Siguen desconociéndose plazos y sin contarse con financiación concreta (de hecho, se hace depender de la iniciativa privada, y de fondos europeos), pero la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía dice dar un “nuevo e importante paso” con respecto a la eternizada Ciudad de la Justicia de Cádiz (que se viene prometiendo desde hace más de dos décadas): ha recibido una propuesta como estudio de viabilidad para impulsar el ansiado proyecto en los suelos cedidos gratis por el Ayuntamiento (durante el pasado mandato) en los antiguos depósitos de tabacos.
El documento registrado hace unos días por Iridium, Martín Casillas y Carmocon propone un emblemático edificio de nueva planta compuesto por tres torres (o bloques) de ocho plantas, más una bajo rasante, conectados pero independientes y cuyo diseño permite liberar espacio para crear una plaza pública que facilitará la conexión con la zona, abriendo así el complejo a la ciudad.
El estudio, “que ya está siendo analizado por los técnicos de la consejería”, se remarca en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, propone para el nuevo edificio tres bloques emergentes sobre una zona común, pero a su vez independientes, y cuyo característico diseño permitirá disponer de espacio libre para crear una nueva plaza pública entre este inmueble y el denominado edificio ‘Depósitos 1961’.
La propuesta formulada es la de un edificio icónico, que “nace con la pretensión de convertirse en la seña de identidad de la justicia en Cádiz”. El mismo, como planteó el consejero José Antonio Nieto el pasado noviembre, sorprendiendo a todos, se gestionaría por la fórmula de la concesión público-privada, “tal y como contempla la Ley de Contratos del Sector Público”.
Este régimen implica que la administración fija un canon anual a la empresa privada (que asume la construcción y explotación de su mantenimiento, buscando interesantes beneficios) por un plazo largo de entre 25 y 30 años. Nieto dejó caer en su momento que la estimación es que ese canon rondara entre 4 y 5 millones anuales.
Ahora, la propuesta estima que ese canon sería de 6,5 millones de euros durante 27 años (incluida la construcción, explotación, financiación y seguros) que, una vez cumplidos, supondrá la reversión del inmueble a manos de la Junta. Así, en total se pagarían más de 175 millones de euros por una Ciudad de la Justicia presupuestada hace unos meses en unos 70 millones.
INTEGRÁNDOSE EN LA LAGUNA Y LORETO-PUNTALES
Todo el complejo cedido gratis para la construcción de la Ciudad de la Justicia dispone de 20.018 metros cuadrados, incluyendo las naves y el resto de las construcciones, que acogerán los servicios complementarios a la Administración de Justicia. El nuevo edificio, al que hace referencia este estudio, se levantaría en los 7.802 m2 de los que dispone la parcela situada ante el edificio ‘Depósitos 1961’.
Esta nueva construcción completa así el conjunto arquitectónico conformado por las antiguas naves de Tabacalera, las casas de los ingenieros y el edificio ‘Depósitos 1961’. La nueva plaza que se crearía permite una sucesión de zonas libres desde la plaza Campo de la Aviación hasta los jardines de las naves históricas. Así, se insiste, “además de convertirse en un punto neurálgico de Cádiz, facilitará la conexión entre los barrios de La Laguna y Loreto-Puntales pues persigue ser un espacio que se integre en la ciudad”.
La consejería plantea la concesión de obra pública únicamente para la construcción del nuevo edificio ya que las naves, las casas de los ingenieros y el depósito serían rehabilitados por la propia Junta recurriendo a fondos europeos.
“FUNCIONALIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD”
“Funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad” definen los casi 18.000 m2 del edificio de nueva planta que construiría la iniciativa privada para acoger todos los órganos judiciales de Cádiz (incluida la Audiencia Provincial, liberando así el edificio ‘okupado’ en la Cuesta de las Calesas, propiedad de la Diputación) tanto los actuales como los futuros, repartidos en ocho plantas y una novena bajo rasante. De estos, 2.568 m2 son de sótano y hay que sumar 6.032 m2 entre espacios urbanizados y terrazas y cubiertas no transitables.
Con los metros cuadrados de las naves, el depósito y las antiguas casas de los ingenieros, la Ciudad de la Justicia de Cádiz rondará los 32.000 m2, frente a los 18.000 actuales repartidos en nueve sedes judiciales.
