Facua Cádiz contra la Unión de Consumidores de Cádiz: acaba de presentar una denuncia en la que reclama a la Junta su expulsión del registro de asociaciones de consumidores. Y es que la entidad presidida por Ruiz Anillo “dirige otra entidad, Asocoes –que intenta captar afectados por fraudes para representarlos en los tribunales-, que compite con su propia asociación a la vez que usa sus recursos, subvencionados por la administración regional”. Se aprovecha para recordar que años atrás han ido saliendo a la luz “graves irregularidades” en las actividades de UCA-UCE y varias de sus asociaciones provinciales.
Facua Cádiz contra la Unión de Consumidores de Cádiz (UCA/UCE): acaba de presentar una denuncia en la que reclama a la Junta de Andalucía su expulsión del Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía. ¿Por qué? La entidad presidida por Miguel Ángel Ruiz Anillo, que también es vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, “incurre en actividades que la ley prohíbe a las asociaciones dedicadas a la defensa de los consumidores”, aseguran desde Consumidores y Usuarios en Acción.
Argumentan desde Facua en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que UCA Cádiz “promociona una entidad paralela”, denominada Asocoes, que “intenta captar afectados por fraudes para representarlos en los tribunales y que para su funcionamiento se sirve de recursos subvencionados por la Junta de Andalucía a la Unión de Consumidores”.
La denuncia, remitida al servicio provincial de Consumo, dependiente de la Dirección General de Consumo, también señala que UCA Cádiz “oferta ilegalmente ‘servicios de asesoramiento’, ‘auditoría’ y ‘acreditación de calidad’ a empresas”. Se trata de prácticas que prohíbe el Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía. En el mismo se establece que perderán la condición de asociación de consumidores -y por tanto no podrán presentarse públicamente como tales- por “percibir ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas” y “autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado”.
Las últimas expulsiones del registro andaluz de asociaciones de consumidores se produjeron en julio de 2014. La entonces Secretaría General de Consumo sacó de él a las delegaciones de Ausbanc en Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, después de que Facua Andalucía denunciase que se trataba de un fraudulento negocio disfrazado de asociación de usuarios.
“UNA ENTIDAD PARALELA QUE COMPITE CON ELLOS MISMOS”
Insisten desde Facua que los responsables de la Unión de Consumidores de Cádiz están utilizando recursos de la asociación subvencionados por la Junta para ofertar servicios jurídicos que “nada tienen que ver con la protección de los consumidores, como separaciones y divorcios, y promocionar la entidad que han creado de forma paralela, Asocoes, que compite con la propia UCA Cádiz y su federación andaluza en la captación de usuarios para llevar casos a los tribunales”.
UCA Cádiz y Asocoes están presididas por la misma persona: el abogado Miguel Ángel Ruiz Anillo, que también es vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, y que colabora de forma habitual con diversos medios de comunicación con intervenciones o columnas. Asimismo, la hasta hace dos meses secretaria general de UCA Cádiz, la también abogada Natalia Rojo de la Rosa, ocupa el mismo cargo en Asocoes.
Pero la identificación entre ambas entidades no se limita a la coincidencia en las personas que tienen al frente. Y es que desde Facua se ha dado cuenta de que UCA Cádiz y Asocoes “lanzan en paralelo comunicados de prensa con textos idénticos para ofrecer a consumidores y empresarios que presenten demandas judiciales con sus abogados”.
DIFERENTES “IRREGULARIDADES” PREVIAS
Facua Cádiz aprovecha para recordar que desde hace una década han salido a la luz “graves irregularidades” en las actividades de UCA-UCE y varias de sus asociaciones provinciales. De hecho, se apunta que un informe de la Cámara de Cuentas fechado en diciembre de 2009 reveló la utilización reiterada de dinero público para fines distintos a los subvencionados.
Dicha investigación destapó “un gran número de incidencias en la práctica totalidad de los procesos de gestión de las subvenciones otorgadas” por distintas consejerías de la Junta de Andalucía en 2005 a UCA-UCE. En sus conclusiones se pone de manifiesto “un inadecuado uso de la figura de la subvención” como instrumento para financiar a dicha organización y “la debilidad del control interno” con ella, ya que la administración regional pasaba por alto numerosas irregularidades. “No existen documentos que permitan concluir la realización efectiva de determinadas actividades” señaló el informe, que advirtió de que en los procesos de justificación “se admiten imputaciones de gastos expresamente no subvencionables”, como el pago de deudas relativas a préstamos suscritos en años anteriores, “así como otros, cuya naturaleza no guarda una relación directa con la aplicación a la finalidad pretendida en la subvención, lo que podría ser causa de inicio de expedientes de reintegro”.
Se queja además Facua que “pese a que varias encuestas confirman que se trata de una entidad cuya existencia desconoce la inmensa mayoría de los andaluces”, UCA-UCE “se ha presentado públicamente durante muchos años como la asociación de consumidores más representativa de la comunidad autónoma con el objeto de que la Junta le otorgara más subvenciones”. “Lamentablemente –se añade- la administración de consumo autonómica nunca ha comprobado si el número de socios, consultas y reclamaciones tramitadas que declaran las organizaciones de consumidores es real, pese a que otorga las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva”.
Tras otra denuncia previa también de Facua, la Secretaría General de Consumo constató en 2013 que varias organizaciones provinciales de UCA-UCE no abrían sus oficinas al público el mínimo número de horas que exigía la legislación para optar a subvenciones para su funcionamiento. Además, en el caso de Córdoba, el local de la entidad “era a la vez la sede de dos negocios, uno de los cuales era el despacho de abogados que regentan su presidenta y su secretaria general”.
También trascendió en su momento que la Diputación de Almería pagó las facturas de la luz del domicilio del presidente de UCA Almería, José Antonio Díaz Roda, que había puesto el servicio a nombre de dicha asociación e imputó los gastos a una subvención en 2007. Díaz Roda llegó a enviar un escrito al presidente de la Diputación para pedirle que no tuviera que justificar los gastos de las subvenciones y que se les financiara sencillamente “por hacer unas actividades determinadas”.
Además, el año pasado esta asociación fue excluida de las dos convocatorias de subvenciones de la Junta de Andalucía dirigidas a federaciones de consumidores de ámbito autonómico por no cumplir los requisitos que marca la ley. La entidad argumentó esta vez que la retirada del dinero público estaba motivada en sus “problemas económicos”. Facua revela que para acceder a las subvenciones, se exige estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: “según consta en el Registro de la Propiedad, la sede de UCA-UCE, ubicada en la sevillana calle Relator, fue rehipotecada por cuarta vez en 2014 y tiene anotaciones de embargo por importe de 110.693 euros por deudas con Hacienda (81.085,67) y la Tesorería General de la Seguridad Social (29.607,13)”.
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