La Diputación en su pleno de febrero ha desestimado el recurso de reposición que planteó el PP frente a la resolución del contrato de enajenación del abandonado edificio Valcárcel, en Cádiz, acordada en el pleno de noviembre de 2016. “El actual equipo de Gobierno del PSOE ha basado la resolución del proyecto en estrictos informes jurídicos y técnicos con objeto de sortear cualquier escollo que pudiese surgir, sin embargo, el PP sigue empecinado en ponerle trabas a pesar de contar con todas las garantías legales”, se queja el diputado Fran González. Por su lado, la derecha insiste en que “está a favor de que se dé una solución” para este BIC pero “no puede apoyar cualquier acuerdo en detrimento de los intereses de Cádiz y la provincia”.
La Diputación de Cádiz en su pleno ordinario de febrero desestimaba el recurso de reposición que planteó José Loaiza, en representación del PP, frente a la resolución del contrato de enajenación de la Institución Provincial Fernando Quiñones (el abandonado edificio Valcárcel, en la capital gaditana) acordada en el pleno celebrado en noviembre de 2016.
En aquella sesión plenaria se aceptaron los términos de una operación diseñada para recuperar este histórico edificio, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz y con la compañía Inmobiliaria y de Inversiones (Zaragoza Urbana) adjudicataria de este bien desde el 25 de junio de 2003, con la pretensión inicial de convertirlo en un hotel de lujo, proyecto frustrado.
En virtud de este acuerdo el inmueble revierte a la Diputación salvo una parcela de 4.417 metros sobre la que se ha diseñado un nuevo hotel más modesto de nueva planta. Para el edificio principal se contempla un uso universitario (el traslado de la facultad de Ciencias de la Educación desde el campus de Puerto Real). La operación conlleva la creación de más de 400 plazas de aparcamiento y locales comerciales, permite desbloquear un asunto encallado, aprovechar un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) con usos públicos y de interés social. Aunque por su lado, el Consistorio quiere negociar con Zaragoza Urbana que este hotel se construya en el Campo de las Balas y deje esta parcela para usos deportivos de la propia facultad reubicada aquí.
La derecha, en su recurso de reposición, planteaba su discrepancia en los siguientes puntos: consideraba que el acuerdo de pleno incurría en causa de nulidad al prescindirse del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía; apreciaba el reconocimiento de derechos a favor de la adjudicataria “de forma improcedente”; reprocha que no se había justificado suficientemente la transacción aprobada para hacer efectiva la liquidación a favor de la adjudicataria; y se mostraba disconforme con la valoración de la parcela segregada a favor de Zaragoza Urbana.
Tras la presentación del recurso de reposición –y abrirse un trámite de audiencia para que Zaragoza Urbana, como parte interesada, aportara sus alegaciones- la Secretaría General y la Asesoría Jurídica de la institución provincial han resuelto la controversia en un informe jurídico que desestima la impugnación administrativa. Ese informe ha basado la propuesta de resolución que ahora ha validado el pleno con los votos favorables de PSOE, PA, IU, Sí se puede y Ganemos Jerez, y el único voto en contra de los conservadores.
El diputado provincial Fran González –y portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento- defendió la propuesta de resolución, valorando que aporta una solución a un problema que permanecía enquistado, “basada en criterios jurídicos” y consensuada con el Ayuntamiento de Cádiz. En el debate también intervino el portavoz de Sí se puede y alcalde de la capital gaditana, José María González ‘Kichi’, para lamentar la actitud, a su juicio obstruccionista, del PP.
Por su parte, el expresidente de la Diputación, José Loaiza, reiteró las discrepancias que motivaron el recurso de reposición y continuó con las amenazas: anunció –al término del debate- que su partido “se reserva la impugnación del punto” incluido en el orden del día del pleno como propuesta de resolución así como “las acciones judiciales” que se determinen frente a la resolución de un contrato que “menoscaba el patrimonio de la Diputación”.
INFORMES JURÍDICOS Y TÉCNICOS TUMBAN LOS PEROS DE LA DERECHA
En el informe suscrito por la Secretaría General y la Asesoría Jurídica se concluye que no es necesario contar con dictamen del Consejo Consultivo en relación a la resolución del contrato, al no haberse formulado oposición por parte del contratista. Una intervención, la del Consultivo, que tampoco es exigible en la liquidación acordada a tenor del importe de la misma (ya que no supera el 5% de los recursos ordinarios del presupuesto de la Diputación).
Este informe reconoce además que la mayoría de las inversiones asumidas por Zaragoza Urbana en Valcárcel están justificadas “por los fines de interés general que condicionaron en su momento la enajenación”, y que por tanto responden a un “cumplimiento de lo exigido” en el contrato suscrito en 2003. Son por tanto cuantías que se admiten en la liquidación a favor de la adjudicataria.
