La Oficina Municipal de Vivienda (Omdevi) del Ayuntamiento de Cádiz y el protocolo antidesahucios, puestos en marcha durante el presente mandato, han registrado un leve aumento del número de casos cerrados favorablemente. En su tercer año de vida, se han atendido ya a 354 familias y/o personas que han acudido a este recurso ante el riesgo de perder su vivienda habitual, en algunas de las distintas fases de intervención contempladas en el protocolo municipal de prevención de desahucios (prevención, mediación y protección).
Así, a punto de cumplir sus tres años de vida (entró en vigor el 4 de diciembre de 2015), la edil de Vivienda, Eva Tubío, ha hecho balance y ha subrayado que en este tiempo “se han puesto todos los esfuerzos por dar una solución a aquellas personas que se han visto con el problema de tener que abandonar la vivienda por diferentes causas”. En todos ellos “hemos intentando mantener la vivienda y en los casos que no se ha podido cumplir, hemos ofrecido una alternativa habitacional”.
En cuanto a la estadística, de los 354 casos que han sido atendidos desde el inicio, 276 han sido en concepto de arrendamiento de vivienda (78%), 37 por préstamos hipotecarios (10,5%) y 41 casos de situaciones en precario (11,5%). Se considera régimen de tenencia en precario, aquellos casos en los que los ocupantes no disponen de título de uso de la vivienda o eran familiares de la propiedad que se la ha cedido temporalmente u otras formas de cesión sin título.
Con respecto a los dos primeros años, “han aumentado los casos de arrendamientos, casi un 2%, frente a otras formas de tenencia de la vivienda y se consolida la tendencia de que las situaciones atendidas de uso en precario de la vivienda superan a los casos derivados de hipotecas. Hemos comprobado que tienden a disminuir, siendo muy puntuales, los casos hipotecarios”, puntualiza la concejala responsable en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Sobre la distribución, se ha mantenido la misma proporción que en años anteriores en cuanto a la ubicación de la vivienda dentro del municipio: del total de casos atendidos un 70% la vivienda se encuentra en el casco histórico y un 30% en extramuros.
La mayoría de las derivaciones a la Oficina Municipal de Vivienda son a través de los Servicios Sociales, a instancia de la trabajadora social de zona que atiende a la familia y a la que acuden en un principio y desde la oficina de Procasa, ya que aquí consultan sobre su problema de vivienda, y sobre todo, a asesorarse por el servicio municipal de asesoramiento al inquilino (Siami) y a inscribirse o actualizar su situación en el Registro Demandante de vivienda protegida.
Son pocos (un 6% del total), los que vienen derivados del Juzgado porque han recibido información allí en el momento de recibir la demanda judicial o desahucio, en virtud al protocolo de colaboración municipal-judicial en materia de desahucios, firmado entre el Ayuntamiento y el Decanato de los Juzgados de Cádiz en noviembre de 2015.
MÁS DEL 45% DE LOS CASOS RESUELTOS
De los casos atendidos en estos casi tres años, del total de 354, 162 expedientes están cerrados y resueltos favorablemente “bien porque hemos conseguido que se quedaran en la vivienda (61 familias) o bien porque se han instalado en otra alternativa habitacional adecuada (101 familias)”, concreta Tubío. Además, “se han cerrado 25 expedientes tras abandonar la intervención-mediación por falta de colaboración y/o documentación del interesado”. Entre los 162 expedientes cerrados favorablemente, 93 casos tenían señalado fecha de lanzamiento de la vivienda habitual por parte del Juzgado, habiéndose paralizado el procedimiento de desahucio judicial.
Asimismo, esta edil de Ganar Cádiz en Común resalta que si durante los dos primeros años de funcionamiento del protocolo antidesahucios se cerraron favorablemente un 42% del total de los casos atendidos, en el global de los tres años “se ha aumentado llegando a ser del 45,8%”.
Por el contrario, se han cerrado 16 expedientes con resolución desfavorable, ya que, ante el riesgo de pérdida de la vivienda, se entrega voluntariamente la casa sin conseguir otra alternativa habitacional adecuada o porque han acudido a este recurso municipal con un requerimiento o procedimiento judicial muy avanzado, sin posibilidad de intervención o mediación.
El resto de expedientes, 151 casos, mantienen la intervención en alguna de las fases contempladas en el protocolo: prevención, mediación y protección.
