El Ayuntamiento de Cádiz ha recibido ya notificación de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo del pleno municipal del pasado mes de septiembre por el que se aprobó una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitar las casas de apuestas en la ciudad; sólo contó con la abstención del PP.
A mediados de noviembre, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba esa aprobación definitiva; este cambio obliga a los nuevos negocios de este tipo a instalarse a más de 500 metros de distancia equipamientos escolares, deportivos o socioculturales, con idea de que “no estén cerca de donde los jóvenes hacen su vida”.
Y ahora llega este recurso presentado por la Junta (con Gobierno de PP y Cs alentando por la extrema derecha), a través de la consejería de Hacienda, la patronal del juego y un particular al que el Consistorio gaditano le suspendió la petición de licencia para instalar una casa de apuesta, en aplicación de una moratoria. En esta misma situación se ha visto el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, al que el equipo de Gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ trasladaba esta misma semana su apoyo.
Ante estos requerimientos, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz el concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha calificado como “gravísimo” este asunto, pues supone “una agresión sin precedentes al municipalismo”, incidiendo en que las administraciones locales tienen “plena potestad” para definir el modelo de ciudad de sus municipios.
Y además, recuerda que en el expediente que se aprobó en pleno “existe un informe favorable de la delegación territorial de Fomento de la Junta en Cádiz y de la delegación territorial de Salud, sin que la delegación de Hacienda se pronunciase”, por lo que la administración autonómica “avaló en su día el paso que dimos para determinar las condiciones de implantación de las casas de apuestas en suelo urbano”. “No obstante, ahora, la consejería de Hacienda actúa de forma coordinada con la patronal del juego y emite informe e insta a la letrada de la Junta a que presente recurso”, denuncia Vila.
A su vez, el edil de Urbanismo acusa al Gobierno andaluz de derechas de estar llevando a cabo “una política criminal, un matonismo político que se salta hasta la autonomía local”. “Esas son las formas del PP, Ciudadanos y Vox al frente de la Junta, que están persiguiendo a los ayuntamientos que hemos modificado o quieren modificar el PGOU para que no se instalen más casas de apuestas en nuestros barrios”. Por el momento, el Ayuntamiento de Cádiz es el único que ha dado este paso, los otros consistorios, como el de Alcalá de Guadaira, están en trámite.
Asimismo, Martín Vila lamenta la incoherencia de que “quienes gestionan nuestra sanidad persigan medidas que pretenden proteger la salud”, y apunta la inquietud que le genera que “gente sin escrúpulos se encuentren al frente del Gobierno andaluz”. “Mira que ya llevamos unos cuantos años en esto y, pese a ello, todavía hay veces que me sorprende y me retuerce la mezquindad de esta derecha”, anota.
“Entre las familias arruinadas y los poderosos, la Junta se pone del lado de los segundos. Entre proteger a las personas que sufren ludopatía o proteger el negocio de sus amiguetes, ellos eligen a sus amiguetes. Y Entre cuidar a nuestra juventud y alejar el juego de los espacios que frecuentan o que unos cuantos se enriquezcan por mucho dolor que provoquen, prefieren el dinero a toda costa. Su único interés es defender los beneficios de las multinacionales del juego”, subraya por su lado el alcalde de Cádiz.
Al respecto, González Santos avanza que el Ayuntamiento “llegará hasta las últimas instancias para defender la autonomía local y la salud de nuestros vecinos frente a las casas de apuestas”.