La consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, se ha pasado por el Ayuntamiento de Cádiz para la firma de un convenio que busca “revalorizar” seis parcelas e inmuebles de la administración autonómica abandonados o en desuso; con esta operación se busca concentrar dependencias administrativas de la Junta y disponer de suelo para la construcción de viviendas.
“Vamos a recuperar varios edificios y terrenos en lugares emblemáticos que, por fin, tras años de olvido y abandono en algunos casos, se van a integrar en la ciudad para su uso y disfrute por parte de los ciudadanos y que permitirá, además, atender una de las principales reivindicaciones de los gaditanos como es la demanda de vivienda”, ha insistido España al presentar este acuerdo junto al alcalde, Bruno García, ambos del PP.
En paralelo, este convenio posibilita concentrar diferentes sedes administrativas de la Junta de Andalucía que estaban repartidas por diversos locales en un mismo espacio “para facilitar la atención a los ciudadanos, agilizando trámites y evitando que tengan que desplazarse de un lugar a otro para llevarlos a cabo, lo que permite ganar en eficacia”.
“Esto supondrá además un ahorro para las arcas públicas al desaparecer los alquileres que se estaban abonando o al deshacerse de esos inmuebles, objetivo que nos marcamos desde el Gobierno para evitar despilfarro del dinero de todos los andaluces y poder destinarlo a mejores fines”, ha argumentado esta consejera de derechas.
Y en su intervención, el alcalde de Cádiz ha insistido en que uno de los principales objetivos del convenio es la de “incrementar el número de viviendas en la ciudad, que es una de las grandes prioridades de este equipo de Gobierno y también de la Junta”.
De la misma manera, Bruno García ha destacado que también “se pone el foco en la recuperación de varios espacios públicos y edificios que ahora mismo no tienen uso. Eso es lo que venimos haciendo desde que llegamos al Gobierno de la ciudad y así lo hemos hecho con el castillo de San Sebastián y el Torreón de las Puertas de Tierra entre otros”.
PARCELAS Y EDIFICIOS AFECTADOS
El acuerdo patrimonial y urbanístico suscrito hace referencia a varias parcelas de la capital, entre ellas la de la antigua sede de la Escuela de Náutica, frente a La Caleta, que lleva años abandonada; una vez que sea rehabilitado y enajenado mediante subasta (se mantiene la intención de vender y sacar dinero por este emblemático edificio con especial protección, por lo que no se puede derribar), Carolina España ha desvelado que tendrá un nuevo uso residencial: “pese a que en un principio se iba a dedicar a actividades económicas (se llegó a pensar en una residencia de estudiantes), finalmente se han oído las necesidades de la ciudad y se harán viviendas”.
Durante la comparecencia para explicar el convenio se ha admitido lo compleja que es esta operación “porque el inmueble tiene una alta protección y hay que ver si es posible construir viviendas”; se ha esbozado la intención de desarrollar un proyecto similar al de Navalips (promovido por la Zona Franca), es decir, que haya viviendas de renta libre y viviendas protegidas; y se ha descartado de forma rotunda otro hotel. Al respecto, tanto PSOE como Adelante Izquierda Gaditana en la oposición municipal ya hablan de “pelotazo urbanístico”.
Por otro lado, la parcela en la avenida Cayetano del Toro, el conocido como chalet de San Luis (usado desde hace años como aparcamiento en superficie), que formaba parte del paquete recibido por la Junta (cuando todavía gobernaba el PSOE) como pago de la deuda histórica por parte del Gobierno central, se mantendrá su calificación como espacio administrativo, “tal y como ha solicitado el Ayuntamiento”.
En cuanto al solar de la antigua sede del instituto de La Viña, en la calle Martínez Campos, pasará a tener uso libre; mientras que a la parcela en la calle Marqués de Valdeíñigo, actualmente abandonada, se le cambiará el uso administrativo para uso residencial.
