El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha mostrado el “respaldo total” del equipo de Gobierno municipal de Sí se puede y Ganar Cádiz en Común a las reivindicaciones de la Marea de Pensionistas, que desde hace meses lucha por el “presente y futuro” de las pensiones.
Así se lo ha trasladado el primer edil en una reunión mantenida en la Alcaldía con sus representantes en la ciudad en la que ha mostrado su apoyo tanto a las reivindicaciones como a las movilizaciones emprendidas por el movimiento para exigir “unas pensiones justas”.
El pasado sábado 5, esta marea convocaba la última de sus protestas hasta el momento, bajo el lema “hemos ganado una batalla, pero no la guerra”, después de que el Gobierno central del PP haya acordado con el PNV (para lograr su apoyo a los PGE 2018) una subida de las pensiones del 1,6% en este 2018, en base a la inflación, y según el IPC en 2019. Aumentaría también la base reguladora de la pensión de viudedad al 54%, en este año, y el 60% en 2019.
Aunque en números concretos, supone que “las pensiones mínimas aumentarán 18 euros al mes. Una pensión de 598 euros, se pondrá en 616 euros”; “las pensiones no contributivas sólo subirán 11 euros al mes”; “las pensiones de hasta 700 euros mensuales, se incrementarán en 10,50 euros”; “las de entre 700 y 800 euros, percibirán 7,8 euros más al mes”; y “las viudas con 65 años, sin otros ingresos, recibirán 32,14 euros al mes, por el aumento de la base reguladora, hasta los 671,44 euros”. “¿Qué suponen estas insignificantes mejoras si las comparamos con la elevación de los precios en alimentos básicos, energía y servicios?”, se pregunta este colectivo, que antes ya ha salido a las calles del país los días 22 de febrero, 17 de marzo y 16 de abril. Movilizaciones –a parte las que están llevando a cabo CCOO y UGT de forma paralela- que, agregan, “están cambiando las estrategias políticas de unos y los intereses partidistas de otros, pero no nos conformamos”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, González Santos ha criticado que se esté “especulando y potenciando fondos privados de pensiones en vez de subir un derecho fundamental como es el de las pensiones públicas”.
“El sistema de pensiones público es viable y sostenible frente a los intentos de impulsar fondos privados de pensiones para encontrar nuevos nichos de negocio y saqueo de las clases trabajadoras. Fondos que en muchos casos han significado la ruina de pensionistas por la quiebra de los mismos”, reflexiona el primer edil de la agrupación de electores promovida por Podemos.
Asimismo, el alcalde ha reseñado la importancia de “invertir en una subida digna de las pensiones de nuestros mayores porque dinero hay, ya que se han destinado 10.000 millones en armamento, 122.122 millones en salvar a los bancos y se ha concedido 2.000 millones para las empresas que explotan unas autopistas más que amortizadas a costa de nuestros bolsillos”.
Desde la Marea Pensionistas han reivindicado no pertenecer ni a ningún partido ni a ningún sindicato. Y entre sus exigencias se encuentran la de recoger las pensiones como un derecho en la Constitución e incluirlas en los Presupuestos Generales del Estado, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y recuperar el subsidio para mayores de 52 años.
Además, solicitan una pensión mínima de 1.080 euros que garantice con dignidad la vida con relación a criterios de la Carta Social Europea, la revalorización autonómica de las pensiones en relación al IPC real y la recuperación económica desde 2011, entre otras cuestiones.
UGT Y CCOO, CONCENTRADOS ANTE LA TESORERÍA
Curiosamente, este mismo miércoles, CCOO y UGT han realizado en Cádiz una concentración ante las puertas de la Tesorería de la Seguridad Social para seguir con las movilizaciones que desde meses atrás se están llevando a cabo para la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 que ha supuesto la ruptura del necesario Pacto de Estado en materia de pensiones.
“Las subidas de las pensiones anunciadas por el Gobierno y sus socios parlamentarios, durante la negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018, son, en realidad, consecuencia de las movilizaciones sociales que vienen produciéndose desde hace meses en protesta de esta reforma”, evidencian los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, añaden, “dichas subidas son una medida insuficiente, que no resuelve el problema de fondo, pues solo se aplicarán en 2018 y 2019, condenando posteriormente a todos los y las pensionistas a un mísero incremento del 0,25%”.
Asimismo, el Gobierno de Rajoy ha decidido posponer en año electoral la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023. Una decisión que “supone únicamente meter en el congelador durante un máximo de cuatro años (puede ser menos) el problema generado por la reforma impuesta por la derecha en 2013, que de no derogarse incidirá negativamente en las futuras pensiones, que verán recortadas sus cuantías”.
