Este jueves 24-M estaba convocada una huelga general estudiantil en todo el Estado español, promovida por Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes.
En la provincia de Cádiz, con discreto seguimiento, ha tenido su reflejo en la calle en una mañana lluviosa con una manifestación celebrada en la capital desde la plaza de San Juan de Dios. Además, en la noche previa se llevaba a cabo un encierro en la Facultad de Filosofía y Letras para preparar la marcha.
Con esta movilización “para que se nos oiga que no estamos conformes”, se ha pretendido “plantar cara a una reforma educativa que pone a punto cada rama en consonancia con las actuales necesidades de las empresas”. “Se nos apiña en institutos, se nos expulsa de la Universidad y servimos para agrandar sus ganancias mediates prácticas no remuneradas de la FP”, se lamenta.
En enseñanzas medias, la ya aprobada Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la LOMLOE (conocida como Ley Celaá) “se constituye como una ley de facto continuista: maquillando los aspectos más controvertidos de la LOMCE (la Ley Wert de la derecha), pero desarrollándose en las mismas coordenadas privatizadoras”. Y en FP, el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (LOOIFP), “generaliza, a través de la modalidad dual, la disposición por parte de las empresas de mano de obra estudiantil infrarremunerada”.
En el caso de la universidad, señalan los convocantes en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU) “avanza en la mercantilización educativa reforzando el papel de las empresas en distintos planos”. Se potencia el Consejo Social y se consagran mecanismos como la modalidad dual “que, también en esta rama, nutren a las empresas de mano de obra barata”. Además, la reforma universitaria se dota de la LCU (Ley de Convivencia Universitaria) como “coraza que reprima y criminalice la legítima protesta estudiantil: la LCU nos amordaza”.
“LAS LEYES EDUCATIVAS DEBEN PARTIR DEL SENTIR DE ASAMBLEAS Y SINDICATOS”
“Los estudiantes decimos basta a las condiciones de vida y de estudio que nos imponen. Decimos basta y plantamos cara a una reforma educativa al servicio de la Unión Europea y de las empresas, de sus intereses y necesidades. Protestamos a lo largo de todo el país llevando por bandera una serie de reivindicaciones transversales”, se asevera. Entre ellas, la paralización de la LOSU y derogación de la LOOIFP: “la elaboración de las próximas leyes orgánicas de Universidad, FP y enseñanzas medias tendrán que partir del sentir de las asambleas y sindicatos”, se pide.
Además, entre las exigencias están: la “laboralización” de las prácticas curriculares y extracurriculares a nivel de condiciones de convenio colectivo; la derogación de la LCU y “democratización” de la Universidad; la “gratuidad total” del sistema educativo a todos sus niveles y diseño de un sistema de becas-salario que impida que haya estudiantes que se vean abocados al abandono prematuro de sus estudios por dinero; el aumento de la financiación a la educación pública a todos sus niveles y el fin del gasto en educación privada-concertada; la bajada de las ratios en las enseñanzas medias a 20 estudiantes por clase, el aumento generalizado de las plazas públicas en grados de FP y la mejora de sus recursos; y la protección del patrimonio lingüístico y cultural “de todos los pueblos”.
Igualmente, entre las demandas globales se incluyen: “medidas necesarias para que la vivienda y el suministro eléctrico sean verdaderos derechos del pueblo trabajador y no mercancías con las que bancos, fondos buitre y eléctricas se llenan los bolsillos”; una atención en salud mental “pública, gratuito y universal”; y se subraya el no a la guerra: “los pueblos no tienen nada que ganar en guerras imperialistas. Digamos no al envío de armas, hay dinero para guerra y gasto militar y no para educación pública”.
Y como conflictos propios de Andalucía, Estudiantes en Movimiento señala el nuevo modelo de financiación de universidades de la Junta de derechas que pone en peligro las universidades más pequeñas; la creación de nuevas universidades privadas; el proyecto de mapa de titulaciones que busca la eliminación de plazas en los grados con poca inserción laboral; el problema con quienes en Bachillerato cursan profesionalmente Música y Danza; y el “sangrante” cierre de líneas en aulas públicas.
