Una treintena de colectivos sociales gaditanos han salido a la palestra ante el pleno extraordinario del Ayuntamiento convocado para esta semana, que abordará la propuesta de acuerdo del equipo de Gobierno consistente en iniciar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a fin de regular el uso turístico en suelo residencial marcando unos índices que garanticen un equilibrio; implica a su vez una moratoria de la concesión de licencias turísticas.
Para dar luz verde a la iniciativa de Adelante Cádiz se necesita mayoría absoluta, y se mira al PSOE, principalmente. Al respecto, estos colectivos exigen públicamente a los partidos el voto afirmativo, ya que entienden que “la limitación y regulación de los pisos y viviendas turísticas, es una urgencia inaplazable para la ciudad”.
En una nota conjunta, estas asociaciones y entidades locales evidencian que la proliferación, todavía sin una norma de regulación y control, de los apartamentos turísticos en la capital gaditana, “está empezando ya a provocar efectos perniciosos para la calidad de vida de la ciudad”, como son: “un aumento desaforado en los precios del alquiler de vivienda”; “la expulsión de residentes del casco histórico, reemplazados por visitantes transeúntes”; “la reducción de la oferta para viviendas en alquiler mínimamente asequibles”; y la “desnaturalización” de los barrios de intramuros, los que sufren principalmente la llamada turistificación.
Además, la parálisis del Plan Andaluz de Vivienda 2020/2024 y la aprobación en 2019 de un Plan Municipal de Viviendas “del todo insuficiente” para dar una respuesta a la carencia de viviendas para los gaditanos, “contribuyen a crear una situación de angustia habitacional”, se apostilla en este escrito remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“No estamos en contra de la actividad turística ordenada, pero especialmente en la actual situación de alarma sanitaria, no podemos dejar nuestra ciudad a merced de intereses que solo buscan, mediante un movimiento especulativo, el lucro privado y degradan de forma irreversible el tejido urbano”, subrayan la Apdha, Facua, Mujeres de Acero, Ecologistas en Acción, Alendoy, Amazonas. Colectivo Cepa, Comité Oscar Romero, Amigas al Sur, Biblioteca Social el Adokin, CGT, Economía del Bien Común, Ateneo Libertario Fermín Salvochea, Asociación La Zancada, Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, Asociación Bahía de Cádiz, Asociación amigos de Quiñones, Liga para la Educación y Cultura Popular y las asociaciones de vecinos Cádiz Centro, Sueña Puntales, Los Corrales, Gades La Viña, Puente Bahía, Beduinos Barriada de la Paz, Tres Torres de Santa María, Reina Victoria Muñoz Arenilla, Segunda Aguada, Loreto, Viento de Levante y Zona Puerta del Mar – Los Porches.
“LOS GADITANOS TIENEN QUE ACOPLARSE AL LUGAR QUE LES DEJA EL MERCADO”
Dichas entidades coinciden en que ka construcción de apartamentos turísticos en el casco histórico “está agudizando el crónico problema de la falta de viviendas asequibles”. Intramuros concentra más del 75% de las viviendas con fines turísticos de la ciudad, una tendencia que va en aumento. En zonas como San Francisco-Mina, Candelaria y San Juan las plazas de hospedaje ya superan el 20% del total del parque de vivienda: “una desnaturalización de estos barrios insoportable”.
“Se está poniendo en cuestión el derecho a la ciudad de sus habitantes, el derecho a la vivienda o la priorización de la calidad de vida, a cambio del lucro aplicado a las actuaciones en materia de vivienda”, se insiste. Y en este sentido, se reflexiona que “la ciudad ha dejado de ser el espacio social donde se desarrolla la vida para transformarse en el hábitat en el que los gaditanos tienen que acoplarse al lugar que les deja el mercado. La ciudad se puede convertir en un escenario obsceno de extracción de rentas y plusvalías, poniendo al urbanismo y al suelo como meros instrumentos para obtener beneficios”.
Por ello, estos colectivos creen que la moratoria urgente planteada por el Gobierno local en la concesión de licencias para apartamentos turísticos “es inaplazable en tanto no se apruebe la regulación definitiva y ordenada de los mismos”. “Necesitamos también que el Ayuntamiento promueva procesos participativos, hoy en día hibernados, para que la ciudadanía pueda debatir y tomar decisiones en los problemas que le afectan”, se agrega.
CALLE VIVA ‘MIRA’ A LA OPOSICIÓN Y AL GOBIERNO LOCAL
En paralelo, la plataforma Calle Viva, que lucha desde hace unos años contra la turistificación en Cádiz, junto a CGT, lamenta que en los últimos días han salido declaraciones del PSOE local que “de nuevo vuelve a virar hacia las posiciones de PP y Cs, partidos que parecen vivir de espaldas a los intereses ciudadanos”.
“El PSOE en un principio se había comprometido a velar por que la vivienda turística no siguiera devorando a las viviendas residenciales y dejara de inflar los precios del alquiler residencial en la ciudad, uno de los más caros de España. Se había incluso ofrecido a llevar a cabo todo tipo de propuestas para poner freno a los rentistas y tenedores de viviendas turísticas, que hoy por hoy son responsables de un modelo que expulsa a cientos de familias de la ciudad todos los años, buscando alquileres más baratos en San Fernando, Chiclana, Puerto Real, Rota e incluso Medina Sidonia. Ese mismo PSOE –incide Calle Viva- ha vuelto a perder credibilidad, dando un giro discursivo, anunciando que no apoyará las medidas propuestas por Adelante con la excusa de la crisis del coronavirus”.
Para esta plataforma, los socialistas “pretenden solventar la crisis alimentando un modelo que expulse a los ciudadanos de su ciudad. Pretenden disociar derecho al empleo y derecho a la vivienda, favoreciendo a los especuladores, como ya hace en la costa gaditana impulsando proyectos urbanísticos irracionales, insostenibles y que sólo alimentan a los sectores especuladores”.
Con todo, Calle Viva y CGT esperan que el PSOE y el resto de fuerzas políticas de la oposición “rectifiquen y cambien el discurso y el voto desde ya, de cara al pleno del martes, anteponiendo el derecho de los gaditanos a vivir en su ciudad frente a los especuladores”.
No obstante, esta plataforma también tiene palabras para el equipo de Gobierno, lamentando “la actitud pasiva y ralentizadota” de Adelante, que “lleva más de tres años de retraso en tomarse en serio el problema y hacer partícipe a todos los agentes”.
“Falta iniciativa política, denunciando a la Junta y señalando públicamente el problema con claridad, mientras rentistas y acaparadores locales compiten con fondos internacionales para hacerse dueños de la ciudad, desplazando a los vecinos. Falta iniciativa política para asesorar a las comunidades de vecinos, explicando toda la legislación que existe a su favor para no permitir que se instalen más viviendas turísticas en sus fincas. Falta un proceso de participación que haga que el movimiento social conozca los borradores con tiempo y pueda modificarlos. Y sobre todo, lo que falta es señalar desde ya que el objetivo no puede ser la moratoria de un año, algo que entra fácilmente en el cálculo de los grandes tenedores e inversores. La ley permite diversas modalidades para llegar hasta dos años de moratoria, permitiendo el respiro suficiente para que se recupere la oferta de alquiler residencial que debe ser combinada con otras actuaciones para garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad”, se subraya.