El diseño estructural del edificio icónico proyectado facilita la organización interna funcional de la soñada Ciudad de la Justicia. Este cuenta con un único acceso y control por el que se llega a un gran vestíbulo bajo las tres torres, y abierto a la nueva plaza, desde el que se gestionan las diferentes circulaciones: visitantes y personal de Justicia, que tiene acceso a la zona restringida del inmueble en sus tres torres. El vestíbulo dispone de doble altura sobre rasante que, mediante escaleras mecánicas, permite la movilidad de visitantes entre la planta baja y la primera donde se sitúan todas las salas de vista, juzgado de guardia y Registro. El SAVA y los servicios de mediación también estarán en esta planta.
La disposición de un acceso único facilita la organización y el control de entradas y salidas al edificio, no obstante, el diseño contempla la independencia funcional de la zona del inmueble en la que se ubicará el Juzgado de Menores y la Fiscalía. De esta forma, se garantiza la protección de los menores y la separación de las dependencias para adultos. Igualmente, la sala de bodas también contará con un acceso independiente, funcionando de forma autónoma con respecto al resto del edificio.
En cuanto al juzgado de guardia, con horario diferente al resto del complejo, se gestionará con recorridos privados, de tal forma que, a partir de cierto horario, aunque se acceda por el mismo lugar, solo estará permitido entrar en las dependencias de este. En el semisótano, el estudio propone disponer allí las áreas de detenidos y de detenidos de Menores, instalaciones generales, zona de aparcamiento y espacio para los furgones.
Las plantas de trabajo se plantean como grandes espacios diáfanos, abiertos y continuos que permiten la óptima iluminación natural interior de las torres posibilitando máxima flexibilidad en su configuración y generando diferentes ámbitos de trabajo. En la cuarta planta, cuando el edificio emerge sobre el entorno, contará con un elemento que lo hará singular: “una galería urbana que ofrece un balcón sobre la ciudad, con vistas a la Bahía de Cádiz y el puente de la Constitución de 1812 como fondo”. Una zona que, “de forma restringida, podría destinarse a usos como cafetería”, se sugiere.
Un edificio “compacto y lineal, que se protege con una piel de hormigón prefabricado a modo de celosía y con fachadas acristaladas en las zonas enfrentadas entre torres, garantizando de este modo una óptima iluminación interior y relación entre los tres volúmenes, y vistas sobre la Bahía a levante y la playa de la Victoria a poniente”, según recoge el estudio de viabilidad.
Todo ello “bajo criterios medioambientales que se basan más en la propia arquitectura del edificio que en tecnologías superpuestas, es decir, se apuesta por la organización constructiva, por la limitación de la demanda energética, la utilización de sistemas pasivos en la fachada y de materiales ecológicos, además de aprovechar la energía solar”. En este sentido, se plantea que el propio inmueble produzca energía fotovoltaica, gracias a la utilización de las cubiertas no transitables para ello.
“VENTAJAS DE LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA”
Este contrato de concesión que solicitan con su estudio Iridium, Martín Casillas y Carmocon comprendería la redacción del proyecto de ejecución del nuevo edificio, su construcción y puesta en servicio y la explotación de los servicios de limpieza, mantenimiento y conservación del inmueble. Antes de la firma del contrato se crearía una sociedad concesionaria, que sería la titular de este durante 27 años.
Por su parte, la Junta una vez que el edificio ya esté disponible para trasladar los órganos judiciales, a partir de que se apruebe el acta de comprobación de obra, abonaría un canon de 6,5 millones de euros anuales durante esos 27 años. Así, más allá de 2050 sería la propietaria del inmueble, tras abonar poco a poco más de 175 millones.
Desde el Gobierno autonómico de derechas se defiende que el uso de este tipo de contratos “tiene una serie de ventajas”, siendo la reducción de plazos una de ellas, ya que se recortan los plazos de una tramitación ordinaria, “lo que lo convierte en la fórmula idónea para que este tipo de grandes equipamientos, prometido desde hace décadas, salga adelante”. Además, permite el desarrollo de proyectos de gran envergadura “sin generar deuda pública”.
Este estudio de viabilidad, una vez que termine su revisión por los técnicos para determinar su idoneidad, será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su exposición pública y recepción de posibles alegaciones. Posteriormente, tendrá que ser aprobado por la Oficina de Evaluación Financiera de la consejería de Hacienda para su visto bueno.
