El equipo de Gobierno se ha reafirmado en sus actuaciones sobre los resultados del informe técnico realizado por Aguas de Cádiz acerca de la gestión de la propia empresa municipal durante el corte del suministro de agua por contaminación en el barrio de Loreto a finales de 2014. Se acaba de conocer que la Audiencia Provincial ha decidido reabrir la querella del PP contra el alcalde, tras el recurso presentado por la derecha al auto que en septiembre acordaba el sobreseimiento y archivo provisional del caso.
El equipo de Gobierno se ha reafirmado en sus actuaciones y declaraciones sobre los resultados del informe técnico realizado por Aguas de Cádiz en el presente mandato acerca de la gestión de la propia empresa municipal durante el corte del suministro de agua por contaminación en el barrio de Loreto a finales de 2014 –el estudio llegó a apuntar que se pudo estar suministrando agua con presencia de bacterias durante días-, y ha insistido en que respondieron “al compromiso que adquirimos con los vecinos, un compromiso del que no nos arrepentimos de haber cumplido”.
El bipartito defiende su proceder una vez que ha conocido por algunos medios que la Audiencia Provincial ha decidido reabrir la querella del PP contra el alcalde, José María González ‘Kichi’, tras el recurso presentado por este partido; “respetamos la decisión judicial pero no la compartimos”, se apostilla.
El Juzgado de Instrucción número 3 de los de la ciudad dictaba el pasado mes de septiembre un auto en el que acordaba el sobreseimiento y archivo provisional de la causa penal contra el primer edil, así como su entonces concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, por un presunto delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de Gobierno de Teófila Martínez en relación al controvertido incidente del corte de agua de Loreto.
Dicho auto daba la razón al recurso del Ejecutivo local y evidenciaba que en dichas manifestaciones existe “una crítica política a una gestión irregular”, no la imputación de delitos –el intento de envenenamiento, según los querellantes, el PP-.
En esta línea, Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común han reiterado ahora las declaraciones realizadas tras recibir el último informe técnico elaborado por Aguas de Cádiz en las que “no dijimos que el PP contaminara el agua, si no que la suministró a pesar de saber de su estado, con indicadores anómalos reflejados en las muestras”.
Desde el equipo de Gobierno aseguran en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que estarán a la espera de ver cómo se resuelve la causa y han reiterado su colaboración con la justicia en todo lo que sea necesario.
A finales de diciembre, la actual gerencia de Aguas de Cádiz se reafirmaba a su vez en la labor desarrollada para esclarecer lo sucedido en el ‘caso Loreto’ a partir de su informe presentado a principios de 2016 que detectaba posibles irregularidades en la gestión de la propia empresa y del equipo de Gobierno conservador durante aquel episodio. El estudio se elevó a la Fiscalía, pero esta no vio delito alguno y a finales del pasado año optaba por archivar estas diligencias ya que “en ningún caso puede hablarse de mala praxis”.
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