha llegado a un acuerdo con CCOO y UGT y va a aplicar al colectivo de los trabajadores prejubilados las actualizaciones pactadas en 2004, cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo. Este anuncio coincide con la celebración de una nueva concentración ante la Delegación de Hacienda de Cádiz, para exigir el cobro de los atrasos y la actualización de las pensiones de los trabajadores jubilados de Izar. Son unos 600 afectados en la provincia.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) va a aplicar al colectivo de los trabajadores prejubilados las actualizaciones pactadas en sus correspondientes expedientes de regulación de empleo en ejecución voluntaria, cumpliendo la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de marzo de 2015.
Este anuncio coincide con la celebración de una nueva concentración convocada por UGT y CCOO ante la Delegación de Hacienda de Cádiz, en la plaza de la Constitución, para exigir el cumplimiento de dicha sentencia que implica el cobro de los atrasos y la actualización de las pensiones de los trabajadores jubilados de Izar, el antecedente de Navantia. Se calcula que hay unos 600 afectados en la provincia, más de 6.000 en todo el Estado.
Tras diversos encuentros mantenidos en las últimas semanas, en lunes día 26 se celebró una última reunión entre el presidente de SEPI, Ramón Aguirre, el vicepresidente, Federico Ferrer, los representantes de UGT, Carlos Romero y José Ignacio San Miguel, y los de CCOO, Agustín Martín y Juan Carlos Álvarez Liébana.
Después de valorar las distintas opciones existentes, el holding público empresarial y los sindicatos han convenido proceder en los próximos días a la ejecución voluntaria de las mencionadas sentencias con la finalidad de concluir en el menor plazo el proceso de pago. A tal efecto, se celebrarán las reuniones técnicas pertinentes a la mayor brevedad posible, según informan desde la SEPI en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Con el objetivo de “proteger los intereses públicos” y una vez logradas las autorizaciones oportunas, la SEPI espera con esta medida evitar la interposición de numerosas demandas individuales “con el consiguiente colapso en la administración judicial” y “eliminar los inconvenientes que las reclamaciones supondrían para este colectivo”.
Las cantidades que la SEPI ha de abonar según la sentencia a los 600 jubilados de Izar en la provincia gaditana corresponden a un 2,9% de sus salarios en 2012 y un 0,3% en 2013. Los sindicatos mayoritarios denuncian que no sólo no se han pagado esos atrasos, sino que tampoco se han actualizado los salarios tal y como dicta la sentencia.
El pasado mes de marzo el Tribunal Supremo les había dado la razón a los sindicatos: la SEPI se había equivocado al congelar las pensiones de sus trabajadores jubilados, unos trabajadores a los que en 2004 se les había garantizado que sus pensiones se incrementarían en función del coste de la vida (del Índice de Precios al Consumo, el IPC). Tras una interpretación interesada de la Ley 17/2012 por parte del Ministerio de Hacienda, se les congelaron las retribuciones en abril de 2013.
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