Como en el resto del Estado español, en Cádiz alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional ha salido a la calle en la mañana lluviosa de este viernes secundando la convocatoria de huelga lanzada por el Sindicato de Estudiantes bajo el lema “¡Modelo PAU ya! Basta de represión y brutalidad policial”. La protesta en la capital gaditana se ha desarrollado a las puertas del Ayuntamiento, en la plaza de San Juan de Dios.
En el origen de esta movilización está que los alumnos de segundo de Bachillerato, con el curso empezado, todavía no saben cómo van a ser las pruebas de Selectividad, ahora rebautizadas de nuevo como Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), tras unos años denominadas al menos en Andalucía como PEvAU: “a pesar de que llevamos más de tres semanas de curso, la única información que tenemos es que los exámenes de la PAU se celebrarán los días 3, 4 y 5 de junio. Ya está. Esto es todo”.
A ello se une la segunda consigna de la huelga estudiantil de este 11-O: “cuando salimos a protestar y a pedir explicaciones, se nos envía a los antidisturbios a reprimirnos con una saña salvaje, con pelotas de goma y porrazos”, como ocurría días atrás en Murcia.
“MÁS DIFICULTADES, MÁS ESTRÉS, MÁS INCERTIDUMBRE”
A principios del pasado junio, el Ministerio de Educación y las consejerías correspondientes de las diferentes comunidades autónomas llegaron a un “consenso” para “homogeneizar la Selectividad” este año, que “se corregirá con criterios comunes” en todos los territorios.
Sin embargo, desde entonces “están manteniendo un silencio intolerable. En lugar de presentar los cambios y novedades antes de arrancar el curso, permitiendo a nuestros profesores preparar bien los contenidos académicos, y garantizar que los estudiantes tengamos todas las facilidades para preparar esta prueba, nos encontramos que a principios de octubre todavía no sabemos nada”, denuncian desde el Sindicato de Estudiantes.
“Esto añade todavía más dificultades, más estrés y más incertidumbre a una prueba cuya razón de ser es convertir el acceso a la Universidad en un privilegio de clase. Siempre hemos estado y estamos totalmente en contra de que exista esta prueba clasista que transforma la educación superior en unos juegos del hambre y en una competición entre nosotros. Y el hecho de que el examen de este curso sea un misterio todavía, demuestra el carácter injusto y arbitrario de la PAU”, se lamenta, al tiempo que se exige “la publicación inmediata de los modelos de exámenes para garantizar que podamos prepararla en condiciones”.
Es más, durante este viernes de huelga, el Sindicato de Estudiantes ha lanzado un nuevo ultimátum al Ministerio y las consejerías, que “se están riendo en nuestra cara, pero se nos ha agotado la paciencia”: “si el lunes 14 de octubre no está publicada la nueva PAU, volveremos a la huelga general estudiantil el próximo viernes 18. Somos jóvenes pero no nos chupamos el dedo”.
Lo poco que se sabe de esa nueva PAU es, además del nombre, que se establecerán unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas, y una evaluación del alumnado “más centrada en las competencias de los estudiantes”.
La normativa aprobada en junio por el Consejo de Ministros recoge las características básicas de los ejercicios que componen la prueba de acceso y regula unos parámetros comunes para la evaluación del alumnado. “Corresponderá a las comunidades concretar características, contenidos y criterios de corrección específicos de la prueba”, se añadía.
“PLAN DE RESCATE URGENTE A LA EDUCACIÓN PÚBLICA”
Pero con esta protesta alrededor de la indefinida nueva Selectividad, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz, el Sindicato de Estudiantes también ha querido poner el acento en “el grado de destrucción y privatización intolerable que ha alcanzado la educación pública”.
Por eso exige “un plan de rescate urgente a la educación pública”, que pase por varias medidas fundamentales, contemplando que “ni un solo euro público vaya para la educación concertada-privada y la jerarquía de la Iglesia Católica”.
Este colectivo reclama, entre otros puntos, una inversión estatal en educación del 7% del PIB; la bajada drástica de las ratios a 15 alumnos por aula; un plan de construcción y renovación de centros educativos públicos; la creación de 200.000 plazas en la FP pública y gratuitas; prácticas en empresas remuneradas; la eliminación de las tasas universitarias y ampliación drástica del plan de becas y bajada de la nota al 5 para acceder a ellas; la eliminación de las notas de corte para acceder a las carreras, y con ello, la supresión definitiva de la PAU; y un plan de atención integral psicológica y pedagógica en todos los centros de estudio públicos “para proteger la salud mental de la juventud ante la pandemia de las enfermedades mentales que nos golpean cada día”.
