Nuevo capítulo alrededor del anuncio de cierre del colegio público Institución Provincial Gaditana, en Cádiz. Ahora la Diputación ha mostrado su “sorpresa y preocupación” por las declaraciones del delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Miguel Andreu, que afirma que se enteró por la prensa el viernes, y también por el hecho que nos trasladan algunos padres, de que el delegado les alienta a manifestarse frente a la Diputación”.
A colación, el diputado responsable de Educación en la Diputación provincial, Daniel Moreno, defiende que “tan pronto se conoció el contenido del documento que manifestaba la incompatibilidad de la actividad educativa con las competencias de la Diputación y se agotó la posibilidad de renovar el convenio con la Fundación Aramburu se trasladó la información al consejero de Educación”, el pasado febrero; por lo que “es preocupante que el delegado desconociera este hecho cuando ya disponían de la información la máxima autoridad de la consejería y la Dirección General de Planificación”.
“De esta manera te participo que esta Diputación no podrá mantener su relación jurídica con la citada Fundación, lo que se traduce en la imposibilidad de facto de seguir asumiendo la cesión de la Institución Provincial Gaditana como sede de un centro educativo dependiente de esa consejería”. Con estas palabras comunicaba por escrito, la presidenta de la Diputación, Irene García, al consejero Javier Imbroda, la situación de la IPG y la imposibilidad legal de renovar el convenio para continuar con la gestión de su actividad educativa. Una actividad que, por otro lado, es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, se reitera en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Esta comunicación está fechada el 27 de febrero, el mismo día en que la Secretaría General de la Diputación trasladó a la Presidencia el informe sobre las competencias de la administración provincial en materia de educación; escrito que advierte de la situación que generaba la finalización y la imposibilidad de renovar el acuerdo de cesión del edificio con la Fundación Aramburu (en manos del Obispados).
De este modo, Moreno ha pedido a la Junta, ahora con gobierno de derechas, “lealtad institucional” para buscar una solución para toda la comunidad educativa afectada por esta “delicada situación” y ha mostrado su predisposición a “mantener un diálogo constante tanto con el AMPA como con la Junta” para buscar soluciones y “no aumentar la lógica preocupación de padres y madres con guerras partidistas”. Ya el escrito del 27 de febrero solicitaba una reunión entre la presidenta de la Diputación y el consejero para abordar el asunto, “petición que hasta la fecha no ha sido atendida”. La consejería de Educación ya ha garantizado la escolarización el próximo curso del alumnado afectado.
LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO ES INCOMPATIBLE CON EL ACTUAL MARCO JURÍDICO
Por otro lado, la institución provincial, con gobierno de PSOE y La Línea 100×100, ha mostrado su satisfacción porque la propia Fundación Aramburu “ha ratificado” este jueves con un comunicado las informaciones dadas a conocer por la propia Diputación.
En esa nota, esta entidad vinculada a la Iglesia asegura que desde el año 2000 ha venido solicitando a la Diputación la “actualización” del convenio firmado durante el franquismo; inviable de acuerdo al nuevo marco normativo. A partir de ahí, reconoce que solicitó la devolución del inmueble “para seguir cumpliendo sus fines fundacionales (“en favor de la infancia”), y con posterioridad, ofreció como alternativa y en última instancia, la firma de un contrato “que conforme al marco normativo actual hiciera posible la continuidad del centro educativo; siendo rechazada esta oferta por falta de competencias”.
“Durante décadas, la fundación ha mantenido una relación de lealtad institucional y cooperación con la Diputación favoreciendo la educación de los niños y jóvenes de la ciudad”, anota, al tiempo que agrega que “en los últimos años, ha visto, con preocupación el incumplimiento de las condiciones convenidas; así como la publicación de noticias en las que se denunciaba la inadecuada conservación del inmueble”.
La Diputación gaditana viene gestionando la Institución a través de un convenio con el propietario del inmueble, la Fundación Aramburu Moreno de Mora, cuyas escrituras datan de 1963. Este acuerdo estipula como “fecha irremediable de extinción” el 20 de octubre de 2020. Nunca hasta el momento se había tenido que afrontar ninguna prórroga o cambio en dicho convenio. A finales de marzo de 2019 el presidente de dicha fundación y obispo de Cádiz, Rafael Zornoza Boy, remitió un escrito en el que pedía “recuperar a la mayor brevedad posible el uso del edificio que, en circunstancias muy diferentes a las actuales, cedió a la Diputación”; en dicha misiva sostenía que “el mantenimiento de un centro público de educación en la finca propiedad de nuestra fundación no es ya compatible con el marco jurídico”.
