Los activistas que intentaron posponer un desahucio en la calle Benjumeda, en Cádiz, el pasado 22 de junio -entre ellos concejales del equipo de Gobierno de Por Cádiz sí se puede- acaban de recibir la notificación del auto de archivo del juicio de faltas por desobediencia leve: “no resulta suficientemente probada la comisión de una infracción penal”. Ese auto reconoce que estas personas “no estaban teniendo un mal comportamiento; sólo defendían un derecho básico amparado por la legislación internacional”, remarcan desde Podemos.
Los activistas que intentaron posponer un desahucio en la calle Benjumeda, en Cádiz, el pasado 22 de junio -entre ellos los concejales David Navarro y Adrián Martínez, de Por Cádiz sí se puede- acaban de recibir la notificación del auto de archivo del juicio de faltas por desobediencia leve; un juicio que en principio se iba a celebrar a finales del pasado mes y que era suspendido por “causas de procedimiento”.
La jueza considera ahora que con la descripción de los hechos “no resulta suficientemente probada la comisión de una infracción penal” y que la conducta denunciada “es atípica conforme a la actual regulación”.
Desde Podemos Cádiz se considera en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que “siempre que los juzgados estimen que no hay que tomar represalias contra los activistas por los derechos humanos es una buena noticia”. Por eso, “estamos contentos porque, tal y como dice el auto, nuestros compañeros no estaban teniendo un mal comportamiento; sino que sólo defendían un derecho básico amparado por la legislación internacional”.
Este partido sentencia que “pese a la ley mordaza que pretende silenciar nuestra voz, seguiremos estando allá donde se den situaciones injustas. Somos conscientes de que el poder de las instituciones es limitado y, por ello, debemos estar donde ellas no pueden llegar. Nuestro compromiso es y sigue siendo con aquellos a los que este sistema económico margina”.
Pese a no poder evitarse aquel mediático desalojo dictado por el juez –el mismo alcalde José María González ‘Kichi’ intentó mediar con todas las partes en plena actuación policial y judicial-, dicha alternativa se encontró 48 horas después gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el portavoz de la Corrala de la Bahía y el propietario gaditano de una vivienda en el barrio de Santa María que se solidarizó con esta familia al conocer su historia.
El primer edil ya dijo días atrás sentirse “orgulloso” de sus concejales y del resto de vecinos participantes en esta cadena humana que, de forma pacífica a las puertas de la vivienda, tratada de demorar ese desalojo y ganar tiempo para la mediación, “que han hecho lo mismo que miles de personas en este país desde hace siete años y que han provocado que lo desahucios no sean nunca más una vergüenza que haya que pasar en soledad sino un punto irrenunciable en la agenda política de todos los partidos”
Estos activistas han repetido desde entonces que no cometieron “ninguna ilegalidad” a las puertas de la casa de Benjumeda sino que “trataban de evitarla”. Y recuerdan que “quien incumple la ley es el Gobierno de España que no respeta las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” ya que en varias ocasiones lo han condenado por incumplimiento sistemático de compromisos firmados por el propio Estado español en materia de Derechos Humanos.
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