Los juzgados del estadio Carranza, en Cádiz, han acogido este 1 de julio en el que curiosamente entraba en vigor la Ley Mordaza el juicio contra cinco personas imputadas por la “usurpación” de Valcárcel, para las que el fiscal solicita multa de seis meses. Familiares, amigos y simpatizantes del colectivo Valcárcel Recuperado –incluidos concejales del equipo de Gobierno municipal- les han apoyado en la entrada de los juzgados, y han vuelto a exigir la absolución. Los acusados han negado tener un papel relevante en esta ‘apertura’ del BIC abandonado, que de forma autogestionada se recuperó y llenó ‘de vida’ durante seis meses.
Los juzgados del estadio Carranza, en Cádiz, han acogido este 1 de julio el juicio contra las cinco personas imputadas (eran seis, pero una falleció durante el proceso de instrucción) por la “usurpación” del inmueble de Valcárcel, para las que el fiscal solicita multa de seis meses, responsabilidad civil y costas, rondando el montante más de 6.000 euros. Familiares, amigos y simpatizantes del colectivo Valcárcel Recuperado –incluidos concejales del equipo de Gobierno municipal- les han apoyado a en la entrada de los juzgados, y han vuelto a exigir la absolución ya que “no hay delito”.
Los acusados, durante el juicio, han negado que dirigieran dicha ocupación –que la defensa tacha de “reivindicación, no una ocupación”- y que tuvieran un papel relevante durante los seis meses que duró.
Precisamente hace unos días, el pasado 19 de julio, se cumplía el cuarto aniversario desde que numerosas personas “abrieran” el emblemático edificio frente a la playa de la Caleta y volvieran a “darle vida”, tras años de abandono por parte de la Diputación y la empresa Zaragoza Urbana –que adquirió el mismo para convertirlo en hotel de lujo, un proyecto frustrado-.
La actividad autogestionada se mantuvo en el inmueble ocupado durante más de seis meses, con asambleas, cine de verano, una escuela para niños, biblioteca, ensayos de agrupaciones de carnaval, actividades deportivas, taller de costura, clases de idiomas, comedor social… “y un sinfín de usos por parte de las personas y colectivos que de uno u otro modo formaron parte de Valcárcel Recuperado”, hasta que la Policía Nacional, en una mañana de enero de 2012, desalojó el edificio –en el que no había nadie, ya que no se trataba de una okupación- y lo volvió a cerrar. Y desde entonces, de nuevo, este Bien de Interés Cultural (BIC) vuelve a estar sin uso alguno.
De cara a este juicio, desde hace varias semanas lleva funcionando una campaña en las redes sociales bajo los lemas ‘Yo también estuve en Valcárcel Recuperado’ o ‘Apoyo a los imputad@s de Valcárcel Recuperado’, con la que decenas de personas de dentro y fuera de la ciudad han mostrado su apoyo agregando dichos lemas a sus fotografías de perfil en las redes. Igualmente se han celebrado actividades e incluso se han recogido fondos por si hubiera sanciones.
También se ha difundido el manifiesto ‘No puede ser delito’ que ya han firmado cerca de 250 personas, y que remarca que estas cinco personas “se enfrentan a condena por motivos tan peregrinos como participar en algunas de las innumerables actividades, leer un manifiesto públicamente o, simplemente, abrir una cuenta de correo electrónico”.
“HAY UNA ACTIVIDAD RESPONSABLE E INCLUSO LOABLE”
Mari Luz Moreno, abogada del equipo jurídico de Valcárcel Recuperado, defendía hace unos días en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que “entendemos que la vía penal no debería entrar en este tipo de actos, que se sitúan dentro de la reivindicación política social, y más allá, ya que en este caso lo que se ha hecho es proteger un Bien de Interés Cultural, avalado por la Ley de Patrimonio Andaluz. La ciudadanía hace un acto responsable ante la negligencia de la administración y como resultado nos vemos con una serie de personas acusadas, con unos motivos muy laxos, porque es imposible sacar motivos más concretos, ya que no hay delito, lo que hay es una actividad responsable e incluso loable”.
“Lo que se hace es denunciar, y más allá de denunciar, recuperar una actividad de cuidado del BIC que no hacía la administración. Por ello entendemos que el juicio no tiene fundamento y que no hay delito alguno, pedimos la absolución”, apostillaba la abogada.
Tras la vista oral de este miércoles –en el que casualmente entraba en vigor la controvertida Ley Mordaza- que se prolongó durante más de cuatro horas, el juicio ha quedado visto para sentencia, que se conocerá posiblemente en septiembre.
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