El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, y su concejala de Vivienda, Eva Tubío, han denunciado que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que está previsto que se apruebe ya mismo por el Consejo de Ministros, ignora “reivindicaciones fundamentales para los gobiernos locales”.
Estas se comunicaron en su momento a través del proceso formal de alegaciones y posteriormente el mes de diciembre en el encuentro con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, en el que participaron además de la capital gaditana, representantes municipales de Barcelona, Madrid, Zaragoza, A Coruña, Santiago y Valencia.
Este grupo de ciudades del Estado, de las consideradas ayuntamientos ‘del cambio’, coincidieron en que los problemas que se generan por la falta de inversión y por la falta de un proyecto en políticas públicas de vivienda del Gobierno central recaen directamente en los municipios, “que son las administraciones que, al fin y al cabo, tienen que hacer frente a los desahucios, a los problemas que generan las subidas indiscriminadas de los precios de los alquileres, y a los que afecta la falta de un parque de vivienda pública y de precio asequible de alquiler”.
El resultado del trabajo realizado, sin embargo, “no cumple las expectativas de los municipios”, que denuncian que han quedado fuera del plan las propuestas fundamentales para poder dar respuesta a las urgencias que se viven en cada una de las ciudades. Cádiz lo denuncia ya y en los próximos días lo harán público también el resto de las ciudades que le acompañaron en estas reivindicaciones, que además quieren animar al resto de gobiernos locales a sumarse.
Una de las principales propuestas de estos siete ayuntamientos de distintos puntos del país es dotar este plan de 2.000 millones de euros de inversión para 2018, e invertir así la tendencia que se ha venido dando a lo largo de los últimos años de reducción drástica del gasto público en políticas de vivienda. En la actualidad, el gasto para este capítulo de la Administración General del Estado supone el 0,059% del Producto Interior Bruto (467 millones en 2017, sobre el papel). Y si continúa con la tendencia actual de recortes, que han supuesto una reducción de 1.000 millones en los últimos ocho años, “las políticas públicas de vivienda desaparecerán en cinco años”.
La reclamación es que en el plazo de una década este gasto se sitúe en el 1,5% del PIB. Este incremento anual permitiría que España se equiparase al resto de países europeos que impulsan políticas más acordes con el principio de la vivienda como un derecho fundamental, “que de hecho está recogido en el artículo 47 de la Constitución española”. Los representantes municipales insisten que los consistorios “son las administraciones más próximas a la ciudadanía, y son las que más sufren la falta de recursos públicos de las políticas estatales que permitan garantizar la vivienda como el bien de primera necesidad que es”.
En concreto, les parece “imprescindible” incrementar el presupuesto para ampliar el parque público de alquiler y situar al Estado español a nivel de Europa. Actualmente España sólo tiene un 2,5% de vivienda social, “un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía”.
Además, para tirar adelante la promoción de vivienda pública se considera que se tienen que habilitar líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el apoyo del Gobierno.
Y para ampliar el abanico de posibilidades de creación y de acceso a la vivienda a precio asequible “hace falta también impulsar nuevos modelos que garanticen la permanencia de la titularidad pública del suelo, como son las cooperativas de viviendas, la cesión de uso, etc.”. Igualmente, se pide modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para alargar la duración de los contratos de alquiler, y evitar los incrementos indiscriminados de precios.
Entre otras demandas están: obligar a las entidades financieras y a la Sareb, que fueron rescatadas con dinero público, a incorporar los inmuebles al fondo de viviendas destinadas a alquiler social: “en el actual redactado del plan estas aportaciones son voluntarias, lo cual ya se ha demostrado que no es eficaz”; orientar las ayudas a la rehabilitación a pequeños propietarios y que estas medidas no supongan como contrapartida un aumento desproporcionado de los precios de los alquileres en el mercado privado; e impulsar medidas fiscales que pongan fin a los beneficios de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) “puesto que estas empresas repercuten negativamente en el ámbito social del mercado de alquiler y tienen beneficios que superan los 5.000 millones de euros gracias a las excepciones de tributos y a las bonificaciones fiscales”.
El actual Gobierno gaditano aprovecha para recordar que durante este mandato el Ayuntamiento “por vez primera ha impulsado con financiación propia la construcción de 45 nuevas viviendas sociales (tres promociones) destinadas íntegramente al alquiler público”. Por otro lado solo durante 2017 el presupuesto municipal destinado a rehabilitación, reparación y mejora del parque público ha ascendido a cerca de 2,8 millones de euros, y en el caso de las ayudas al pago de vivienda habitual también superan los 2,7 millones.
Y EL PP RIDICULIZA LA POLÍTICA DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO
Ante las críticas del Gobierno local de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común ha salido el PP local en defensa del Gobierno de Rajoy, o más bien atacando al bipartito. El concejal Juan José Ortiz ha mostrado su sorpresa por estas consideraciones al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
“Es un verdadero escándalo que quienes han engañado a todos los gaditanos con aquello de ni gente sin casa ni casa sin gente, encima se permitan el lujo de criticar a las administraciones que ponen medidas y sobre todo dinero para solucionar los problemas de vivienda”, llega a decir este edil de la derecha.
Así, Ortiz afirma que “el Gobierno de la Nación al menos tiene un Plan de Vivienda, el Ayuntamiento de Cádiz tiene un megáfono y ya está sin pilas por lo que se ve; porque ya no escuchamos ni al alcalde ni a Tubío diciendo que haya problemas en la Corrala de la Bahía o en las infraviviendas aunque no haya un pleno en el que no acudan vecinos a reclamarles todas las promesas que les hicieron en campaña”.
Los populares también lamentan “la osadía” de salir ahora a criticar un plan “que está dotado económicamente y se viene desarrollando en todo el territorio cuando han presentado en el último pleno el gran balance de tres alquileres formalizados bajo el Programa de Alquiler Justo, que debía ser esa medida que dijo Tubío en 2015 que acabaría en días con la emergencia social de Cádiz”.
