La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha iniciado movilizaciones en diferentes puntos de la comunidad autónoma para denunciar que “miles de andaluces están viendo vulnerado su derecho a acceder a una vivienda digna y asequible”, a pesar de que este derecho “está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución española y en el propio Estatuto andaluz”.
La campaña ha tenido un primer acto en la capital gaditana, donde este colectivo viene denunciando “el abandono de solares públicos o, peor, su venta para privatizarlos”. “Cádiz tiene una escasez tremenda de suelo para equipamientos y viviendas públicas sociales. Y sin embargo numerosos solares propiedad de las administraciones están en proceso de enajenación (Campo de las Balas, Casitas Bajas, Navalips…) o directamente abandonados”.
En esta ocasión, la Apdha ha puesto el foco en la parcela de la antigua Institución Provincial Gaditana, propiedad de la Junta, que en su día proyectó ubicar aquí la eternizada Ciudad de la Justicia todavía sin ejecutarse.
De este modo, bajo una pancarta con el lema ‘Décadas de abandono de este solar de la Junta de Andalucía. Reclamamos equipamientos y viviendas públicas’, miembros de la entidad han lamentado en la calle Tolosa Latour la situación de esta parcela (que enmarcan las calles Tolosa-Latour, Granja San Ildefonso, Brunete y Ciudad de Santander). La mayor parte es propiedad de la administración andaluza, y lleva décadas “abandonada, llena de hierbajos salvajes, bichos, ratas y mucha porquería, o edificios en ruinas”, como denuncian desde hace años vecinos del entorno.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Apdha reclama a la Junta que construya en este suelo vivienda pública. “Pese a que hace años se descartó la construcción en dichos terrenos de la Ciudad de la Justicia, a fecha de hoy se desconoce qué intenciones tiene para dichos suelos. Se trata de un inmenso solar en pleno centro urbano (en extramuros), que lleva décadas de abandono y que alberga además edificaciones ruinosas como la antigua Casa Cuna que es frecuentada por adolescentes con el consiguiente riesgo que conlleva para la seguridad de estas personas”, se añade.
Preocupa especialmente a este colectivo que el Gobierno andaluz del PP pueda venderlo a fondos privados, como ha hecho recientemente con suelo en Loreto (para 212 viviendas, que además deja sin una bolsa de aparcamiento al barrio), por lo que “se requiere un compromiso para que mantenga la titularidad pública sobre el terreno y promueva su adecuado desarrollo”.
“Aunque hoy el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) determina que el uso de este suelo es el de administración pública y podría por tanto adecuarse para albergar centros de salud, bibliotecas, o alojamientos, cabría también la posibilidad de ser modificado para hacerlo compatible con el uso residencial”, se señala.
De esta forma, se considera que la Junta “podría promover la construcción de un extenso parque de vivienda pública en la zona y favorecer la permanencia de vecinos que llevan décadas abandonando la ciudad por la dificultad para el acceso a una vivienda”. Además, “contribuiría a dinamizar los barrios cercanos y a evitar el cierre de líneas educativas en los colegios públicos”.
DENUNCIA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
En paralelo, y en el marco de esta campaña, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía tiene previsto registrar una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar como tanto la Junta como el grueso de los ayuntamientos de la comunidad “están incumpliendo sus obligaciones para garantizar que el acceso a una vivienda digna sea una realidad para los andaluces”.
Recuerda que “la renta media andaluza por hogar apenas supone un 86% de la media española” y que “los barrios y municipios más pobres de todo el Estado español se concentran en Andalucía”. A pesar de ello, “nuestros gobernantes no sólo no han puesto en marcha medidas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna, sino que han favorecido los intereses de grandes especuladores que están obteniendo enormes beneficios económicos a costa de los andaluces”.
La Apdha cree que los gobernantes “tienen herramientas para paliar y poner solución a esta realidad” y apunta hacia la regulación de límites al precio del alquiler, a una moratoria sobre viviendas turísticas y, sobre todo y fundamentalmente, a la creación de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social “a partir incluso de la expropiación del gran stock que están acaparando grandes tenedores y fondos buitre”.
