Para denunciar los recortes en la educación, desde el Gobierno central y el Gobierno andaluz, y la entrada en vigor de la polémica Lomce, esta semana se han movilizado estudiantes –con huelga los días 21, 22 y 23- y docentes con paros parciales y protestas, con el remate de la manifestación conjunta celebrada en la tarde del jueves día 23 en la capital gaditana. Además, por la mañana la Marea Verde promovía una caminata entre San Fernando y Cádiz, y la tarde anterior, un encierro simbólico en la EI Nuestra Señora del Carmen de La Isla, que la Junta prevé cerrar.
Para denunciar los recortes en la educación, desde el Gobierno central y el Gobierno andaluz, “vengan de donde vengan”, y la entrada en vigor de la polémica Lomce, ley educativa impuesta por la derecha, esta semana se han movilizado estudiantes y docentes con huelgas y protestas, con el remate de la manifestación celebrada en la tarde del jueves día 23 en la capital gaditana, entre la Subdelegación del Gobierno y la plaza de Mina, donde se encuentra la sede de la delegación territorial de Educación de la Junta.
Además, en la misma mañana del jueves la Marea Verde, junto con otros colectivos, convocaba una marcha a pie entre San Fernando y Cádiz –que ha provocado el corte de parte de la autovía-, como continuación del encierro simbólico iniciado en la tarde del miércoles en la Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen de La Isla, una escuela pública que, si no hay novedades, cerrará sus puertas en junio de 2016.
Un encierro completado con diversas actividades, talleres y asamblea, con el que se ha reclamado que este centro se mantenga; pero además ha servido para denunciar la supresión de 34 unidades en centros públicos en la provincia el curso pasado, mientras se renuevan conciertos con la escuela privada, el aumento de las ratios, o la tardanza para sustituir a docentes de baja. Por otro lado, se protesta porque hay una veintena de alumnos sin monitor de educación especial en Cádiz, porque existe insuficiente oferta de plazas de comedor escolar, y se está en desacuerdo con la nueva ley de educación de la derecha, que ya ha entrado en vigor en primero, tercero y quinto de Primaria.
El profesorado y los trabajadores de los centros educativos en Andalucía lamentan que están sufriendo recortes y pérdidas de derechos en las condiciones laborales, “dañándose así los logros sociales que nuestros años de democracia habían permitido alcanzar en la educación. Se está desmantelando sin ningún pudor la educación en España y en Andalucía, rompiéndose con ello el principio de igualdad de oportunidades que debe imperar en todo sistema educativo de calidad”. Los sindicatos Ustea, CGT y CCOO han respaldado los paros parciales convocados en el sector.
LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES
Por su parte, el Sindicato de Estudiantes, entendiendo que la movilización “sí sirve y que es el único camino posible”, ha estado detrás de esta “gran huelga general” de los días 21, 22 y 23, buscando “paralizar toda la educación, vaciando todos los institutos y universidades públicas y tomemos las calles”. En la primera jornada, según datos de la Junta, el 53% del alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP de la provincia participaba en el paro, un porcentaje a la cola de la media andaluza, cercana al 67%. Además de los piquetes informativos de ese martes, y de sumarse a la marcha del jueves por la tarde, los estudiantes también salieron a la calle en la mañana del miércoles, recorriendo el centro de la capital.
Del mismo modo, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la comunidad universitaria se ha sumado al paro convocado el jueves en la enseñanza y protagonizaba concentraciones a las puertas de la facultad de Medicina de Cádiz, de Ciencias Ambientales de Puerto Real, de la Escuela Politécnica de Algeciras y de la biblioteca del Campus de Jerez. En esta ciudad, la asamblea de la Asociación de Estudiantes Contra la Precariedad (AECP) también promovía por la mañana una manifestación desde el campus universitario hasta la Plaza del Arenal.
El Sindicato de Estudiantes argumenta que desde la llegada del PP a la Moncloa “la educación pública ha sido una de las dianas en esta ofensiva para desmantelar todos los derechos sociales y servicios públicos”. “Quieren devolvernos a los años del franquismo, cuando solamente los hijos de los ricos tenían garantizado su derecho al estudio y para ello han elaborado un plan para desmantelar la educación pública que comienza con la contrarreforma franquista de la educación –la famosa Lomce— que entrará en vigor este curso. Así tratarán de expulsarnos al mercado laboral por la vía rápida, sin ningún tipo de cualificación y que el día de mañana nos veamos obligados a ser esclavos en las empresas o formemos parte de los miles de jóvenes que ya engrosan las listas del paro”, se denuncia.
Pero, se agrega, lamentablemente los recortes no sólo vienen de la mano de la derecha, “el Gobierno de coalición del PSOE e IU en la Junta también los está aplicando. En estos dos años hemos sufrido un recorte de más de 850 millones en educación que han supuesto el cierre de colegios, la supresión de plazas en FP, de líneas de primaria, de ESO, de bachillerato y de programas educativos, así como el despido de 4.502 profesores, 840 trabajadores del personal administrativo y, este curso, 850 maestros. Sin embargo, mientras Andalucía se convierte en la segunda comunidad autónoma que más recorta en prestaciones sociales tras Catalunya, se garantizan las partidas presupuestarias para pagar los intereses de la banca, que han aumentado un 90%. Es inadmisible que un Gobierno votado por miles de trabajadores y jóvenes, castigue a las familias trabajadoras”.
Los estudiantes reclaman entre sus reivindicaciones, no más recortes a la educación, una educación “pública, digna y gratuita desde la escuela infantil hasta la universidad y ni un euro más a la escuela privada concertada”; la retirada inmediata de la “contrarreforma franquista”, defendiendo que la educación “se mejora dedicando más recursos, reduciendo el número de alumnos por aula y contratando más profesores, no con reválidas ni clases de religión”; la readmisión de los profesores despedidos; y la exigencia de “becas dignas y a tiempo, no hipotecas bancarias, no a la privatización del Bachillerato y la Formación Profesional”. Además se lucha por el B1 gratuito.
