La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), Adelante Izquierda Gaditana e Izquierda Unida (parte de la propia coalición municipal AIG) han coincidido en reclamar más “coordinación” en Cádiz entre la empresa municipal de vivienda, Procasa, y la concejalía de Servicios Sociales, para evitar la “grave contradicción fuera de toda lógica” que supondría que el Ayuntamiento sea capaz de desahuciar a una familia monoparental con hijos, a la par que dictamina su situación de vulnerabilidad.
Y es que por un lado Procasa ha interpuesto una denuncia por ocupación ilegal de una de sus viviendas públicas en la barriada de Guillén Moreno y por otro Asuntos Sociales ha emitido un informe que avala la vulnerabilidad de Tamara, esta madre de 46 años de edad, de cara a suspender o retrasar su desalojo.
“Si los Servicios Sociales municipales han dictaminado la existencia de vulnerabilidad en el caso de esta familia, formada por una madre con problemas de salud y con dos menores a cargo, parece evidente que el Ayuntamiento debería acatar el Real Decreto-ley 1/2025 de 28 de enero, por el que se prorroga durante todo el 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”, entienden desde la Apdha.
Dicha norma estatal aprueba la suspensión de dichos procedimientos en los casos de impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y de quienes habiten sin título una vivienda que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas.
“La familia denunciada está en este supuesto y, más allá de la demanda que va a hacer la afectada para acogerse a dicha suspensión, debería ser el propio Ayuntamiento el que le procurase esta posibilidad legal”, se insiste en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“SE BUSCA CRIMINALIZAR A UNA FAMILIA VULNERABLE”
Se da la circunstancia de que, además, pudiendo optar por la vía civil o el desahucio administrativo, Procasa ha denunciado a esta vecina por lo penal, “lo que conllevará además del desalojo, la imposición de una multa que, de no cumplirse, puede llevar pareja la privación de libertad”. A juicio de la Apdha, “resulta inaudito que se busque criminalizar a una familia vulnerable, cuando lo más grave es la inoperancia de los poderes públicos para hacer cumplir el derecho fundamental a la vivienda”.
Esta asociación sostiene que “lo que se está incumpliendo gravemente es la obligación que tienen las administraciones de ofrecer una alternativa digna en los casos de desahucios para así garantizar la protección de las personas vulnerables y, muy especialmente, de los menores”.
Y de no contarse en la actualidad con el recurso necesario, “la suspensión de este desahucio puede permitir disponer de mayor tiempo y mayores posibilidades para ofrecerle a la familia un alojamiento transitorio, si es que están ocupados los que existen en la actualidad, o para ayudarles a encontrar un alquiler residencial a abonar con las ayudas municipales que existen a tal fin”.
La Apdha insta directamente al alcalde Bruno García a interrumpir de manera inmediata este lanzamiento previsto para el 1 de abril y a que se le condone la multa a la afectada, “por cuanto que el Ayuntamiento está actuando de una manera desproporcionada y profundamente antisocial”.
“LO ÚNICO QUE LE FALTA AL PP SON LAS GANAS Y LA HUMANIDAD”
“Bruno García, al que le gusta autoproclamarse el alcalde más social, no puede echar a la calle a una madre con dos menores. Es inadmisible que pretenda hacer algo así, interponiendo una denuncia desde Procasa, por la vía penal, a esta persona por ocupación de vivienda pública, a pesar de que los propios Servicios Sociales municipales han dictaminado la existencia de vulnerabilidad en el caso de esta familia”, reitera al respecto la portavoz adjunta de Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández.
“En qué cabeza cabe dejar sin un techo y sin alternativas a una mujer que ha padecido cáncer, que ha sido víctima de violencia de género y que, además, tiene dos hijas menores que dependen de ella. A Bruno García y a su equipo se le debería caer la cara de vergüenza por algo así -apostilla Fernández-, y más porque la ley permite prorrogar hasta el 31 de diciembre de este año la suspensión de los procedimientos de desahucio para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional”.
De este modo, este partido de la oposición reclama al equipo de Gobierno gaditano que actúe “de inmediato” puesto que tanto la ley como los protocolos antidesahucios amparan a las personas en exclusión: “tienen herramientas para hacerlo, lo único que les falta son las ganas y la humanidad”.
“CONSECUENCIA DIRECTA DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA DEL PP”
De la misma manera, IU considera que debería ser el propio alcalde de derechas “quien dejase la soberbia a un lado y aplicase de inmediato esta medida para evitar que familias en condiciones complicadas tengan que pasar por estas situaciones”.
“Este tipo de situaciones son por desgracia la consecuencia directa de un PP cuyas políticas de vivienda tienen como prioridad atender a las promotoras privadas con alfombra roja y denuncias por lo penal a las familias vulnerables”, subrayan la coalición izquierdista, que recuerda que durante el mandato anterior (con José María González ‘Kichi’ en la Alcaldía), era “prioritaria” la coordinación entre Procasa y Asuntos Sociales para evitar que este tipo de situaciones se produjese: “prueba de ello es que en ningún momento se iniciaron desahucios de familias en situación de vulnerabilidad, y más aún con menores”.
