Tras el aviso del propio Ayuntamiento de Cádiz meses atrás (por cerca de 300 pisos turísticos “ilegales” registrados a lo largo de 2023), la Junta de Andalucía ha procedido de momento a la anulación de 155 de esas inscripciones de VUT (Viviendas de Uso Turístico, las antiguas VFT, Viviendas con Fines Turísticos) en el Registro de Turismo de Andalucía, y sigue revisando otras 122 inscripciones.
En concreto, dichos pisos incumplen la normativa municipal frente a la turistificación que se aprobaba durante el pasado mandato a iniciativa del gobierno local izquierdista (y el rechazo del PP, entonces en la oposición); una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que señala que en suelo residencial en el centro histórico sólo se pueden situar pisos turísticos en fincas catalogadas como 0 y 1 (las que cuentan con máximo grado de protección), mientras que en extramuros únicamente se pueden habilitar en planta baja, primera y segunda.
Izquierda Unida, parte integrante de Adelante Izquierda Gaditana, ha mostrado su satisfacción por este anuncio de la misma Junta de derechas que en su momento amenazó con recurrir la normativa del Ayuntamiento con José María González ‘Kichi’ de alcalde.
A decir de la portavoz de IU Cádiz, Laura Cubero, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, esta medida “fue y ha sido pionera en Andalucía, demostrando que los ayuntamientos pueden poner límites a la especulación inmobiliaria ligada al turismo sin control, lo que muchos sectores de la ciudad negaban que fuera posible, PP incluido”. De hecho, la tramitación de dicha modificación puntual del PGOU “tuvo numerosos obstáculos, incluido el bloqueo del PSOE que siempre dudó de la legalidad de la norma y retrasó su aplicación durante más de año y medio”.
“SE DEMUESTRA QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN PONER LÍMITES A LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA LIGADA AL TURISMO SIN CONTROL”
Recuerda Cubero no obstante que, a pesar de la satisfacción por la aplicación de la norma municipal, “el propio Bruno García (entonces parlamentario autonómico) orquestó desde la Junta de Andalucía el recurso que se mantiene en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por lo que no deja de ser una paradoja que la Junta aplique la norma, reconozca en el Decreto de VUT que los ayuntamientos pueden limitar, y mantengan a día de hoy el recurso en el TSJA a la modificación del Plan General”.
“Además de aplicar la norma, por dignidad, todos aquellos que alarmaron falsamente y bloquearon la aprobación de la norma, en particular PP y PSOE, deberían de asumir responsabilidades por todas las inscripciones que se hicieron desde que el fenómeno de las VFT comenzó a generar problemas en la ciudad hasta que se aprobó la norma”, consideran desde IU.
Por último, este partido quiere agradecer “la labor de seguimiento y de presión ejercida” por las iniciativas que se presentaron en el mes de enero en el Parlamento de Andalucía por parte de la diputada izquierdista Inma Nieto, “para exigir que la Junta actuase y rindiese cuenta de las actuaciones que debía de llevar a cabo”.