El convenio afecta también a la parcela situada entre las calles Tolosa Latour y Brunete (donde en su momento se planteó el proyecto de Ciudad de la Justicia): se compaginará el uso administrativo, el residencial y el dotacional. Así, se demolerán los restos del inmueble existente para levantar un nuevo edificio que concentre sedes administrativas de la Junta, mientras que otra parte del espacio, abandonado desde hace 20 años, se destinará a la construcción de viviendas y usos dotacionales y libres, “preservando en cualquier caso la pequeña necrópolis localizada en el terreno”.
El último inmueble al que hace referencia el convenio urbanístico, se detalla en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, es el de los antiguos depósitos de tabaco, donde el anterior gobierno local izquierdista ya cedió gratis suelos a la Junta para que levante algún día esa eternizada Ciudad de la Justicia, que la derecha quiere hacer realidad implicando a la iniciativa privada.
“RENTABILIZAR EL PATRIMONIO INFRAUTILIZADO”
En este punto, la consejera de Economía y Hacienda ha contrastado la “gestión patrimonial” del derechista Moreno Bonilla con la de anteriores administraciones socialistas en la Junta, que a su entender “dieron por saldada la deuda histórica en Andalucía con inmuebles que no se comercializaron ni vendieron y que han supuesto un elevado coste en gasto de mantenimiento pese a estar en desuso”.
Así, ha puesto el acento en “la apuesta del actual Gobierno andaluz por rentabilizar el patrimonio infrautilizado o en desuso, que es de todos los andaluces, lo que se traduce en un ahorro para la administración y, sobre todo, una oportunidad de creación de empleo y riqueza”.
“EL PP ESTÁ EMPEÑADO EN VENDER TROZOS DE LA CIUDAD PARA PELOTAZOS URBANÍSTICOS”
Los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento, PSOE y AIG, no han tardado en cuestionar una de las patas de este convenio: la venta del edificio de Náutica para que un promotor haga viviendas privadas.
El portavoz municipal socialista, Óscar Torres, entiende que “estamos presenciando, sin pudor ninguno, el enésimo pelotazo urbanístico del PP en la ciudad”. Por un lado, lamenta que este futuro uso residencial para Náutica “entierre definitivamente el proyecto de cinturón universitario del campus de Cádiz”, y por otro remarca que “resulta una desfachatez que el alcalde sea capaz de anunciar la construcción de viviendas en este enclave privilegiado, cuando la realidad es que está vendiendo suelo público para vivienda privada a precios fuera del alcance de los gaditanos, dada la protección urbanística del edificio”.
“Por mucho que quieran anunciar otra cosa, la realidad es esa: Cádiz pierde una vez más suelo público para favorecer a inversores privados”, reiteran desde el PSOE, que acusa a Bruno García de “estar perdido y desnortado respecto al tipo de vivienda que necesita Cádiz, no hacen falta viviendas de lujo para millonarios, sino viviendas públicas en régimen de alquiler que permitan afianzar población al territorio”.
De la misma manera, el portavoz municipal de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, cuestiona la “burbuja inmobiliaria” que está “inflando” el PP a precios “desorbitados” y que lo haga, además, “a costa de destrozar e hipotecar el futuro universitario de la ciudad”.
La coalición izquierdista considera que Bruno García está “empeñado” en “vender trozos Cádiz para pelotazos urbanísticos, en una política que lleva a cabo claramente alineado con grandes constructoras de pisos de lujo que están haciendo su agosto a costa de cargarse el derecho a la vivienda de los gaditanos, pues los precios son desorbitados y se escapan al sueldo medio de la población de la ciudad”.
“El PP no para de hablar de que hará vivienda pero esconde la realidad: está poniendo en bandeja el suelo público para que haya especulación con la vivienda, para que se hagan pisos a precios de lujo y que no van a poder comprar gaditanas y gaditanos. El PP gobierna para que se lucren las constructoras, para que haya gente con segundas residencias en Cádiz y para que se construyan pisos de lujo que son inaccesibles para la gente de a pie”, interpreta De la Cruz.
