CSIF ha denunciado el impago por parte del Ayuntamiento de Cádiz de las indemnizaciones que les corresponde a aquellos trabajadores municipales que han terminado su relación con esta administración local por no haber superado el proceso de estabilización al que se presentaron.
Los afectados (al menos seis, según le consta a esta sección sindical) son trabajadores de varias categorías profesionales (desde conserjes hasta trabajadores sociales) que llevaban años trabajando para el Consistorio gaditano con contratos temporales encadenados. Ahora llevan, en algunos casos, en torno a un año fuera del Ayuntamiento y aún no han cobrado la preceptiva indemnización, por lo que se están viendo obligados a recurrir a la vía judicial.
La ley estatal de reducción de la temporalidad en las administraciones públicas obligaba al Ayuntamiento a convocar procesos selectivos para estabilizar dichas plazas, y compensar económicamente a quienes no superaran las pruebas selectivas, recuerdan desde CSIF en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“UNA MUESTRA MÁS DE LA DEJADEZ DEL GOBIERNO MUNICIPAL”
En este punto, se lamenta que la “dejadez” del Gobierno de Bruno García en materia de personal “hace que los empleados municipales tengan que recurrir para cada caso a los juzgados, con el perjuicio psicológico y el coste económico que supone judicializar estos temas”.
“Esto es algo que se viene dando desde hace tiempo y para este Ayuntamiento se ha convertido en una norma: no contestan a ninguna reclamación, se denuncia ante la Justicia, el juzgado se pronuncia a favor o en contra, y si es a favor del trabajador, sigue sin acatar la sentencia, de modo que el afectado tiene que pedir, de nuevo, la ejecución de sentencia ante el juzgado, prolongando en el tiempo el perjuicio”, asegura este sindicato.
De hecho, esta forma de proceder se ha dado en más asuntos relativos al personal municipal, como ha ocurrido con los planes de empleo (cuando el Ayuntamiento tuvo que indemnizar a trabajadores que cobraban por debajo de la categoría por la que fueron contratados), o con los errores en el proceso de estabilización (de personas que no pudieron acceder a estos procesos aun llevando más de tres años encadenando contratos temporales a la hora de examinarse); o agravios en la interpretación y la aplicación de diferentes artículos del acuerdo regulador o de acuerdos de la mesa paritaria (discriminando a unos y beneficiando a otros; obligándolos a interponer demandas de reclamación de cantidades).
Pero además, subrayan desde CSIF, “se da la paradoja de que, al frente de todas estas irregularidades, se encuentra el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, personal de libre designación, que está siendo investigado en un caso (por la contratación supuestamente irregular de un asesor en la época del anterior Gobierno municipal) en el cual el propio PP es acusación”.
Con todo, se termina exigiendo al actual alcalde popular que “dé seguridad jurídica a su propio personal, sean funcionarios o laborales, acatando tanto las leyes como las sentencias ya emitidas que dan la razón a los trabajadores que han denunciado irregularidades”.
