El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha absuelto a delegados de CSIF que participaron en una serie de protestas el pasado verano, en la que pedían la dimisión de la directora del centro de salud del Mentidero de la capital gaditana “por sus formas y actitudes despóticas”. La sentencia señala que las expresiones, por las que fueron denunciados, dirigidas a esta directora se realizaron “al amparo de la libertad de expresión y de libertad sindical”.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha absuelto a los delegados de CSIF que participaron en una serie de protestas el pasado verano, en la que pedían la dimisión de la directora del centro de salud del Mentidero de la capital gaditana “por sus formas y actitudes despóticas e irrespetuosas hacia la plantilla”.
De esta manera, este sindicato aplaude que la Justicia “corrobore y deje claro” los derechos sindicales que asisten a los trabajadores, “sobre todo cuando denuncian los ataques contra los derechos laborales que puedan sufrir”. De hecho, la petición de dimisión de la directora fue apoyada por más de la mitad de la plantilla del ambulatorio, “dadas las actitudes irrespetuosas de la directora hacia los propios trabajadores”, de forma que CsIF le comunicó que pondrían en marcha todas las herramientas de denuncia disponibles con que cuenta la organización.
La sentencia conocida ahora señala que las expresiones dirigidas a la directora se realizaron “al amparo de la libertad de expresión y de libertad sindical (derechos fundamentales constitucionales)”. CSIF considera en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que si no fuese así, “los trabajadores y los sindicatos perderían todos sus derechos de reclamar mejoras laborales y de denunciar injusticias”.
Así, la sentencia explica que las expresiones por las cuales los delegados sindicales fueron denunciados “carecen de relevancia penal” y que los denunciados no tenían intención de amedrentar o coaccionar a la denunciante sino que le pedían la dimisión en el libre ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución y en las leyes.
Con todo esto, CSIF espera que los responsables de las administraciones públicas “cesen en el empeño de coartar a los representantes sindicales a través de denuncias penales de este tipo, porque, además de perder los juicios, acaban pagando las costas con dinero público, que bien podría invertirse en mejorar los servicios públicos y las condiciones de trabajo de sus empleados”.
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