El Ayuntamiento de Cádiz instaba hace unos días a la subdelegación del Gobierno en la provincia y la delegación del Gobierno en Andalucía a impedir la difusión de la nueva campaña tránsfoba de la asociación ultracatólica Hazte Oír, sobrevolando las playas gaditanas.
El alcalde, José María González ‘Kichi’, remitía sendos escritos argumentando que hay que evitar que propaguen “su mensaje discriminatorio y lesivo contra la dignidad de las personas por razón de su identidad sexual, denigrando especialmente a los y las menores trans”. Teniendo en cuenta además que busca dar cumplimiento al acuerdo plenario aprobado por unanimidad de impedir en el ámbito competencial del propio Consistorio “la difusión de cualquier mensaje de odio por orientación e identidad sexual y expresión de género en la ciudad;
Ante este ruego, subdelegación del Gobierno mira hacia otro lado y defiende que desde el año 2016 los requisitos de “vuelo publicitario” se rigen en España por directrices europeas.
En este sentido, subdelegación anota en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que ha remitido a la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) el referido escrito que firma el alcalde y, una vez recepcionado por Aesa, se ha contactado con la dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección del Usuario.
“Desde el 21 de abril de 2016, aquellos operadores de avión y helicóptero que deseen realizar operaciones especializadas de carácter comercial, están obligados a cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 965/2012, de la Comisión de 5 de octubre, por el que se establecen los requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dentro de estas operaciones especializadas están considerados los vuelos de publicidad aérea”, se señala desde los representantes del Gobierno central del PP en la provincia, aludiendo a la normativa.
De este modo, desde esa fecha las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno “no son competentes en materia de autorización en estos casos”, de ahí que, se sentencia, no van a intervenir en este caso controvertido de Hazte Oír.
La autorización previa se ha sustituido por una declaración responsable del operador, que la dirigirá directamente a Aesa, y ésta regula la parte técnica aeronáutica. “No entra en el contenido de la publicidad que vaya a realizarse”, se insiste. Por ello, “cualquier actuación en caso de vulneración de preceptos y normativa será a posteriori”.
No obstante, se ha informado al Ayuntamiento de Cádiz que desde esta subdelegación del Gobierno se informará a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, “como se hace de ordinario”, del sobrevuelo de cualquier avioneta u otro medio siempre que pueda ser identificada y relacionada con un operador, “para confirmar que se haya entregado la referida declaración responsable”.
Hazte Oír dice poner en marcha esta campaña, ridiculizada en redes sociales en cuanto se anunció, para denunciar “la ley mordaza LGTBI presentada por Podemos” en el Congreso de los Diputados. Así, si hace meses se buscó hacer ruido en los medios con el tristemente famoso autobús del odio, ahora toca la avioneta “para informar del recorte de derechos fundamentales que implicaría la ley ‘podemita’ si llegara a aprobarse. Es imprescindible parar esta norma totalitaria que acaba con la libertad de educación, de información y de expresión de todos con el pretexto de proteger los derechos’ de algunos”, interpreta el presidente de esta asociación reaccionaria, Ignacio Arsuaga.
Por su parte, José María González subraya que Cádiz es una ciudad declarada libre de discriminación, y rechaza esta acción, que ya ha sobrevolado playas de Málaga: “nos preocupa que, desde espacio aéreo gestionado por el Estado, se fomenten actitudes intolerantes y discriminatorias, especialmente cuando hablamos de niños y niñas”. “Nuestra obligación es proteger a esos niños del bullying o de la discriminación y eso pasa por evitar que el avión de la vergüenza se pasee impunemente”, defiende.
