La Fiscalía ha admitido que en el caso Loreto –archivado y reabierto por la Audiencia Provincial- no va a formular acusación ni contra el alcalde, ni contra su exconcejal de Medio Ambiente, ni su jefe de gabinete de Alcaldía, por aquellas declaraciones repitiendo lo recogido por el último informe realizado por Aguas de Cádiz sobre el corte de suministro que padeció dicha barriada en 2014; el PP quiso entender que se les acusaba de un “intento de envenenamiento”, y ahora ha mostrado su enfado con el Ministerio Público. El primer edil cree que “queda zanjada ya la denuncia”, y ruega no “judicializar” más lo que debe quedarse “en la arena política”.
Por segunda vez, al PP gaditano le sale mal su estrategia de llevar a los tribunales al alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, parece que con el único objetivo de poder hablar de “alcalde imputado” y equipararlo a los innumerables casos de investigados y salpicados por corrupción de su mismo partido.
La Fiscalía ha admitido que en este ‘caso Loreto’ no va a formular acusación ni contra el primer edil, ni contra su exconcejal de Medio Ambiente, ni su jefe de gabinete de Alcaldía, por aquellas declaraciones repitiendo lo recogido por el último informe realizado por Aguas de Cádiz sobre el corte de suministro que padeció dicha barriada en 2014; los populares quisieron entender que se les acusaba de un “intento de envenenamiento”.
La Audiencia Provincial decidió reabrir en enero la querella del PP por un presunto delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de Gobierno de Teófila Martínez en relación al controvertido incidente del corte de agua de Loreto, tras el recurso presentado por la derecha al auto que en septiembre de 2016 acordaba ya el sobreseimiento y archivo provisional del caso.
Así, la Audiencia decidió devolver el procedimiento al Juzgado de Instrucción, que a principios de año tomó declaración, y en marzo, emitía un auto en el que se pedía al Ministerio Fiscal y a la acusación particular que elevaran sus escritos de acusación si los hubiera. Ahora se sabe que la Fiscalía no lo hará, ya que no aprecia ningún delito.
Al respecto, el primer edil de Por Cádiz sí se puede ha expresado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía de no formular acusación contra su persona, el exconcejal Manuel González Bauza y su asesor José Vicente Barcía. “Éramos conscientes de que no estábamos injuriando ni calumniando a nadie, simplemente estábamos cumpliendo con un compromiso que adquirimos con un barrio entero, que a finales de 2014 sufrió un acontecimiento aciago que no debe volver a repetirse”, ha insistido González Santos en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Repite el alcalde que actuó “simplemente por el afán de conocer lo que pasó, para que no se vuelva a repetir. No se entera el PP –ha añadido- de que no hay un revanchismo político contra ellos, lo que queremos es aprender de los errores que se han cometido en la gestión de esta ciudad en los últimos 20 años para que no se vuelvan a repetir. Cádiz no se lo merece, y ése es el compromiso que asumimos con los vecinos de Loreto”.
Asimismo, ha aprovechado para insistir en que no se debe judicializar la política. “La enseñanza que tenemos que sacar para el futuro es que la política no puede judicializarse, por más que algunos se empeñen y algunos partidos de esta ciudad en concreto”. En este sentido, ha lamentado que la judicialización sea “la forma que tienen algunos de hacer oposición”. “Hay elementos que son puramente políticos, y es en la arena política donde deben abordarse”, ha defendido.
De este modo, el alcalde considera que tras la decisión de la Fiscalía, “queda zanjada ya la denuncia por injurias y calumnias” que el PP interpuso y que tras ser archivada, volvió a recurrir. “Dijimos al barrio de Loreto que íbamos a buscar las causas y se realizó un informe exhaustivo por parte de Aguas de Cádiz para esclarecer las causa de lo ocurrido, que no fue la contaminación de Hermanos Ortiz Echagüe, y lo que tenga que pasar, pasará. No va a ser este equipo de Gobierno el que ponga trabas al desarrollo de los acontecimientos futuros”, ha concluido.
Las manifestaciones que la derecha local censura del actual primer edil se basan en uno de los puntos que observa el informe elaborado por la empresa municipal Aguas de Cádiz en 2016, encargado por el nuevo Ejecutivo, en el que aborda su propia gestión –entonces en manos del PP- durante aquel controvertido corte del suministro en la barriada a finales de 2014. Este estudio anota que los vecinos de Loreto pudieron estar bebiendo agua contaminada desde 14 días antes del corte por la presencia de bacterias.
EL PP MUESTRA SU ENFADO CON LA FISCALÍA
Mientras, al PP en el Ayuntamiento no le ha sentado nada bien este posicionamiento de la Fiscalía, y le ha querido recordar que “la Audiencia Provincial sí ve indicios de delito”. Así, subrayan que el archivo de la causa contra estas tres personas decretado por el Juzgado de Instrucción actuante “fue rechazado por la Audiencia” que, en un auto fechado el 30 de diciembre de 2016 “desmonta de manera muy rotunda los argumentos dado para el pretendido archivo”.
En ese auto con el que se cerraba el caso provisionalmente se daba la razón al recurso del Ejecutivo local y evidenciaba que en dichas manifestaciones tan hirientes para los conservadores existe “una crítica política a una gestión irregular”, no la imputación de delitos.
El ahora principal partido de la oposición también lamenta que, aún estando personado como acusación en la causa, “nos hayamos enterado por la prensa en vez de ser notificados por la Fiscalía. No nos parece la manera correcta de actuar de una institución como ésta y más aún en un asunto en el que se juzgan delitos penales de este calibre”.
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