El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado un nuevo pleno extraordinario monográfico sobre uno de los grandes problemas que sufren la ciudad y sus vecinos, la vivienda, con cierta tensión entre el público asistente y una concentración “por el derecho a una vivienda digna” en la misma puerta del Consistorio con presencia de colectivos como Cádiz Resiste o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
En esta ocasión, ha sido el PP el que ha promovido este debate (ya en otoño de 2023 se convocó otro similar a solicitud del PSOE) que ha acabado sin consenso entre el Gobierno local que dice tener esta cuestión como una “prioridad”, y los dos partidos de la oposición, que conjuntamente habían presentado una enmienda de sustitución a la propuesta planteada por la derecha (“un brindis al sol”, “no vale para nada”, a decir de PSOE y AIG respectivamente), que finalmente ha sido la que ha salido adelante sin el respaldo de socialistas e izquierdistas.
Con todo, en la misma mañana antes del pleno, los populares llegaron a ofrecer a PSOE y Adelante Izquierda Gaditana el cambio de su enmienda de sustitución a enmienda de adición aceptando 17 de los 27 puntos contemplados. Estos puntos se iban a sumar a los ocho de la propuesta del PP.
Al respecto, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde Bruno García ha lamentado que los grupos de la oposición hayan rechazado la oportunidad de unir sus propuestas a las de su partido “para tratar de dar una solución de manera conjunta y consensuada al problema de la vivienda en la ciudad, que junto al empleo, es el que más afecta a los gaditanos; han preferido rechazarla y permanecer en la confrontación en lugar de ir todos unidos”.
LAS MEDIDAS APROBADAS
Entre estas propuestas puestas sobre la mesa por el PP y aprobadas únicamente por el PP destaca por ejemplo el encargo a la empresa municipal Procasa el “impulso definitivo” de la actuación proyectada en el pasado mandato por el gobierno izquierdista en la barriada Manuel de Falla, más conocida como Tacita de Plata (que supone la remodelación integral de esta vieja zona residencial, con la demolición de los pisos y la construcción de otros de nueva planta).
Por otro lado, el Gobierno local se insta a sí mismo a intensificar el trabajo para iniciar expedientes de expropiación de fincas; la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incrementar las opciones de construcción de vivienda pública “en aquellos suelos que sean susceptibles de dicha modificación” (en los últimos días se ha dejado caer ya que se tratará de recalificar suelo industrial en el polígono exterior de la Zona Franca para uso residencial; y también, que se intentará que la antigua escuela de Náutica pase a acoger viviendas una vez que se venda a un promotor privado); y la prohibición del uso de hospedaje en las fincas con protección de grado uno (como es el edificio de Náutica).
Entre estas medidas de la derecha también están: la contratación de una herramienta de análisis y control del parque público y privado de la ciudad para detectar el número de viviendas vacías, solares sin uso o viviendas de uso turístico; la puesta en marcha de medidas para la recuperación de viviendas vacías para el mercado de alquiler (entre ellas penalizaciones fiscales); y la continuación de medidas para restringir la implantación de pisos turísticos y que no superen el 4% del número total de viviendas de la capital.
Finalmente, el Ayuntamiento gaditano instará tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España a desarrollar las operaciones de viviendas que ya tienen entre manos.
LAS PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN
En cuanto a las 17 propuestas de las 27 planteadas por la oposición que el Gobierno local asegura que hubiera votado a favor en este pleno de vivienda, Bruno García ha anunciado que “se debatirán en el próximo pleno ordinario de febrero a propuesta del PP, a pesar de que ni PSOE ni AIG hayan querido conseguir hoy un consenso”.
Entre estas medidas de socialistas e izquierdistas que la derecha quiere asumir como propias están: el incremento del recargo del 50% al 150% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas de uso residencial que se encuentren desocupadas con carácter permanente; modernizar y actualizar los criterios de acceso a la vivienda en la ordenanza reguladora del Registro municipal de demandantes de vivienda protegida; mejorar la ordenanza de alquiler municipal haciendo más atractiva la cesión de viviendas; que el Ayuntamiento procure, de manera inmediata, suficientes plazas de alojamiento para cubrir el censo existente de personas sin hogar; o que la Junta financie con propios fondos la rehabilitación de la séptima y octava fase del Cerro del Moro, y que éstos no pierdan la propiedad de sus viviendas.
Sin embargo, los populares desechan otras propuestas de la oposición como acabar con la proliferación de viviendas turísticas no concediendo ninguna licencia más para este tipo de alojamiento en toda la ciudad, además de paralizar la concesión de licencias a hoteles y apartamentos turísticos en fincas de grado 1.
Por otro lado, para ampliar el parque público de vivienda, se exige que cese la venta de suelo público por parte del Ayuntamiento, al igual que también debe paralizarse la venta de vivienda pública. El régimen de alquiler es la fórmula por la que apuestan ambos partidos, que también reclaman a la Junta la aplicación efectiva de la Ley estatal de Vivienda para posibilitar la declaración de la capital como zona tensionada y poder así controlar el precio de los alquileres. El PP estos puntos no los comparte, y básicamente es lo que ha llevado a PSOE y Adelante Izquierda Gaditana a rechazar cualquier acuerdo en este pleno extraordinario.
Con todo, el alcalde ha incidido por enésima vez que en para su equipo de Gobierno “la vivienda es y seguirá siendo una prioridad” asegurando que “mientras que el anterior gobierno, con el apoyo del PSOE, entregó cero viviendas en los primeros cuatro años y 63 en los cuatro siguientes con una inversión de 8 millones de euros, nosotros en tan solo un año y medio hemos invertido 11 millones para la construcción de 106 viviendas, de las que el 86% serán de alquiler social”. Eso sí, gran parte de estos proyectos que ahora van haciéndose realidad fueron cocinados durante el anterior mandato con José María González ‘Kichi’ como alcalde.
