PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, han mostrado su rechazo a la subida de la factura del agua por parte de la empresa municipal Aguas de Cádiz, a partir del próximo octubre.
Una actualización de tarifas que busca compensar la subida del coste del agua en alta que aplica también con polémica desde hace unos meses el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), y que según el Gobierno local del PP supondrá para la mayoría de familias gaditanas algo menos de 3 euros adicionales al mes (unos 30 euros más al año).
“De nuevo Bruno García, el que dice ser el alcalde más social prefiere subir la tarifa del agua y tapar las vergüenzas del PP en la Junta a defender los intereses de los gaditanos”, denuncian los socialistas. Mientras los izquierdistas ponen el acento en que el precio de estas tarifas en la ciudad no se subía desde 2014 “porque en el anterior mandato priorizamos hacer un esfuerzo por asumir el incremento de los costes gracias a los grandes beneficios que tiene Aguas de Cádiz”.
PSOE: “CÁDIZ TIENE UNA DE LAS AGUAS MÁS CARAS DE ESPAÑA DESDE LOS TIEMPOS DE TEÓFILA”
El concejal socialista José Ramón Ortega no pasa por alto una de las razones empleadas por la derecha para la subida del agua, la relativa a que tarifas no se habían revisado desde hace varios años: “no hay nada que revisar, Cádiz tiene una de las aguas más caras de España desde los tiempos de la gestión descontrolada del PP en Aguas de Cádiz, y aun así insisten en querer subir el agua para que los gaditanos paguen lo que no paga la Junta”.
El principal motivo de esta subida de la factura al usuario final es que el Consorcio de Aguas (con los votos de PP y AxSí) ha elevado sus tasas a los ayuntamientos consorciados para poder asumir los costes de mantenimiento de las redes hidráulicas; sin embargo, para el PSOE, estos costes “tendrían que ser asumidos directamente por la Junta, que ha dejado sin invertir 250 millones de euros en esta materia en nuestra provincia”.
Además, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Ortega recuerda que existe un acuerdo plenario del pasado junio (a propuesta del PSOE) en el que se aprobó que el Ayuntamiento trasladase al Consorcio la petición de paralizar la subida anunciada, “pero nos encontramos con un PP que hace lo mismo que criticaba en el pasado: no cumplir con los acuerdos alcanzados”.
En esta línea, desde el principal partido de la oposición se trasladan a 2017, cuando el PP estando en la oposición rechazó una subida del 16% del Consorcio de Aguas calificándola de “tarifazo”, pero ahora con los populares en el gobierno “la subida va a ser de más del 100%, y lo ven como algo normal y necesario porque no se había subido con anterioridad”.
Y en cuanto a la modificación de la tarifa a las viviendas con fines turísticos, el también secretario general del PSOE de la ciudad asegura que esa medida fue una propuesta socialista aprobada en enero, en la que se solicitaba tanto la modificación de la tasa del agua como la de la basura para que estuviesen sujetas a la tarifa industrial-comercial.
AIG: “LA FALTA DE SANGRE DEL ALCALDE LA TERMINAMOS PAGANDO LOS GADITANOS”
Por su lado, desde Adelante Izquierda Gaditana inciden en que “efectivamente las tarifas no se actualizaban desde 2014, gracias a que en el anterior mandato (con gobierno izquierdista) se asumió hasta 2,1 millones de euros en subida del agua con fondos propios”, pese a que “se heredó una empresa con más de 10 millones de deuda y que despilfarraba el dinero público de los gaditanos en caprichos para los concejales del PP”. “Sin embargo, preferimos aplicar medidas que no repercutieran en la ciudadanía en un ejercicio de responsabilidad social y que ahora no se quiere aplicar, porque los vecinos no son su prioridad”, se queja el portavoz municipal de AIG, David de la Cruz.
“Lamentablemente, la falta de sangre del alcalde para reclamar a la Junta las infraestructuras en materia de ahorro de agua que le debe a Cádiz la terminamos pagando los gaditanos”, reitera este partido de la oposición. “Y mucho nos tememos que esa subida progresiva esté calculada a la baja y se vaya a disparar con el tiempo”, se deja caer.
Por otro lado, De la Cruz llama la atención sobre los cálculos que se anuncian que con la aplicación de la tarifa comercial-industrial a los pisos turísticos, estos lleguen a pagar igual o menos que con la tarifa residencial: “es decir que, no solo sube el precio a la ciudadanía, sino que además esta medida sigue blindando y favoreciendo la turistificación”. Para el portavoz izquierdista, “habría que subir mucho más la tarifa a quien más gasta, como los hoteles y grandes empresas, y sin embargo el PP prefiere que sea la ciudadanía gaditana, que es ejemplar con el consumo responsable de agua, la que pague por el derroche de unos cuantos”.
AIG critica además haberse enterado de esta subida a través de la prensa y sin haber sido informados previamente en el consejo de administración de Aguas de Cádiz de las medidas, “en un nuevo ejemplo de rodillo autoritario al que ya nos tienen acostumbrados”, sin permitir que los miembros de este órgano competente puedan hacer sus aportaciones a la empresa municipal.
IU: “NO SE HA INICIADO LA MODIFICACIÓN NI DE LA TASA DE AGUAS NI DE BASURA”
También se ha pronunciado al respecto Izquierda Unida (parte integrante de la coalición IAG), que tacha de “intento de blanqueamiento” la propuesta anunciada por Aguas de Cádiz consistente en equiparar el pago de las viviendas turísticas al resto de actividades comerciales: “la idea surge precisamente de una propuesta nuestra de mediados de enero para que se modificara las ordenanzas fiscales de agua y basura para que paguen más por ser una actividad económica y no tener un uso residencial”.
No obstante, advierte que el hecho de equiparar el pago de las VUT al resto de la actividad comercial “no es suficiente”, y va a seguir insistiendo en la necesaria reforma de las tasas de agua y basura para que incorpore “elementos de progresividad fiscal” que por un lado consiga que estas actividades paguen en proporción al gasto que generan, y que “disuadan” para que “sea menos rentable económicamente poner una vivienda en alquiler turístico frente al residencial”.
“En caso de que todo quede así sin ir más allá, podrá entenderse todo como un blanqueamiento de Bruno García y su equipo frente a la ciudadanía”, interpretan desde IU, que apostilla que “no lo vamos a permitir y continuaremos realizando campañas e informando a la ciudadanía de la necesidad y el derecho de los gaditanos a seguir viviendo en su ciudad”.
