“Si ya es mala noticia que la ciudad de Cádiz pierda equipamientos educativos, mientras fomenta y mantiene la educación concertada, peor es que un suelo de uso educativo, susceptible de convertirse en vivienda pública, sea objeto de negocio y especulación por parte de las propias administraciones para sufragar gastos distintos a la política de vivienda que la ciudad necesita”.
Es la reacción de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) a uno de los ofrecimientos que habría hecho el Ayuntamiento a la Zona Franca de Cádiz, en el marco de la negociación de los suelos de CASA, donde se proyecta desde hace dos décadas el prometido nuevo hospital, y una vez que la Junta de Andalucía se ha desentendido de la compra de los terrenos y entre “compromisos” espera que sea la administración local (ahora con gobierno también del PP, sin rechistar) la que los adquiera y se los ceda gratis.
En concreto, el equipo de Gobierno de Bruno García habría planteado quedarse con los suelos de Puntales, propiedad de la Zona Franca y valorados en casi 13 millones de euros, a cambio de que el Consorcio aceptase los terrenos del antiguo colegio Adolfo de Castro para la construcción allí de “300 viviendas más garajes y locales”, comercializando este suelo.
“EL ANTIGUO COLEGIO DEBE DESTINARSE A VIVIENDA PÚBLICA”
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la Apdha considera que “la utilización a lo largo de décadas del suelo público mediante su venta privada para financiar operaciones de otro calado no es otra cosa que especulación inmobiliaria y es, en buena medida, causante de la actual crisis de vivienda que padecemos”.
“El problema de la vivienda en esta ciudad, y en todo el país, tiene en este tipo de prácticas una de las razones por las que no se cuenta como en otros países europeos con un parque público de viviendas que amortigüe los precios del mercado de alquiler y compra”, se expone.
Añade este colectivo que si finalmente el uso del colegio Adolfo de Castro, cerrado el curso pasado con la excusa de la bajada de la natalidad, “no va a volver a ser educativo, como sería lo aconsejable”, el Consistorio debe destinarlo a vivienda pública, “dada cuenta de la emergencia habitacional que tiene la ciudad y la urgencia de medidas que frenen la alarmante pérdida de habitantes que Cádiz sufre”.
“ESAS 300 VIVIENDAS ESTARÍAN FUERA DEL ALCANCE DE LA MAYORÍA DE LOS GADITANOS”
“El destino privado que el Ejecutivo de Bruno García aconseja a la Zona Franca para que le salga rentable el intercambio del suelo para el hospital nos parece una noticia de mal gusto”, insisten desde la Apdha.
De este modo, de aceptarse este “trueque comercial”, que parece que el Consorcio ya ha rechazado por “inviable”, el resultado sería “unas 300 viviendas a precio de mercado libre y fuera del alcance de la mayoría de los gaditanos. Debido al elevado coste y a las dificultades actuales de financiación, es más que probable que un gran número de estas viviendas sean adquiridas por personas de fuera de la ciudad para segunda residencia o como objeto de inversión y nueva especulación, privando a la ciudad de un suelo muy necesario para cubrir las necesidades de vivienda de su población”.
Por todo lo cual, se reclama a todas las administraciones que están interactuando en esta operación “que la descarten cuanto antes”. “Si bien la Junta de Andalucía habrá de encontrar financiación para garantizar la construcción del futuro hospital, no podrá ser nunca a costa del suelo público de viviendas y mediante especulación”, se apostilla; al tiempo que se exige al Consistorio gaditano “que no actúe como un mercader inmobiliario y, al contrario, proteja y beneficie las políticas de vivienda como la prioridad absoluta que tiene la ciudad”.
