La Diputación y Zaragoza Urbana han suscrito ya el convenio aprobado en el pleno –con el único rechazo del PP- para la resolución del contrato con la empresa hotelera, la determinación de las indemnizaciones así como una nueva operación para recuperar y reactivar el edificio Valcárcel en Cádiz. La derecha va a impugnar el acuerdo “tras detectar posibles irregularidades en el procedimiento administrativo”, y el Gobierno provincial defiende la legalidad de todos los pasos y estudia emprender las acciones judiciales oportunas contra Loaiza, al entender que sus manifestaciones “no se deben a un ejercicio de ignorancia sino a una premeditada mala fe impropia del ejercicio de la crítica política”.
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y el consejero delegado de la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones (Zaragoza Urbana), Felipe Sanz Portolés, han suscrito ya el convenio que establece la “terminación convencional del procedimiento de liquidación de las obligaciones económicas derivadas de la resolución por incumplimiento de contrato de enajenación” del edificio Valcárcel, en la capital gaditana.
De este modo, García cumple con el mandato del reciente pleno de noviembre de la institución provincial. Todos los partidos, a excepción del PP, aceptaban la propuesta para la resolución del contrato con la empresa hotelera, la determinación de las indemnizaciones así como una nueva operación para reactivar este Bien de Interés Cultural (BIC), tras años abandonado a su suerte. La propuesta, concretada en este convenio, ya es asumida por la empresa que en 2003 se hizo con el histórico edificio frente a La Caleta para construir un hotel de lujo, frustrado durante los años de crisis-estafa.
Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, una vez alcanzado el pacto se tendrá que solventar la aplicación de sus términos: la recepción formal de los bienes –que la Diputación recuperara libre de cargas y gravámenes- y la elevación en escritura pública de un acuerdo que conlleva la segregación del terreno que circunda al edificio Valcárcel. Zaragoza Urbana, por su lado, tendrá que obtener la licencia de urbanización de la parcela anexa donde contempla, inicialmente, la edificación de un hotel de nueva planta, proyectado para alojar 126 habitaciones.
La operación conlleva la creación de 360 plazas de aparcamiento público y otras 100 privadas, así como 2.285 metros cuadrados de zona comercial. La parcela segregada para la edificación del hotel tendrá una superficie de 4.117 metros cuadrados; entre el nuevo inmueble y el edificio Valcárcel se abrirá una nueva calle peatonal. Aunque el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento ya ha anunciado que quiere negociar con Zaragoza Urbana otro emplazamiento para este proyecto: la parcela ya hotelera en el PGOU del Campo de las Balas, para que en este suelo junto a Valcárcel –que se cederá a la Universidad de Cádiz para que se traiga a la capital la Facultad de Ciencias de la Educación- pueda levantarse un pabellón deportivo –ligado y necesario para dicho centro universitario-.
El convenio firmado por Irene García y Felipe Sanz determina la cuantía de la liquidación. Se reconoce un saldo a favor de Zaragoza Urbana de cerca de 2,7 millones de euros deducido por el importe satisfecho tras la firma del contrato en el año 2003, el abono parcial al Ayuntamiento por el aprovechamiento lucrativo tras la modificación del PGOU, obras realizadas y obligaciones que asume la empresa; frente al valor de la parcela segregada, cifrada en algo menos de 2,7 millones, futuro destino del hotel. La firma hotelera –según el acuerdo planteado- renunciaría a la diferencia de poco más de 37.000 euros.
En el acto de la rúbrica del acuerdo no faltaba el diputado provincial Fran González, así como personal técnico de la Diputación, de secretaría y asesoría jurídica.
EL PP IMPUGNARÁ EL ACUERDO
Al tiempo que se formalizaba este convenio para que la Diputación recupera Valcárcel, el PP ha anunciado que va a impugnar el acuerdo “tras detectar posibles irregularidades en el procedimiento administrativo”.
Al respecto, el portavoz de la derecha en la Diputación, José Loaiza, ha aclarado que su partido –pese a ser el único partido que ha votado en contra de este proceso- “ha querido siempre y quiere que se le dé una solución al problema de Valcárcel, pero no puede permitir que se haga a cualquier precio, en perjuicio de la propia Diputación y con el dinero de los gaditanos”.
