La APBC ha adjudicado el buque SV Nikolay por 891.000 euros en la subasta pública celebrada recientemente, a la que concurrieron cuatro licitadores. Este barco –interceptado con tres toneladas de cocaína en agosto de 2012- se encuentra inmovilizado desde entonces en el muelle de la Zona Franca de Cádiz por un procedimiento de embargo, lo que llevó a la Autoridad Portuaria a solicitar ante el juzgado su enajenación.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha adjudicado provisionalmente el buque SV Nikolay a Georgios Rallis por 891.000 euros en la subasta pública celebrada recientemente, a la que concurrieron cuatro licitadores. Este barco se encuentra inmovilizado desde agosto de 2012 en el muelle Ribera de la Zona Franca de Cádiz por un procedimiento de embargo, lo que llevó a la APBC a solicitar ante el juzgado su enajenación.
Se estableció un precio base en primera subasta de 796.886 euros para este buque, construido en 1987 y que cuenta con 123,6 metros de eslora y 7.455 unidades de Registro Bruto. La operación Espartana, en agosto de 2012, interceptó el mercante a 50 millas de la costa gaditana con casi tres toneladas de cocaína a bordo, con destino a Galicia, desde donde la droga sería distribuida por la Península y el resto de Europa.
El SV Nikolay, de pabellón de Bulgaria, se halla afecto a un procedimiento de embargo que lo mantiene atracado en Zona Franca desde el 14 de agosto de 2012. Por auto de esa fecha, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ordenaba el atraque y custodia de dicho buque y el juzgado de los Mercantil número 1 de Cádiz procedía, por medidas cautelares previas 671/2012, al embargo del mismo.
Tras reclamar la APBC la enajenación del buque ante las autoridades judiciales, finalmente en enero de este año el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz autorizó la subasta pública del mismo, según se recuerda en comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
En situación similar a este buque que ahora se subasta se encuentran otras embarcaciones abandonadas en la zona de dominio público portuario gaditano y que ocasionan gastos al puerto.
La APBC recuerda que la colaboración de la administración judicial es esencial para la seguridad de la navegación marítima y para el desarrollo de las distintas actividades portuarias, por lo que con esta subasta se espera una pronta resolución de estos expedientes, “por motivos de seguridad marítima, por los gastos que le ocasionan estos depósitos, por el tiempo en que tardan en resolverse los procedimiento y también por la mala imagen que estas embarcaciones abandonadas provocan en las dársenas”.
En noviembre del año pasado el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Fomento, la Fiscalía General del Estado y el organismo público de Puertos del Estado suscribieron un convenio relativo a las actuaciones necesarias para la venta o realización de buques aprehendidos o intervenidos en procesos penales, con el fin de agilizar los procedimientos de enajenación.
