Las últimas afirmaciones en sede parlamentaria, a raíz de preguntas del PSOE, del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, aseverando que la deuda que arrastra la Universidad de Cádiz, de unos 10 millones de euros, se debe a “un error de cálculo de la Universidad y al abono de una cantidad que no debía pagarse”, durante el primer año de mandato del nuevo rector Casimiro Mantell, no han sentado nada bien en el seno de la UCA.
De hecho, la Universidad gaditana desmiente a este representante del Gobierno derechista de Moreno Bonilla y aclara que su déficit presupuestario no es consecuencia de “un error de cálculo”, precisando en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que estos números rojos responden “a otros factores y no a un fallo en la planificación financiera”.
Es más, el equipo de gobierno de la Universidad de Cádiz subraya su “malestar, desconcierto y preocupación” por estas “desafortunadas” declaraciones de este político del PP, quien también llegó a afirmar que “que en un primer año de gestión, una universidad que está saneada y que cuenta con superávit, de pronto entre en déficit, poco favor le hace a este gobierno (de Mantell)”
EL DÉFICIT EXPLICADO POR LA UCA
En las últimas semanas, y a través de asambleas informativas, el rector Casimiro Mantell ha informado de que este déficit se debe a dos factores fundamentales, se detalla.
El primero es la continua reducción de la capacidad financiera de la UCA desde 2019. Esta situación provoca “que cualquier gasto extraordinario genere un desajuste financiero”.
El segundo es el cumplimiento con gastos extraordinarios, en los que se incluyen el pago de las retribuciones y la Seguridad Social de las convocatorias María Zambrano y Margarita Salas, cuyo abono fue ordenado por sentencia del Tribunal Supremo el año pasado.
Estas convocatorias, impulsadas por el Ministerio de Universidades, obligaron a la Universidad gaditana a asumir los pagos tras un requerimiento de la Inspección de Trabajo.
Y a todo ello se añade el coste de la construcción del aulario en el campus de Jerez, que ha superado los 6 millones de euros y cuya obra finalizó en 2024.
EL CONSEJERO PRECISA SUS PALABRAS
Tras la queja de la UCA, la Junta no ha tardado en contestar con una matización: “las palabras de Gómez Villamandos hacían referencia al error de la aplicación de la herramienta que da soporte a la Universidad de Cádiz y que ha impedido conocer aún de manera definitiva la liquidación presupuestaria de 2024 de la citada institución”.
Desde la consejería de Universidad, Investigación e Innovación se asegura que “se viene trabajando de manera coordinada” con la UCA, “y nos consta que gran parte del déficit se debe al adelanto realizado por ésta para proyectos de investigación, cuyos fondos están ya llegando a lo largo del presente año y a que la UCA aún no ha recibido los fondos correspondientes a las becas estatales de investigación”.
