La Justicia se ha puesto del lado de la empresa municipal Aguas de Cádiz en el caso del deteriorado emisario de pluviales de Santa María del Mar. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo acaba de condenar a la Junta de Andalucía, la misma que lleva años mirando a otro lado y buscando excusas, a ejecutar las obras necesarias para la reparación, así como asumir las costas.
Si bien, la sentencia aún no es en firme puesto que la administración autonómica (en manos de la derecha) dispone de un plazo de 15 días, hasta el 21 de mayo, para interponer un recurso. Pero la empresa municipal, ahora presidida también por el PP, dice recibir la sentencia que le otorga la razón como “algo muy positivo para la ciudad”.
Aunque esta demanda parte del anterior mandato, cuando gobernaba en el Ayuntamiento la izquierda. Tras años de requerimientos a la Junta, ignorados, se decidía en noviembre de 2022 iniciar trámites legales ante esa negativa a dar solución a la situación del colector de aguas pluviales de Santa María del Mar, una infraestructura en “situación límite” por el importante estado de deterioro en el que se encuentra. De hecho, en los últimos meses se han tenido que volver a ejecutar trabajos de urgencia.
En concreto, Aguas de Cádiz acudía al Contencioso Administrativo para exigir responsabilidad a la Junta y a todos los agentes que participaron en el diseño, proyección y ejecución del proyecto por las deficiencias presentadas desde la entrega de las obras del emisario de aguas pluviales, reclamando la reparación de desperfectos por vicios ocultos y daños continuados en el aliviadero. Fue e julio de 2023 cuando dicha demanda se admitía a trámite.
Estas obras corresponden al convenio marco para la ejecución de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales en la ciudad suscrito entre la Junta y el Ayuntamiento. La Agencia Andaluza del Agua proyectó tres aliviaderos de aguas pluviales en La Paz-Puntales, Cortadura y Santa María del Mar, que vierten mar adentro mediante emisarios submarinos para evitar los desagües directos en los paseos marítimos. Las obras, en las que se invirtieron unos 8 millones de euros, comenzaron en 2007 y se dieron por terminadas en 2011.
Sin embargo, ya durante la ejecución hubo que subsanar defectos de construcción, y en 2009 el colector quedó al descubierto por efectos de las mareas provocando la rotura del paseo marítimo que se proyectó para la protección de la conducción. Durante la obra, por tanto, se decidió modificar la protección colocando bloques de hormigón, pero no se garantizó la protección frente a la regresión de la playa por lo que los deterioros siguieron y se produjeron nuevos y mayores daños en 2014, en 2016 y en 2018 ya que los temporales destruyen la protección.
TRABAJANDO EN LA “SOLUCIÓN DEFINITIVA”
En este punto, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, desde Aguas de Cádiz se aclara que se sigue trabajando para dar una “solución definitiva” a este problemático aliviadero de pluviales “a expensas de posibles recursos que se interpongan” con el fin de garantizar la mejor solución medioambiental y para los usuarios de la playa.
Por ello, continúa con el proceso de licitación de la redacción del proyecto de reparación del aliviadero de Santa María del Mar, que ha recibido cinco ofertas: Studio 7 Soluciones Integrales, Ibervias Ingenieros, Idom Consulting Engineering Architecture, Invall y Tecnicas Gades se disputan este contrato que ronda los 70.000 euros.
El aliviadero en la zona del ramal 1, entre la plaza Asdrúbal y la calle Marianista Cubillo, tiene un tramo bajo los bloques y otro en paralelo a la ribera del mar que ha sufrido continuos desperfectos debido a los efectos de la degradación marítimo terrestre propios del litoral.
El continuo efecto de las mareas ha hecho descender la cota de arena provocando desprendimientos y oquedades en las rocas, así como desperfectos y roturas en el propio tubo colector como la sufrida el pasado mes de marzo en la que se ha tenido que actuar de emergencia con el fin de evitar vertidos de aguas pluviales directamente a la zona terrestre, afecciones a terceros, daños sanitarios, medioambientales y daños económicos.
AIG CONFÍA EN QUE LA JUNTA “SEA RAZONABLE Y NO RECURRA LA SENTENCIA”
“Estábamos seguras de que sería favorable y como tal esperábamos esta resolución que hace justicia con el buen hacer del anterior equipo de Gobierno, especialmente de su expresidenta, Ana Fernández, y del equipo técnico de Aguas de Cádiz”. Así han valorado ya desde Adelante Izquierda Gaditana la sentencia del Contencioso Administrativo. “Aún así ya nadie puede borrar la campaña de desprestigio auspiciada durante todos esos años por el PP de Juan José Ortiz, José Manuel Cossi y Bruno García”, añade la concejala izquierdista Lorena Garrón.
Destaca además que desde el principio el anterior equipo de Gobierno de Adelante Cádiz “nunca quiso hacer política de enfrentamiento con la administración andaluza ya que prevalecía la urgencia de encontrar la solución definitiva a un proyecto urgente de ciudad como es el asegurar el mejor estado de nuestras playas por encima de cuestiones partidistas”. “Más allá del proyecto fallido que se hizo con el aliviadero, la mala ejecución y que nunca se recibió la obra por este motivo, Aguas de Cádiz centró su trabajo en buscar soluciones y en pedir la colaboración de los demás partidos para conseguir lo que se consideraba de justicia”, insiste.
Es más, esta concejala que el pasado mandato formaba parte del Gobierno de José María González ‘Kichi’ detalla que “en aquel momento teníamos el visto bueno y la voluntad de los técnicos de la Junta para sentarnos a resolver el asunto entre todas las partes, e incluso habíamos redactado desde Aguas de Cádiz el anteproyecto para agilizar los trámites; sin embargo a nivel político nunca hubo voluntad de que esas reuniones se hicieran efectivas”.
Es más, se le solicitó en varias ocasiones al entonces concejal de la oposición, el popular Juan José Ortiz, como consejero delegado de la empresa municipal que facilitara esa reunión, siempre desde el punto de vista técnico, para encontrar la mejor solución: “como respuesta no solo nos encontramos con la negativa sino que además nos acusó de mala gestión e incluso llegó a pedir la dimisión de la compañera Ana Fernández como presidenta de Aguas de Cádiz; con lo que ahora demuestran dos cosas: o son sectarios o son unos negligentes por no atender a las demandas técnicas que recibieron durante todo este tiempo atrás y que tuvo que derivar en esta denuncia”.
Lorena Garrón espera ahora que el Gobierno de Moreno Bonilla “sea razonable y no recurra una sentencia que tanto el equipo de Gobierno anterior como el equipo técnico de Aguas de Cádiz por aquel entonces estaban seguro de que sería favorable. Y que por fin la Junta cumpla por primera vez con alguno de los proyectos que le debe a Cádiz y a sus ciudadanos”.
