El PP en el Ayuntamiento de Cádiz considera “más que justificado” celebrar un nuevo pleno extraordinario monotemático sobre uno de los grandes problemas que sufre la ciudad, la vivienda: a la falta de casas en un término municipal muy limitado se suman unos precios prohibitivos para los vecinos corrientes, una oferta de alquileres residenciales cada vez más escasa y más cara, y claro, la presión de las viviendas turísticas legales e ilegales.
Desde la derecha se parte de la base de que los proyectos y actuaciones al respecto que tienen entre manos tanto el Estado, como la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, “aunque esperanzadoras, creemos que son insuficientes para atajar el problema de déficit de vivienda”.
En este sentido, a propuesta de su grupo, el alcalde Bruno García ha anunciado que convocará dicho pleno para la primera quincena de febrero, y ya ha trasladado a los portavoces de los dos partidos de la oposición, Óscar Torres del PSOE y David de la Cruz de Adelante Izquierda Gaditana (ambos muy críticos siempre con las políticas de vivienda que promueve el PP en el Ayuntamiento y la Junta) sobre la celebración de esta sesión extraordinaria.
“Desde que iniciamos el mandato hemos puesto todo nuestro empeño para la creación de nuevas viviendas. Este pleno debe servir para incidir en ello y también para que éste sea un tema de ciudad en el que todos los partidos y administraciones nos impliquemos de lleno”, remarca el primer edil popular en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
LAS PROPUESTAS DEL PP
Durante dicho pleno, el PP pondrá sobre la mesa una serie de propuestas, hasta ocho, implicando a las tres administraciones públicas (local, autonómica y estatal).
En primer lugar, se instará a que el Ayuntamiento encargue a su empresa municipal Procasa el “impulso definitivo” de la actuación proyectada en el pasado mandato por el gobierno izquierdista en la barriada Manuel de Falla, más conocida como Tacita de Plata (que supone la remodelación integral de esta vieja zona residencial, con la demolición de los pisos y la construcción de otros de nueva planta).
Por otro lado, se pide que se intensifique también por parte del Consistorio gaditano el trabajo para iniciar cuantos expedientes de expropiación de fincas sea posible “a tenor de los recursos disponibles y las condiciones físicas y legales de las fincas susceptibles de ese proceso de expropiación”.
En otro sentido, se plantea una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente encaminada a incrementar las opciones de construcción de vivienda pública “en aquellos suelos que sean susceptibles de dicha modificación” (en los últimos días se ha dejado caer ya que se tratará de recalificar suelo industrial en el polígono exterior de la Zona Franca para uso residencial; y también, que se intentará que la antigua escuela de Náutica pase a acoger viviendas una vez que se venda a un promotor privado). Además, en esa modificación “se prohibiría el uso de hospedaje en las fincas con protección de grado uno” (como es el edificio de Náutica), se recalca.
También propondrá el partido mayoritario en el Ayuntamiento que se apruebe sacar a licitación la contratación de una herramienta de análisis, diagnóstico y control en tiempo real del parque de vivienda público y privado de la ciudad, “con el objetivo de identificar el número de viviendas vacías, solares sin uso, viviendas de uso turístico registradas u operando en plataformas sin los permisos necesarios, entre otros”.
El punto quinto es el impulso de medidas que permitan la recuperación de viviendas vacías para el mercado de alquiler y, entre ellas, “las que legalmente puedan encaminarse a la imposición de penalizaciones fiscales a las viviendas vacías”.
Y también se apunta a desarrollar medidas para restringir la implantación de viviendas turísticas en la ciudad, “para que no superen el 4% del número total del parque residencial, que se estableció en el anterior mandato como índice óptimo para Cádiz”.
Por último, se instará tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España a desarrollar las operaciones de viviendas que ya tienen entre manos. En el caso del Ejecutivo de Moreno Bonilla, se reclama que “aproveche cualquier oportunidad de suelo existente y desarrollando el convenio firmado hace escasas fechas” (un convenio cuestionado por la oposición y por entidades como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía). Y al Gobierno central de PSOE y Sumar se pide que “se implique en la búsqueda de oportunidades de suelos susceptibles de acoger la construcción de vivienda pública”.
CON TEÓFILA SE LEVANTARON 2.000 VIVIENDAS, CON KICHI SÓLO 63
En la exposición de motivos de la convocatoria se evidencia que la vivienda “es desde hace tiempo, junto con el empleo, uno de los problemas que más afecta a la ciudad de Cádiz, en particular, y a toda Andalucía y España en general”.
Asimismo, el PP hace un recorrido particular por las políticas municipales en materia de vivienda a lo largo de los últimos años, desde los primeros mandatos de Teófila Martínez en la Alcaldía. En este sentido, se vende que en la etapa entre 1999 y 2015 (con la santanderina en San Juan de Dios) se pusieron en pie 2.000 viviendas, entre ellas las que se levantaron en el nuevo barrio de Astilleros, la rehabilitación del casco histórico y el acceso a las mismas por parte de los jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.
A continuación, según la versión de la derecha, llegó “una etapa de ralentización” coincidente con los mandatos de José María González ‘Kichi’, donde “solo se entregaron 63 viviendas en ocho años y sin que se iniciara ningún proceso de expropiación que facilitara la creación de nuevas viviendas”.
“La falta de interés por dotar presupuestariamente en el citado período a Procasa, empresa municipal dedicada a la construcción de vivienda pública, se ha revertido desde 2023 con la aportación de fondos que han superado ya los 10 millones de euros y la puesta en marcha de proyectos estancados”. Gracia a ello, “están en diferentes fases promociones municipales en la ciudad con un saldo de 106 viviendas públicas, destinadas en un 83% a alquiler social”. La gran mayoría de dichos proyectos heredados y cocinados por el anterior gobierno de Adelante Cádiz.
Por su parte, se remarca que también durante el mandato anterior la Zona Franca de Cádiz y Sepides acordaron con el Ayuntamiento (todavía estaba ‘Kichi’ de alcalde) el desarrollo de una ambiciosa operación en Navalips donde se incluye la construcción de 800 viviendas, “aunque a diferencia de las anteriores promociones citadas, aquí solo 400 tendrán el carácter de vivienda pública”, se queja el PP.
A ello se unen las acciones de la Junta de Andalucía, que ha vendido un solar en Loreto para que un promotor privado levante 212 viviendas protegidas; por fin ha ejecutado una nueva fase pendiente en Matadero; y está iniciado, muchos años después, la séptima y última fase del Cerro del Moro, no sin polémicas. Además, “ha firmado con el Ayuntamiento un convenio encaminado a aumentar el número de viviendas que se pueden construir en la ciudad”.
Finalmente, los populares aluden a “fenómeno” de las viviendas turísticas, “que han crecido desde que hay registro oficial de las mismas, en 2016, hasta alcanzar las 2.600, aunque en 2024, por primera vez desde entonces, el número de VUT en la ciudad ha descendido”.
