El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz va a convocar un pleno extraordinario, antes del 8 de noviembre, para abordar la futura ordenanza de terrazas en la vía pública, y en concreto la propuesta de resolución de sugerencias y aprobación inicial de la misma, tras el proceso de consulta pública.
El bipartito da este paso, después de que la oposición en bloque impidiera que se elevara este punto al reciente pleno ordinario de octubre, y una vez que ha obtenido, este lunes, la ratificación del respaldo ya expresado en su día por colectivos integrantes de la mesa de trabajo constituida para la elaboración de esta nueva normativa, que hoy día no existe en la ciudad como tal.
El Gobierno conformado por Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común ha subrayado la importancia de que la nueva ordenanza sea aprobada “cuanto antes”, toda vez que “dará seguridad jurídica tanto a ciudadanos como a hosteleros, así como al propio Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la legalidad”.
Así, la convocatoria de un pleno extraordinario lo ha decidido el Ejecutivo a raíz de la reunión que han mantenido el acalde, José María González ‘Kichi’, y su concejal de Urbanismo y de Vía Pública, Martín Vila, con los colectivos integrantes de esta mesa de trabajo que no presentaron sugerencias al texto. Esto excluye únicamente a la patronal hostelera, Horeca, que, pese a dar su conformidad al borrador en el último encuentro de la mesa, “inusitadamente rompió el consenso y presentó aportaciones que ya habían sido rechazadas previamente durante el proceso”.
El encuentro de este lunes se ha celebrado para analizar la situación después de que “el PSOE (además de PP y Cs) evitara la semana pasada en comisión informativa que pudiera debatirse en el último pleno”, toda vez que, “en una clara falta de respeto al resto de participantes, decidiera alinearse con la patronal y apoyar unas sugerencias que fueron desestimadas por la propia mesa de trabajo”, sostienen desde el equipo de Gobierno en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Este lunes se ha informado de lo ocurrido en la citada comisión informativa a los colectivos convocados, quienes “han mostrado su asombro al conocer que algunos grupos de la oposición habían puesto en tela de juicio su apoyo al texto de la ordenanza”. Por ello, aclara Vila, “para que ningún partido pretenda hablar en su nombre”, han anunciado que reflejarán por escrito su respaldo a la ordenanza.
De esta forma, tras ratificarse el apoyo mayoritario al texto y al consenso alcanzado en el seno de esta mesa después de casi dos años de trabajo para la elaboración del borrador, el primer edil ha trasladado a los asistentes que la intención del equipo de Gobierno es convocar un pleno extraordinario para aprobarlo. Debido a la convocatoria de las elecciones andaluzas, dicha sesión plenaria no podrá celebrarse después del próximo 8 de noviembre.
En el proceso participativo para la elaboración de la ordenanza se han implicado las asociaciones de personas con diversidad funcional AGADI y ONCE; la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril; de consumidores y usuarios Facua; La Zancada en representación de los peatones; los sindicatos CCOO y UGT; la patronal de hostelería Horeca; y los grupos municipales “que han estimado acudir”.
La mesa de trabajo del pasado 30 de agosto decidió elevar el texto a la concejalía de Vía Pública para que se iniciasen los trámites para la aprobación, lo que ha incluido un periodo de consulta pública en el que se recibió sugerencias únicamente de Horeca, “todas ellas rechazadas en el proceso participativo”, y de Ciudadanos. De las 39 sugerencias de la formación naranja, “que no acudió a ninguna sesión en todo el proceso”, se aceptaron 22 relativas a correcciones gramaticales y de estilo.
LA ZANCADA INSTA A QUE SE RETIREN LAS TERRAZAS “ILEGALES” CON O SIN ORDENANZA
En paralelo, la asociación gaditana de peatones La Zancada ha considerado este mismo lunes que este procedimiento de elaboración y aprobación de la nueva ordenanza “no puede ser una excusa para la inacción”. Así, independientemente de que se apruebe o no, recuerda al Consistorio y a los técnicos municipales que “a ellos corresponde la potestad de hacer cumplir la normativa vigente en materia de ocupación del espacio público y accesibilidad universal”.
“A pocos escapa que la ampliación e instalación de terrazas no autorizadas en nuestras calles y plazas deriva en un incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de accesibilidad universal y no discriminación”, insisten desde este colectivo. En este punto, se anota que la ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social recogía el ya pasado 4 de diciembre de 2017 como límite temporal máximo para cumplir las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en todos los espacios públicos urbanizados y edificaciones; “de modo que el fundamento legal para que el Ayuntamiento tome medidas efectivas de protección es sobradamente sólido”.
Además, se agrega, la ley de derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía establece el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal así como la potestad sancionadora de los ayuntamientos en los casos de infracciones por incumplimiento de las exigencias de accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones.
“Pero la ocupación ilegal del espacio público con mesas y sillas no afecta únicamente a las personas con discapacidad. El descontrolado aumento de terrazas y cartelería no autorizadas obstaculiza de modo genérico la movilidad peatonal, especialmente la de las personas mayores o las que tienen bebés a su cuidado. Esta ocupación sin freno del espacio común conlleva, además, la inadmisible mercantilización de nuestros lugares de encuentro y estancia”, reflexionan desde La Zancada.
Por todo ello, este colectivo en defensa de los peatones insta al Gobierno gaditano a que, “independientemente de que consiga aprobar la nueva ordenanza”, tome tres medidas: se multe a los establecimientos cuyas terrazas incumplan la normativa de accesibilidad universal; la emisión de un decreto para retirar los veladores y elementos que excedan los límites autorizados, los veladores sin licencia y los que quedan sin recoger durante la noche; y la publicación en el portal de transparencia de las licencias de terrazas actualmente autorizadas “a fin de poder exigir la protección de nuestros derechos”.
