El Ayuntamiento de Cádiz ha vuelto a mostrarse “en contra” del programa de ‘tarjetas monedero’ que ha lanzado la Junta de Andalucía, una iniciativa extraordinaria de ayuda para cubrir necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el coronavirus, que el gobierno autonómico de derechas ha decidido gestionar a través de Cruz Roja Española.
“Lo más sencillo, lo más ágil, lo más útil era librar las prestaciones económicas a los ayuntamientos para que complementaran las ayudas que se dan a nivel local a usuarios con una situación ya valorada”, ha reiterado la concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa presencial para detallar cómo está procediendo el Consistorio gaditano ante este programa ya en marcha de la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (también muy cuestionado por otros ayuntamientos, partidos o el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz, que han llegado a tildarlo de “la marca de la pobreza”).
Y es que pese a que se ha encomendado la gestión de estas nuevas ayudas a Cruz Roja, “para acceder a ellas es el personal de los Servicios Sociales municipales quien tiene que valorar a las familias para la concesión de dichas tarjetas”.
En esta línea, Fernández entiende que la decisión de la Junta “incumple la Ley de Servicios Sociales, que establece la gestión directa por parte de las administraciones públicas de sus prestaciones y servicios. Sólo a través del sistema público de servicio sociales se garantiza que la dignidad de las personas siempre quede protegida, y consideramos que la gestión de este nuevo programa es un paso atrás en el modelo de los Servicios Sociales públicos”.
“No es justo que quienes estén sufriendo las consecuencias sociales y económicas del coronavirus acaben en un peregrinaje por diversas entidades para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas. Las ayudas directas tienen en cuenta la dignidad de las personas y sus derechos”, añade.
Así, la edil de Asuntos Sociales se pregunta “por qué no se apuesta desde la Junta de Andalucía de manera directa por los servicios sociales públicos haciendo más fácil, más rápida y más eficaz la llegada de recursos a las familias vulnerables”. “Las valoraciones profesionales son imprescindibles, por lo tanto, es mucho más lógico que se traduzcan en ayudas directas, por simplificar el circuito y porque hay que priorizar las prestaciones económicas”, indica.
Pese a todo, responsables de Servicios Sociales del Ayuntamiento han mantenido dos reuniones sobre la puesta en marcha del programa y han mostrado su colaboración al respecto. “Entendemos que es un recurso más de la comunidad autónoma del que pueden beneficiarse muchas familias gaditanas, y pese a no estar de acuerdo con la forma de gestionarlas, por responsabilidad en la gestión y por responsabilidad con las familias castigadas especialmente por el coronavirus entendimos que debíamos acudir, colaborar e intentar colaborar de la mejor manera posible siempre pensando en el bien de las familias”, se incide en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Al respecto, el Consistorio propuso un protocolo de actuación para simplificar el procedimiento y llegar al mayor número de familias de la ciudad, una iniciativa que fue aceptada por la Junta. De hecho, desde Servicios Sociales se están ya derivando de oficio informes de vulnerabilidad de distintas familias a Cruz Roja, que es la entidad encargada de gestionar y entregar esas tarjetas para la compra de productos de primera necesidad.
En concreto, se están emitiendo informes de oficio de las familias acogidas al plan Syga y de aquellas que han recibido las ayudas de emergencia municipales puestas en marcha por la actual pandemia y siguen manteniendo las mismas circunstancias que tenían cuando les fue concedida.
Cualquier vecino que quiera solicitar la ayuda y no se encuentre enmarcada en uno de estos dos supuestos debe acudir directamente a Cruz Roja y pedirla.
UNA MEDIDA “INSUFICIENTE”
En cualquier caso, Fernández ha remarcado que estas ayudas de la Junta son “insuficientes” puesto que “ya en una reunión técnica se nos informó de que para la provincia habría unas 1.900 tarjetas y tan sólo en Cádiz capital harían falta unas 3.000, por lo que el total dispuesto para la provincia apenas llega a cubrir la mitad de la demanda que hay en la ciudad”.
Esta concejala de Adelante Cádiz insiste en que el Ayuntamiento “siempre mira, ante todo, por los gaditanos que lo están pasando mal, por encima de disquisiciones sobre la forma de proceder de la Junta”. “Creemos que el deber de las instituciones es poner siempre por delante los intereses de la ciudadanía, y es lo que hemos hecho en este caso”, asevera, al tiempo que confía en que la administración ahora en manos de PP y Cs, con el aliento de la ultraderecha, “rectifique en futuras convocatorias y no siga dando pasos atrás en el modelo de servicios sociales; que confíe en los ayuntamientos, en el trabajo profesional del personal técnico municipal y, sobre todo, que evite a las personas que lo están pasando mal un peregrinaje burocrático que es muy penoso y que puede suprimirse con una gestión eficaz, rápida y directa como la que ofrecen los Servicios Sociales municipales, que son además los encargados por ley de completar esta función”.
Según pasadas palabras del delegado territorial de Políticas de la Junta en Cádiz, Miguel Andréu, este nuevo programa de garantía alimentaria calcula que va a cubrir las “necesidades básicas” de 3.294 familias en la provincia” (supone 2,1 millones de euros). Dicha tarjeta monedero tiene una vigencia de cuatro meses con posibilidad de ampliarse si la crisis persiste. Con ella, se puede adquirir productos básicos de alimentación, higiene y limpieza en supermercados y tiendas de proximidad. Su cuantía va desde 150 euros en el caso de una persona solicitante; 200 euros para familias de dos y tres personas; y 250 euros en el caso de cuatro o más personas.
