El SAS, ante el anuncio de José Manuel Pascual -con clínicas concertadas en la capital y El Puerto- de que no puede abonar las nóminas de sus trabajadores por falta de pago desde la administración regional, aclara que esta situación “es el resultado final de una situación planteada por la empresa, que obedece a una estrategia de desgaste y presión mantenida en el tiempo como consecuencia del rechazo a las distintas ofertas realizadas por la administración”. “Esta actitud beligerante contrasta con la oferta de diálogo permanente por parte de la Junta”, se añade.
La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ante el anuncio de José Manuel Pascual -con clínicas concertadas en la capital y El Puerto, entre otras en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga- de que no puede abonar las nóminas de sus trabajadores por falta de pago desde la administración regional, aclara que esta situación de insolvencia económica trasladada en los últimos días por la empresa a los trabajadores “es el resultado final de una situación planteada por ella misma, que obedece a una estrategia de desgaste y presión mantenida en el tiempo como consecuencia del rechazo a las distintas ofertas realizadas por la administración”.
En ese sentido, se recuerda que esta empresa “no se ha presentado a ninguno de los dos procesos públicos de licitación celebrados recientemente”; ni al procedimiento negociado sin publicidad (con mejoras importantes con respecto al anterior contrato) para los hospitales en los municipios gaditanos donde no existe competencia; ni al concurso abierto para contratar servicios en las provincias de Cádiz capital, Huelva y Málaga, donde sí han concurrido otros hospitales homologados.
Para el SAS, “esta actitud beligerante contrasta con la oferta de diálogo permanente por parte de la Junta”. “La no solvencia económica anunciada por la empresa frente a los trabajadores, oculta intereses ajenos a la voluntad de esta administración, que siempre ha optado por un diálogo abierto con el comité de empresa, comunicándole las diferentes fases de este proceso en múltiples ocasiones”, se insiste en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
El volumen económico de los servicios concertados con Pascual “tanto cuando la empresa no reconocía la prórroga del concierto, como con la nueva situación planteada por la ausencia del mismo”, ha motivado, se apunta, actuaciones por parte de la Junta “encaminadas a garantizar el derecho de los ciudadanos a la asistencia hospitalaria y a las retribuciones de los trabajadores”. Así, en primer lugar se realizaron consignaciones económicas en los juzgados por los importes correspondientes al concierto vigente durante la prórroga. Y además, recientemente, el SAS también ha iniciado un expediente administrativo con el fin de abonar los servicios prestados por la empresa entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 en las mismas condiciones que el concurso anterior, “hasta que se resuelva la discrepancia con la facturación que dicha empresa realiza”.
“La responsabilidad del Gobierno andaluz es garantizar el derecho a la atención sanitaria y respetar siempre la legalidad en los conciertos de la administración pública, por lo que seguirá intentando llegar a un acuerdo que respete las condiciones legales vigentes, al mismo tiempo que se seguirán buscando alternativas si no se llega al mismo”, se sentencia.
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