Una nueva Junta General de la empresa municipal Cádiz 2000, tras la accidentada de hace unas semanas –en la que desde la bancada del PP llamaron “fascista” y “cacique”, entre otras lindezas, al alcalde, y que conllevó la posterior reprobación por el pleno de la exalcaldesa, Teófila Martínez, y del portavoz conservador, Ignacio Romaní-, ha debatido en la mañana de este lunes la propuesta presentada por los populares que instaba paralizar el proceso de remunicipalización de los servicios de playas (de limpieza de arenas y mantenimiento de los equipamientos, de socorrismo, y de limpieza y mantenimiento de los módulos), efectiva desde el pasado verano.
Y finalmente, ha sido rechazada con los votos del equipo de Gobierno y del PSOE, y pese al voto afirmativo de PP y Ciudadanos. Por otro lado, sí se ha aprobado el inicio de acción social de responsabilidad de reclamación patrimonial de Cádiz 2000 (empresa municipal que ha asumido a las plantillas hasta este verano privatizadas) contra el presidente de la misma.
El concejal de Medio Ambiente y presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, ha incidido durante la Junta General en la viabilidad de este proceso “uno de los que más documentación posee” a la par que ha subrayado las conclusiones de los informes tantos de Personal como de Intervención que “aseguran que se dispone de las retenciones créditos necesarias para garantizar el servicio hasta finales de 2017 y que garantiza también la subrogación de las trabajadoras”. Al mismo tiempo, ha acusado al PP “de no comparar los números con la memoria” porque de haberlo hecho “sabrían que el coste sigue siendo menor”.
Este edil de Por Cádiz sí se puede también ha acusado a la oposición de “ir vendiendo miedo a las trabajadoras pese a que el informe de Personal dice que no hay motivo alguno para ello. Entendemos que la complejidad del servicio ha hecho que no llegue bien toda la información a todos los interesados pero anda metiendo miedo de forma constante es algo muy grave”. Así, ha acusado a la derecha de “hacer un uso partidista de las instituciones para seguir poniendo trabas y más trabas pese a pronunciamientos como el judicial que ha tumbado el recurso interpuesto por la Subdelegación del Gobierno en Alicante contra un proceso de municipalización”, un recurso muy parecido al que la Subdelegación en Cádiz ha interpuesto contra estos rescates tanto en la capital gaditana como en Chiclana.
Como portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao ha señalado que esta propuesta de paralizar la remunicipalización “no trata de hacer borrón y cuenta nueva sino de parar un proceso para reflexionar sobre el mismo”. Pérez Dorao ha explicado que “dos son los argumentos que avalan la municipalización como la mejora del servicio y/o que sea más barato”, aspectos estos que a su juicio “no se producen” por lo que este proceso “se realiza más conforme a una posición ideológica y política”. En cuanto a la estabilidad del personal, destaca que “se garantiza su continuidad”.
Martín Vila, en calidad de portavoz de Ganar Cádiz en Común, ha afirmado que los dos informes objetos de debate en la Junta General, “demuestran que este proceso de municipalización será el que más informes tenga de la historia” a la par que ha detallado que “recogen que el coste real del mismo presenta un menor gasto y permite a los trabajadores un escenario mejor con mayor estabilidad y menor precariedad”.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Fran González, aseguraba que “su partido no se va a dejar coaccionar y votará en consecuencia”. En este sentido se ha referido a las conclusiones de los informes que aclaran el procedimiento y que “garantizan que el personal va a ser subrogado” aunque ha advertido de la situación laboral de algunas de las trabajadoras “que esperemos que se pueda subsanar”. En cuanto a los costes, tras acusar al PP y a Cs “de quedarse tan sólo con lo emitido y no buscar aclaración”, subraya que “los costes no superan a lo ya cuantificados en la memoria”.
