La Diputación de Cádiz aportará una ayuda económica a la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados, como contribución al sostenimiento del comedor social que gestiona en la capital gaditana.
Este comedor social, sito en la calle Rosa, ha debido cerrar temporalmente al no disponer de liquidez para mantener sus actividades. El centro atiende a más de 50 personas. La Junta de Andalucía es, desde el año 2006, su principal fuente financiera gracias a la disposición de fondos procedentes del 0,7% del IRPF dedicado a fines sociales. Sin embargo, esta aportación se ha reducido en los últimos años por lo que el comedor necesita aportaciones adicionales para seguir funcionando.
El diputado provincial responsable de Bienestar Social, David de la Encina, le ha confirmado al presidente de este colectivo, Juan Fernández, este respaldo económico; además, ha ofrecido a la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados cobertura técnica e institucional.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el también exalcalde de El Puerto ha remarcado, no obstante, que la ayuda de la institución provincial no puede alcanzar la totalidad de las pretensiones de la asociación, por lo que sus responsables deberán recurrir a otras instituciones públicas (como el Ayuntamiento o la Junta) o privadas para cubrir el importe que necesitan para reabrir.
En diciembre de 2017, la Diputación anunció su asistencia a esta misma entidad para evitar el cierre del comedor. La ayuda económica se concretó en 2018 a través del correspondiente convenio. Ese acuerdo permitió regular el pago de una subvención directa cifrada en casi 51.500 euros.
Entonces ya se especificaba que esta aportación era “excepcional” y estaba destinada al sostenimiento de un servicio para personas mayores con rentas bajas, con problemas de movilidad o aquejados de patologías específicas y con necesidad de una dieta especial. Una subvención que, al ser excepcional, se transfiere en circunstancias muy puntuales o sobrevenidas y que se plantean como una solución transitoria a la espera de que las administraciones competentes concreten una solución estable. De este modo, se repite que la nueva ayuda, aún por determinar, “será necesariamente de menor cuantía”.
