La consejería de Educación de la Junta ha sancionado con dos meses y medio de suspensión de sus funciones a un profesor del IES Fernando Aguilar Quignon de la capital gaditana, como consecuencia de un expediente disciplinario abierto a raíz de sus denuncias de presuntas irregularidades en el centro. CGT considera “inaceptable” que tanto la delegación territorial como la consejería “en lugar de investigar prefieran ‘matar al mensajero’ y sancionar al profesor denunciante”.
La consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha sancionado con dos meses y medio de suspensión de sus funciones a un profesor del IES Fernando Aguilar Quignon de la capital gaditana, antiguo instituto Bahía de Cádiz, como consecuencia de un expediente disciplinario abierto a raíz de sus denuncias de presuntas irregularidades en el centro. El sindicato de Enseñanza de la CGT considera “inaceptable” que tanto la delegación territorial como la consejería “en lugar de investigar presuntas irregularidades que perjudican gravemente a la escuela pública andaluza prefieran ‘matar al mensajero’ y sancionar al profesor denunciante”.
Entre esas irregularidades denunciadas por el docente están: presuntas compras irregulares en el instituto; la posible adjudicación de la cafetería sin cumplir la normativa vigente “beneficiando a un familiar cercano”; y la contratación “atípica” de personal sin oferta pública de empleo durante más de diez años.
Para este profesor, relatan desde CGT en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “todo se ha ido complicando enormemente” desde que hace cinco años denunciara las presuntas compras irregulares ante la Inspección de Educación de Cádiz. “Viene soportando que sus denuncias, lejos de ser investigadas y auditadas, hayan sido archivadas sin mediar palabra y que a esto se le sume el acoso laboral que padece en su centro, especialmente procedente del Departamento de Informática al que pertenece, que comenzó a hacerle la vida imposible”, realizando las siguientes actuaciones: cambiar a mitad de curso la programación de uno de los módulos que él impartía, “creando una situación muy complicada con el alumnado al que se perjudicaba sin justificación alguna”; dar aprobado general de todo el alumnado que presentara reclamación sobre los módulos que él impartía, “animándolos además a hacerlo”; y no facilitarle el material necesario para realizar su trabajo.
Todo esto le llevó a denunciar la situación ante la delegación territorial de Educación, que le respondió que “todo se estaba realizando adecuadamente”.
Ante esta situación y teniendo además conocimiento de posibles prácticas irregulares en la licitación del bar del instituto y de una atípica contratación de personal, presentó denuncia ante la delegación de Educación para que se investigaran estos hechos. El resultado ha sido que, “lejos de investigar estas denuncias, se le han abierto dos expedientes y se le ha sancionado con dos meses y medio de suspensión de funciones”.
El sindicato CGT lamenta que tanto a la delegación territorial como a la consejería “parece que les resulta más fácil sancionar al denunciante, para que le sirva de escarmiento quizá, que abrir una investigación que aclare las posibles irregularidades que deterioran manifiestamente la calidad de la enseñanza pública andaluza”.
Se destaca además que el profesor sancionado, como padre, perteneció e incluso presidió el Ampa del CEIP Reyes Católicos de Cádiz y luchó muy activamente para impedir el cierre de este colegio y del CEIP Carola Ribed, “lo que le supuso un enfrentamiento directo con la delegación territorial que parece ser que aún no ha sido perdonado”.
