Antiguos trabajadores de la SEPI en la provincia de Cádiz y delegados de CCOO y UGT se han concentrado ante la Delegación de Hacienda de Cádiz para exigir el cumplimiento de la sentencia del Supremo que implica el cobro de los atrasos y la actualización de las pensiones de los trabajadores jubilados de Izar, el antecedente de Navantia. Son unos 600 afectados en la provincia, más de 6.000 en todo el Estado.
Antiguos trabajadores de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la provincia de Cádiz y delegados de CCOO y UGT se han concentrado ante la Delegación de Hacienda de Cádiz para exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que implica el cobro de los atrasos y la actualización de las pensiones de los trabajadores jubilados de Izar, el antecedente de Navantia.
Los sindicatos califican de “lamentable” la actitud de la SEPI, que pese a tener una sentencia firme del Supremo que le condena al abono de los incrementos salariales, sigue negándose a hacerlo y no comparece en las diferentes mesas creadas para abordar este tema, según explican los secretarios del Sindicato de Industria de CCOO Cádiz, Jesús Serrano, y de MCA UGT Cádiz, Diego Peces. Si la SEPI no cambia de actitud, advierten, los afectados interpondrán demandas individuales para reclamar lo que les deben, “algo que colapsaría los juzgados puesto que hay unos 6.000 afectados en toda España”.
Las cantidades que la SEPI ha de abonar según la sentencia a los 600 jubilados de Izar en la provincia gaditana corresponden a un 2,9% de sus salarios en 2012 y un 0,3% en 2013. Los sindicatos denuncian en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que no sólo no se han pagado esos atrasos, sino que tampoco se han actualizado los salarios tal y como dicta la sentencia.
El pasado 1 de octubre, CCOO y UGT ya avisaron de que habría movilizaciones debido a la actitud del Gobierno central del PP. En marzo, el Tribunal Supremo les había dado la razón a los sindicatos: la SEPI se había equivocado al congelar las pensiones de sus trabajadores jubilados, unos trabajadores a los que en 2004 se les había garantizado que sus pensiones se incrementarían en función del coste de la vida (del Índice de Precios al Consumo, el IPC). Lamentablemente, y tras una interpretación interesada de la Ley 17/2012 por parte del Ministerio de Hacienda, se les congelaron las retribuciones en abril de 2013.
CCOO de Industria y MCA-UGT exigen a la autoridad competente que “ponga orden y sentido común” y revierta este “despropósito y atropello” contra los jubilados de la empresa.
(puedes comentar esta información más abajo)
