El Parlamento Europeo tiene previsto ratificar esta semana el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, documento que “refuerza fronteras, criminaliza la movilidad humana, aumenta la presión sobre los países fronterizos, y profundiza en políticas de control que se han demostrado claramente ineficaces y que suponen un retroceso considerable de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo”.
Frente a ello, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha celebrado en la capital gaditana, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de España, una concentración para mostrar su repulsa a dicho pacto que “pretende legalizar las mayores vulneraciones y represiones contra estas personas y sus derechos, y pretende por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial arrancar la universalidad de un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el derecho a asilo”.
“Levantamos nuestras voces y puños en lucha contra esta nueva realidad que se pretende, llena de sufrimiento humano y vulneraciones de los principales derechos fundamentales y del menor. Vamos a luchar por la justicia y la humanidad, por un futuro en el que prevalezca la vida humana y la justicia”, se remarca desde la Apdha en la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz.
Para esta entidad, los “mayores peligros” de este Pacto Europeo de Migraciones y Asilo son que “se va a aplicar la llamada ‘Ficción Jurídica de No-Entrada’, que esencialmente significa tratar a las personas que llegan como si aún estuvieran fuera del territorio de la UE. Esto implica que serán detenidas en masa en centros o islas”.
“CONSOLIDA UN ENFOQUE DE CONTROL Y CRIMINALIZACIÓN DE LOS MIGRANTES”
“Nuestras fronteras se convertirán en espacios donde no se aplique la legalidad, con personas retenidas en centros aislados en zonas remotas, en condiciones similares a la detención y sin acceso a la asistencia jurídica, médica o psicosocial”, se alerta. Y se añade que las medidas afectarán también a niños a partir de los seis años, “lo que supone una vulneración de los derechos del menor a gozar de protección inmediata”.
Además, se establecen menos garantías de acceso al asilo, “al no garantizar la evaluación individual de cada solicitud”. Y se vulnera “el principio de no devolución al utilizar conceptos de ‘tercer país seguro’, ‘país de origen seguro’ e incluso zonas seguras dentro de un país”.
Por otro lado, al mantener la obligatoriedad de pedir asilo en el país de entrada, “ejerce una mayor presión sobre los países fronterizos (como España), quienes además son responsables de garantizar que estas personas no van a desplazarse a otros territorios de la UE, siendo penalizados si esto pasara”. Y se establece un principio de ‘solidaridad a la carta’, “por el cual los países de la UE podrán evitar sus obligaciones de protección internacional mediante el pago de 20.000 euros por persona rechazada”, un dinero que “irá destinado a fronteras, screening, deportaciones, etc.”.
Este pacto también contiene un ‘reglamento de crisis’ que “permite a los estados ampliar las derogaciones y exenciones al derecho de asilo”; consolida “un enfoque de control y criminalización” de las personas que emigran; aumenta la recogida de datos “especialmente sensibles y sujetos de protección” al identificar con datos biométricos incluso a menores; y en definitiva, “refuerza la tendencia a la externalización de fronteras mediante acuerdos con países terceros, y no incluye ninguna medida para evitar las vulneraciones de derechos y las muertes en las rutas de acceso a Europa”.