Y desde el PP, Ignacio Romaní ha incidido que esta Junta General se realiza a petición de su partido. Según la interpretación que ha realizado de los últimos informes de Personal y de Intervención que se pidieron al respecto, Romaní entiende que “el informe del interventor dice que será más caro. Para ello, el equipo de Gobierno se inventa el concepto coste real para decir lo que va a costar el pliego de mañana. Juega a ser adivino y dice que el servicio externalizado será más caro por lo que la municipalización será más barata”
“EL PP, CON CS COMO ESCUDERO, NO HA PODIDO FRENAR OTRA VEZ EL PROCESO”
En su valoración posterior de esta Junta General, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, De la Fuente ha repetido que “las zancadillas del PP no han podido frenar la municipalización, un proceso que ha se ha realizado conforme a lo establecido por el acuerdo plenario y lo acordado en las juntas generales de las empresas pertinentes”.
“Pese a las zancadillas, los obstáculos y todo tipo de artimañas que van más allá de lo político, el PP, con Ciudadanos como escudero, no ha podido frenar otra vez el proceso de municipalización”. A su juicio, “no saben ya qué hacer, qué buscar, para detener lo que democráticamente no pueden frenar”. Frente a este, ha añadido “seguimos avanzando para frenar ese proceso de privatización inaugurada por el PP, que se dedicó a vender y arrebatar a la ciudadanía lo público para depositarlo en manos de unos pocos”.
Añade el también concejal de Medio Ambiente que desde el principal partido de la oposición “non ha tenido la responsabilidad política que se les exigía en estos momentos tan importantes” ya que “no se han molestado en leer siquiera los últimos informes del Interventor”. “Venían con un discurso preconcebido y así lo han soltado en la misma línea que estos dos años y medio: ruido y embarrar para no entrar en un debate político de verdad, pues en el debate, no tienen argumentos”.
Álvaro de la Fuente ha vuelto a incidir en que “éste ha sido el proceso de municipalización de la historia con más informes (una treintena) y todos ellos favorables”. Desde este equipo de Gobierno “se ha llevado a cabo un ejercicio de responsabilidad incomparable puesto que cada uno de los pasos que se han llevado a cabo han tenido lugar exactamente conforme a lo establecido en el acuerdo plenario del ayuntamiento y lo acordado en las juntas generales de las empresas pertinentes”.
EL PSOE PERMITE QUE HAYA POSIBLES ACCIONES JUDICIALES CONTRA DE LA FUENTE
Por otra parte, con los votos a favor del PP y Ciudadanos, la abstención del PSOE y los votos en contra del bipartito, se ha aprobado el inicio de acciones sociales de responsabilidad de reclamación patrimonial de la sociedad Cádiz 2000 al presidente de la misma, Álvaro de la Fuente, “por haber adoptado acuerdos con terceros de contratación, en nombre de la entidad, sin contar con acuerdo del consejo ni de la junta de accionistas”, cuantificándose el importe de la responsabilidad para que pueda reclamarse en base al artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital. “Todo ello con la reserva de las acciones legales que se puedan determinar en el futuro en cualquiera de sus ámbitos por las acciones realizadas por el presidente y que hayan podido causar menoscabo a la entidad”.
El presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, ha acusado a los conservadores “de defender esta propuesta sin entrar a detallar qué tipo de daños se podría haber ocasionado a la empresa municipal”.
Por tanto, ha insistido, “se trata de una decisión más del PP para enfadar el proceso de municipalización, una zancadilla más que, como no pueden frenar la municipalización, apuntan y ponen directamente en la diana a quien la está encabezando”.
Además, De la Fuente ha lamentado en este punto la actitud de los socialista que “se han puesto de perfil” ya que al abstenerse, “ha permitido que se inicien acciones de responsabilidad social sin que esté justificado ya que no se han molestado en comprobar que en la memoria de municipalización y los nuevos informes de intervención vuelven a coincidir en la eficiencias económica del proceso”.
