El PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz exige al Gobierno local que ponga en marcha la ‘ayuda única’, un proyecto incluido en el Plan Director de la concejalía de Servicios Sociales aprobado en 2018. Elevará la cuestión al pleno ordinario de octubre.
En concreto, dicho plan marcaba el camino de cara al periodo 2019-2022, “pero encaramos ya el ultimo trimestre del 2020 y podemos comprobar que aquello que se vendió como una revolución en asuntos sociales, de nuevo se ha quedado en nada”, lamenta la portavoz municipal Mara Rodríguez.
Esta ‘ayuda única’ es una propuesta demandada por los profesionales de la propia delegación por ser una manera de configurar un modelo de organización que avance hacia la intervención comunitaria frente a las prácticas asistencialistas. “No olvidemos que si fortalecemos internamente los servicios sociales municipales a través de la reorganización, planificación y correcta reglamentación de servicios, los resultados redundarán directamente en un mejor servicio a la ciudadanía, que en la mayoría de los casos se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, añaden desde este partido de la oposición.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Rodríguez resalta que, tal y como anunció la concejala responsable Helena Fernández en julio de 2019, esta ‘ayuda única’ “sería una ayuda global para cubrir las necesidades de luz, agua o alquiler, que sería gestionada directamente por el beneficiario”; sin embargo, “ha pasado más de un año y no se ha avanzado absolutamente en nada, a pesar de ser una propuesta de especial interés al partir de los profesionales del área”.
El PSOE demanda, de este modo, una mayor diligencia por parte de la concejala para cumplir con lo expuesto en el Plan Director, y promover que desde Asuntos Sociales “se aporten herramientas, más allá de la mera ayuda asistencial”. Así mismo, hace referencia a la necesidad de que, cuanto antes, desde la concejalía de Personal se realice la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), e incluya las plazas correspondientes a la delegación de Asuntos Sociales, puesto que el 80% de la plantilla depende de programas subvencionables, “y no cuentan con la estabilidad laboral necesaria”.