Para los populares, el primer paso que tendría que haber dado el Gobierno de la Diputación “era solicitar dictamen del Consejo Consultivo, un trámite que habría dilatado la resolución en un mes o dos, pero habría servido para obtener todas las garantías de legalidad”. “Irene García no lo ha hecho porque sabe que el procedimiento no se ajusta a derecho”, interpreta.
Insiste en que este acuerdo “reconoce derechos económicos en favor de la empresa a sabiendas de su improcedencia”. Concretamente, se indemniza a Zaragoza Urbana con 100.000 euros de obras ejecutadas “que han servido para mantenimiento, que han sido necesarias para evitar el deterioro del inmueble y no encaminadas a la transformación del inmueble en hotel”. Además, se indemniza con 1,5 millones de euros por aprovechamiento “pero se omite que el edificio se va a ceder a la UCA”. Y, por último, se reconoce el derecho de la Diputación a ser indemnizada por el traslado de la Escuela de Hostelería “con una valoración de 205.000 euros en lugar de los 575.000 euros que costó”.
Por otra parte, se advierte de que se liquidan estos derechos económicos mediante un pago en especie, transmitiendo la propiedad del edificio y la finca sin licitación. Loaiza remarca que, de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público “no se puede hacer esta transacción porque sería como si acordamos con Hacienda que, en lugar de devolvernos 6.000 euros de un litigio, nos pagase con un vehículo embargado por la administración o cualquier otro bien”.
EL GOBIERNO PROVINCIAL VE “PREMEDITADA MALA FE”
Y responde el Gobierno de la Diputación considerando “del todo punto improcedentes” las “calumniosas” manifestaciones del que ha sido presidente de esta institución durante el anterior mandato, en las que vierte “graves acusaciones” acerca del procedimiento en virtud del cual se ha realizado, “con todas las garantías de legalidad”, la resolución del prolongado contencioso en torno al edificio Valcárcel, “con la cual se pone a disposición de la ciudad de Cádiz una interesante posibilidad de desarrollo universitario y hotelero”.
De este modo, el Ejecutivo provincial de PSOE-PA subraya que “toda la tramitación del expediente se ha realizado con plenas garantías legales, sin que se haya registrado reparo alguno de legalidad por parte de la Secretaría ni la Intervención”.
Además, se expone que el planteamiento de la derecha de recurrir al Consejo Consultivo ante una supuesta oposición del contratista “es errónea ya que no existe la misma”; tan es así que, tras notificarse el contenido del acuerdo plenario a Zaragoza Urbana, se ha rubricado el convenio fruto del mismo”. “Independientemente de esa evidencia, el traslado al Consejo Consultivo no es preceptivo”, se insiste.
Por otro lado, desde el Gobierno de la Diputación se anota que las cantidades económicas con las que Loaiza “pretende confundir a la opinión pública tienen una sencilla traducción”. La Diputación ha recuperado el edificio histórico de Valcárcel para ponerlo a disposición de la Universidad de Cádiz, al tiempo que posibilita un desarrollo hotelero en la parcela anexa; “y todo ello sin coste alguno para esta Corporación ni, consecuentemente, para la ciudadanía de esta provincia”.
“El ordenamiento jurídico en ningún caso prohíbe a las administraciones públicas la transacción sobre sus bienes. La permite expresamente no sólo para apartarse de litigios judiciales sino, como es el caso, para evitarlos”, se añade en otro punto. Asimismo, las apreciaciones del PP sobre las supuestas indemnizaciones con motivo del traslado de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones “no responden a las estipulaciones del contrato rubricado en 2003”.
“Y lejos de lo que afirma Loaiza, esta Diputación –se sentencia- no conmuta ninguna deuda con Zaragoza Urbana por una parte de la parcela, ya que dicha parcela es propiedad de la referida empresa”.
De este modo, “considerando la gravedad de estas y otras manifestaciones, incluidas aquellas en las que el portavoz del Grupo Popular imputa expresamente la comisión de delitos”, el Ejecutivo provincial anuncia que se reserva su derecho a emprender las acciones judiciales oportunas, al entender que “no se deben a un ejercicio de ignorancia sino a una premeditada mala fe impropia del ejercicio de la crítica política”.
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