El concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha cuestionado los recursos que interpone la Subdelegación del Gobierno central “sólo” contra la bandera republicana. Así se ha pronunciado tras conocer por los medios la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz en la que señala que el Consistorio infringió el ordenamiento jurídico al colocar la bandera de la II República frente a las Puertas de Tierra el pasado mes de abril. Dicha sentencia, que exige además el pago de las costas -más de 1.000 euros-, insiste en que las administraciones públicas deben ceñirse al uso de banderas y símbolos que estrictamente marca la ley.
Vila ha vuelto a recordar que la colocación e izado de esta bandera en los jardines frente a las Puertas de Tierra se enmarcaba dentro de las II Jornadas por la Memoria organizadas por el Ayuntamiento y “se hizo en este lugar que justo unos meses antes fue reconocido por la Junta de Andalucía como lugar de Memoria Democrática al reconocerse que cientos de gaditanos fueron fusilados en esta zona por su defensa de las libertades”.
Este edil de Ganar Cádiz en Común ha apuntado en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que cuando se tenga dicha sentencia –que se estudiará por si se considera oportuno recurrir-, el equipo de Gobierno “asumirá su sentir” aunque “no la podemos compartir porque la colocación de esta bandera no busca simpatizar o buscar complicidad con otro modelo de Estado sino reconocer a cuantos fueron asesinados en este país por el golpe de Estado de 1936 y durante la represión en la dictadura”.
Igualmente, ha hecho hincapié en que “el PP pone excesivo celo en seguir impidiendo este tipo de actuaciones en justicia, verdad y reparación. Por eso hizo que la Subdelegación del Gobierno recurriera el acto que ha dado lugar al pronunciamiento”. Al hilo de esto interpreta que “se utiliza en este caso el derecho para buscar la forma de impedir que se siga profundizando en materia de memoria histórica”.
Finalmente, Martín Vila ha cuestionado el interés partidista que realiza los conservadores con la bandera tricolor puesto que “ni es la primera que se coloca en el balcón del Ayuntamiento ni en otro punto de la ciudad” haciendo alusión a los izados de la bandera trans o del movimiento scout. “Pero a la derecha le molesta tan solo ésta”, se queja. “Mientras que en otros países como Alemania están en otro momento histórico respecto a los totalitarismos que vivieron, en España parece que la derecha no quiere pasar pantalla”.
A colación, en un Comité Ejecutivo Provincial del PP, su presidente Antonio Sanz ha lamentado que el alcalde, José María González ‘Kichi’, sea “capaz de saltarse las normas y creer que este juego lo tienen que pagar los ciudadanos”. Por ello, este partido –sí, el mismo que está sentado en el banquillo por incontables casos de corrupción por todo el Estado- le ha llegado a reclamar que “respete la ley y la democracia, y que pague de su bolsillo, y no de las arcas municipales, las costas de este proceso judicial”. “Sr. Sanz, hagamos un trato: yo pago los mil euros de la bandera y el PP los 275 millones de deuda que dejó en mi ciudad”, ha replicado ya el primer edil de Por Cádiz sí se puede a través de sus redes sociales.
UN FALLO SIMILAR POR LA TRICOLOR EXHIBIDA EN 2016
Si ahora se conoce este fallo, a mediados de septiembre el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 dictaba sobre otro controvertido recurso similar presentado por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en abril de 2016 contra la actuación del Ayuntamiento de la capital por el izado de la bandera republicana en un mástil adicional en la fachada del Consistorio, en la conmemoración del 14 de abril.
Para este juzgado, el acto “no fue conforme a derecho” ya que “se contraviene el principio de neutralidad política que debe presidir la actuación de la administración pública”. En concreto, de dicho fallo se entresaca que en edificios públicos no puede colocarse otra bandera que “no sea la oficial o la propia del municipio”. Lo que también hace deducir que cuando se ha izado –en ese cuarto mástil extra- la bandera LGTBI o la scout también se incumple la ley; pero entonces el PP mira para otro lado y no corre a denunciar.
