Acaba de entrar en vigor la modificación de la ordenanza reguladora de las ayudas al programa municipal de alquiler, del Ayuntamiento de Cádiz, tras una primera etapa de escaso éxito. Estos cambios que buscan que la ordenanza de verdad impulse el arrendamiento de casas en la ciudad fueron aprobados por el pleno y, al no presentarse alegaciones, se han elevado a definitivos, publicándose ya en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Entre otras cuestiones, la modificación de la ordenanza contempla el incremento de la cantidad mensual de alquiler de 550 euros más 50 de comunidad a un máximo de 800. En concreto, la empresa municipal Procasa entregará a los propietarios que le cedan casas para alquiler social hasta un máximo de 600 euros en el caso de viviendas de un dormitorio, un máximo de 700 euros para los de dos dormitorios y un tope de 800 euros para las de tres. De esta forma, “se adapta a las circunstancias de la ciudad y, sobre todo, se prioriza la dignificación de las familias, así como la posibilidad de acceder a una vivienda digna”. Asimismo, el tiempo de los contratos de alquiler se eleva de tres a cinco años conforme al cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Las viviendas privadas son cedidas a Procasa para su gestión pública durante cinco años, en los que “el Ayuntamiento garantiza el buen uso del inmueble y el pago en fecha del cien por cien de la renta que le corresponda en base a la ordenanza”. Es la administración local la que se encarga de cubrir la diferencia hasta ese límite sobre el precio que se acuerde con el inquilino teniendo en cuenta sus posibilidades económicas.
Además, esta normativa supone una alternativa para sacar al mercado viviendas que no contaban con las condiciones de habitabilidad a través de créditos reintegrables para reformas. En este punto se remarca que no se trata de poner “infravivienda” a disposición de los gaditanos, sino viviendas “dignas”. Por ello, se mantiene como requisito imprescindible que las viviendas cuenten con el Informe Técnico del Edificio (ITE) o, en su caso, el Informe de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, se aumenta a un máximo de 10.000 euros el crédito reintegrable que se concede a la propiedad para obras de reforma.
Además, las ayudas económicas a los inquilinos para el pago de las rentas de los alquileres se realizan como ayuda social por los equipos técnicos competente, correspondiendo la propuesta de inclusión en el programa municipal de alquiler al equipo de trabajo social de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda de Procasa.
SE SUMAN CUATRO VIVIENDAS AL PROGRAMA
Precisamente, la entrada en vigor de esta modificación de la ordenanza ha coincidido con la puesta a disposición del Ayuntamiento de cuatro viviendas más en el marco de este programa, lo que permitirá que se destinen a los sectores de población más vulnerables.
De este modo, la concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha destacado este acuerdo alcanzado con el constructor gaditano Agustín Rubiales, que pone a disposición de Procasa cuatro viviendas. La edil izquierdista ha agradecido el gesto de Rubiales, quien ha querido “animar a otros constructores, propietarios y tenedores de viviendas de la ciudad a sumarse al programa, ya que es una forma de contribuir también a que la gente pueda vivir en Cádiz”.
Tubío ha incidido en que “lo que se persigue con esta normativa impulsar el alquiler residencial para dar respuesta a muchas familias que no encuentran vivienda a un precio razonable en la ciudad”. Se quiere primar el alquiler residencial, “que es más estable”, sobre el turístico y también recuperar viviendas que se encuentran deshabitadas.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde, José María González ‘Kichi’, ha subrayado a su vez que este programa responde al compromiso del equipo de Gobierno de “poner todas las herramientas posibles para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como el derecho de los gaditanos a vivir en su ciudad”.
Conforme al Plan Municipal de Vivienda, hay casi 5.000 casas vacías en la capital que se podrían poner a disposición de los vecinos y, por ello, esta iniciativa contribuye a poner en el mercado de alquiler “en condiciones dignas de habitabilidad a precios razonables para que puedan destinarse, con el apoyo municipal, a los sectores de población que las necesitan”, con medidas para garantizar el pago de las rentas y el buen estado de conservación de la vivienda hasta la finalización del arrendamiento, resume la edil responsable.