En el recurso del PP se reclama una indemnización a favor de la Diputación por las obras que se llevaron a cabo en la actual escuela de hostelería, sita en Zona Franca, al trasladarse desde su antigua ubicación en Valcárcel; en el informe jurídico, aceptado en el pleno, se desestima esta pretensión “al no guardar ninguna relación con el contrato” y se recuerda que –en la liquidación- sí se consideraron los gastos de alquiler de la nueva sede de hostelería, concretamente desde noviembre de 2013 –fecha en la que se consuma la mudanza- hasta junio de 2015. La escuela, según el contrato de enajenación del año 2003, tenía que haber permanecido en Valcárcel hasta junio de 2015 por lo que en este punto sí se produjo un incumplimiento que ya fue considerado y cuantificado a favor de la Diputación en la propuesta de resolución del contrato.
Y también el informe valida la transacción concretada en la propuesta de resolución del contrato aprobada en noviembre. Un acuerdo que evita la promoción de nuevos pleitos y más demora acumulada. También se admite la valoración de la finca segregada del edificio principal, cifrada en cerca de 2,7 millones de euros ante la que “no puede formularse ningún reproche de legalidad a lo acordado por el pleno”.
“EL PP INTENTA TORPEDEAR A TODA COSTA EL PROYECTO DE VALCÁRCEL”
El diputado provincial del PSOE, Fran González, lamentaba tras el pleno que “una vez más el PP se posicione contra el proyecto de Valcárcel, ya que es el motor que necesita esta zona de la capital como revulsivo económico y laboral”. Asimismo ha dicho que “no se entiende como el PP presenta un recurso contra el proyecto con la única intención de torpedear la evolución del mismo”.
En esa misma línea, ha afirmado que “si no hicieron nada por dar una solución en los cuatro años que gobernaron la Diputación y los otros muchos que gobernaron el Ayuntamiento de Cádiz, tampoco van a hacerlo ahora y por eso se muestran en contra, algo que parece habitual en los populares, pues la mismas trabas están poniendo a otros proyectos como la Ciudad de la Justicia”. Sin embargo, ha aseverado, “el actual equipo de Gobierno de Irene García ha basado la resolución del proyecto de Valcárcel en estrictos informes jurídicos y técnicos con objeto de sortear cualquier escollo que pudiese surgir, sin embargo, el PP sigue empecinado en ponerle trabas a pesar de contar con todas las garantías legales”.
“Es una auténtica pena que el principal grupo de la oposición –sentencia Fran González- se manifieste en contra de un proyecto tan importante para la ciudad, un proyecto que dará empleo y riqueza a los gaditanos y que viene a solucionar una reclamación de la ciudadanía que ya es histórica sobre el uso de Valcárcel”.
De la misma forma, el PSOE en el Ayuntamiento ha expresado su satisfacción por que el proyecto de Valcárcel siga adelante. “Es una gran noticia para la ciudad que, a pesar de las trabas e impedimentos que está poniendo el Partido Popular, la recuperación del histórico edificio continúe avanzando”, ha añadido la concejala Victoria Rodríguez.
“NI DIPUTACIÓN Y ZARAGOZA URBANA SE PONEN DE ACUERDO EN QUÉ ESTÁN FIRMANDO”
Por su lado, también tras este pleno, el portavoz del PP en la Diputación, José Loaiza, lamentaba que la presidenta Irene García “haga trampas para evitar un debate con todas las garantías” sobre dicho recurso. “Las prisas, la falta de transparencia y la incomodidad de García evidencian un lógico nerviosismo en las filas socialistas porque el Gobierno del PSOE ha bordeado la ley desde el inicio del procedimiento”, interpreta.
Entiende que la resolución del recurso del PP se “coló” en el pleno “sin dictamen previo en comisión informativa y, además, sin contar con informe del secretario general para sustentar la propuesta de acuerdo, que no aparece como tal en la documentación”.
Loaiza, que insiste en que pese a que no lo parece, su partido “está a favor de que se dé una solución a Valcárcel”, ha reiterado que “no puede apoyar cualquier acuerdo en detrimento de los intereses de Cádiz y la provincia, beneficioso para una empresa y sin contar con todas las garantías legales”.
Y afirma que “ni siquiera Diputación y Zaragoza Urbana se ponen de acuerdo en qué están firmando, dado que unos hablan de transacción y otros de terminación convencional de contrato: lo único que hay es un mutuo acuerdo y la ley no lo permite al existir un incumplimiento del contrato inicial”.
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