A mediados de pasado septiembre acudían al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz varios miembros del equipo de Gobierno local y activistas para declarar por la cancelación en instalaciones municipales de un ciclo de cine israelí en 2017, a raíz de la querella presentada “por delitos de odio” por la organización pro-sionista Acción y Comunicación sobre Medio Oriente (Acom), contra el Ayuntamiento de Cádiz y a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). Varios medios locales avanzan ya que la Fiscalía no ve nada de eso, y ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa.
La Fiscalía no encuentra motivos suficientes para ninguno de los dos delitos que ve Acom (odio y prevaricación) y considera que, en todo caso, la causa debería dirimirse en un juzgado Contencioso-Administrativo. En su escrito deja apuntes como que “es cuestionable” que la razón de la suspensión del ciclo fuera antisemita, ya que esa cancelación no estuvo vinculada al origen de las películas, sino a la organización por la Embajada de Israel.
El Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), en Cádiz, tenía programado a finales de septiembre de 2017 esa ya famosa muestra de cine israelí, en colaboración con la Embajada de Israel en España. Un ciclo que se suspendió una vez iniciado por parte de la concejalía de Cultura, al comprobarse que “entraba en contradicción” con el acuerdo de adhesión a la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI), adoptado por el propio Ayuntamiento en agosto de 2016, que pretende presionar al Estado de Israel visibilizando su responsabilidad en las graves vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino. No tardó aquel país de acusar al Gobierno municipal de “censura cultural” por “criterios políticos, algo que nos recuerda épocas oscuras de la historia contemporánea”.
En abril de este año ya trascendía que el Contencioso Administrativo condenaba al Consistorio (en costas procesales) por suspender dicha muestra. La misma Acom fue la que acudió a la Justicia. Esta entidad con sede en Madrid dice ser el grupo de referencia de la sociedad civil española que “lucha contra la discriminación antisemita y el hostigamiento contra el único estado judío, está comprometido con que estas actitudes y su ilegalidad no queden sin respuesta”.
EN EL JUZGADO “POR DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS”
“Vivimos la paradoja de estar declarando por defender los derechos humanos, en vez de sentarse en el banquillo quienes perpetran cada día el apartheid israelí contra el pueblo palestino”, subrayaba el alcalde, José María González ‘Kichi’, tras salir de los juzgados de San José el pasado 18 de septiembre. “No tenemos nada contra la cultura israelí, aunque sí contra la ocupación ilegal de Palestina”, incidía.
Junto a él, declararon los concejales Ana Fernández y Martín Vila, junto al activista de la Apdha Diego Boza. También estuvieron citados por la misma causa meses atrás los ediles Eva Tubío y David Navarro, y otros representantes del Ejecutivo gaditano anterior.
Para la Apdha, la organización pro-sionista denunciante interpuso su querella “haciendo un uso torticero de tipos penales como el artículo 510 pensados para la protección frente a la discriminación y el delito de odio dirigido a sectores vulnerables y que aquí es utilizado para intentar asfixiar y penalizar a quienes precisamente denuncian las vulneraciones de los derechos humanos, en este caso del pueblo palestino”.
Mientras, desde Acom, a raíz de su denuncia en Cádiz, lanzaban parrafadas como la siguiente: “los antisemitas enmascarados en un supuesto progresismo, los incitadores al odio, los que están acostumbrados a la impunidad de su violencia mientras se le llena la boca de falso humanitarismo, los que usan fondos de todos para crear una industria de chiringuitos para los amigos de los terroristas, a todos esos que se creían por encima de la ley, de la Constitución, de los tribunales y del resto de los españoles, se les ha acabado la bula. Vergüenza para ellos y conmiseración para las ciudades que los sufren como regidores por la irresponsabilidad de algunos votantes, que deberían reflexionar y tomar nota”.
La llamada estrategia de Boicot, Desinversiones y Sanción (BDS por sus siglas en inglés) promovida por entidades internacionales e inspirada en la campaña internacional de bloqueo al régimen sudafricano en tiempos del apartheid, incluye la iniciativa ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) que pretende presionar al Estado de Israel visibilizando su responsabilidad en las graves vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino. “Estas estrategias no tienen en ningún caso contenido antisemita ni se dirigen contra el pueblo judío. Es un Estado, el de Israel, el objetivo de sus denuncias en tanto que responsable directo de las vulneraciones de derechos humanos que se producen diaria y masivamente en su territorio”, se ha apostilla desde Nodo BDS de Cádiz. DIARIO Bahía de Cádiz
