El consejo de administración de la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Procasa, ha aprobado la propuesta de requerimiento de documentación y adjudicación del contrato de obras de rehabilitación del edificio ubicado en el número 10 de la calle Santa María, una casa palacio del siglo XVIII.
Este proyecto, con una inversión pública de 750.000 euros, tiene un plazo de ejecución de 12 meses desde la firma del acta del inicio de la obra. Se crearán siete viviendas para alquiler social, con salón-comedor, cocina, uno, dos o tres dormitorios y baños. En la planta baja irá ubicada una vivienda de dos dormitorios y un local, en la primera planta tres viviendas de uno, dos y tres dormitorios mientras que en la segunda planta habrá dos de dos dormitorios y una de tres dormitorios.
“Estamos ya en la recta final para poder comenzar con la construcción de estas siete viviendas para alquiler social”, ha subrayado la concejala de Vivienda, Eva Tubío, que ha recordado que una vez aprobado este paso, “se abre un periodo de tiempo para que la empresa (elegida) entregue toda la documentación y una vez cumplimentada y comprobada, podremos iniciar la obra que esperemos que sea como muy tarde en enero”. La única empresa interesada ha sido la isleña Construcciones Yatécnicas, que ha presentado una oferta por más de 568.000 euros, más el IVA correspondiente.
“Tras muchos años en los que Procasa había apostado por invertir en otro tipo de regímenes, dejando aparte una de las modalidades que más benefician a las familias vulnerables como es el alquiler social, la empresa municipal lidera este proyecto que repercutirá positivamente en siete familias”, remarca esta edil de Ganar Cádiz en Común.
Es por esto por lo que ha calificado “de gran noticia poder seguir avanzando en este proyecto que además de acometer una rehabilitación integral de la casa palacio del siglo XVIII, recuperando parte de nuestro patrimonio, avanzará en la respuesta a las necesidades de los vecinos más vulnerables”.
OTROS PUNTOS
En cuanto a la promoción de 13 viviendas de la calle Cruz, este último consejo de administración de Procasa ha aceptado la transferencia de fondos derivados de la modificación presupuestaria aprobada semanas atrás por el pleno (dinero que procede del reparto de beneficios de Eléctrica de Cádiz). Tubío ha señalado que “de forma paralela a que esta modificación de crédito esté en exposición pública, seguimos trabajando para poder comenzar la obra en cuanto acaben todos los trámites burocráticos”. Así, “se está avanzando en el cambio de régimen de estas promoción que pasará a ser de alquiler social”.
Asimismo, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha salido adelante la clasificación de las cuatro ofertas que se han presentado para el procedimiento de licitación tramitado para la contratación de la urbanización y parque de esparcimiento canino en la calle Dársena y Avenida de la Ilustración en el barrio de Puntales, un proyecto que cuenta con la inclusión de cláusulas sociales.
Por último, se aprobó la propuesta de adjudicación del local 2 de la calle San Juan, número 39 en régimen de alquiler con opción a compra, dentro de la iniciativa orientada a la creación de empleo y dinamización del centro histórico.
Por su lado, desde el PSOE se añade que en dicho consejo de administración votó en contra de externalizar la comercialización de las viviendas, locales y garajes que quedan pendientes en promociones como la de la Guardia Civil. Una propuesta que, finalmente, no salió adelante, acordándose la búsqueda de una fórmula alternativa.
“Es una sinrazón llevar a cabo este tipo de medidas, que vacían de contenido parte de la labor de esta empresa municipal, y van en contra de la filosofía de este equipo de Gobierno, que aboga por la municipalización de los servicios”, reflexiona la concejala socialista y consejera de Procasa, Victoria Rodríguez.
“La empresa municipal cuenta con personal cualificado para llevar a cabo este tipo de trámites, por lo que no compartimos que se lleve a cabo la contratación de este servicio, lo cual supondría un gasto de 200.000 euros de dinero público que podría invertirse en políticas de vivienda, tan necesarias en nuestra ciudad”, defiende Rodríguez.
